Una comunicación digital. El Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha alertado 150 miembros de los comités de derechos humanos y de seguridad del Parlamento Europeo y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de la posible implicación del CNI a los atentados de Barcelona y Cambrils del 2017, especialmente con respecto a las conexiones con el Imán de Ripoll. Lo hizo la semana pasada mediante una especie de correo electrónico donde se concretaba que "el objetivo de esta comunicación es expresar la preocupación por las nuevas revelaciones sobre el supuesto papel de las autoridades españolas en el atentado terrorista islamista del 17 de agosto del 2017 perpetrado en Barcelona, que provocó la muerte de 16 personas de ocho nacionalidades diferentes (Australia, Bélgica, EE.UU., Canadá, Alemania, Portugal, España)".
La comunicación se ha hecho pública este miércoles, "por el derecho a la verdad de las víctimas y de todo el pueblo catalán". En el mensaje de la ANC también es precisa como "a pesar de los esfuerzos hechos por los familiares de las víctimas y varias organizaciones catalanas, hasta ahora no se ha podido investigar la implicación de los cuerpos de seguridad españoles en estos hechos, ya que las autoridades españolas siguen negando el acceso a toda la información reservada". La entidad ha recordado que a pesar de los "indicios y pruebas existentes, en marzo del 2017 la iniciativa de los partidos catalanes de crear una comisión parlamentaria de investigación sobre los atentados y sobre los vínculos entre el CNI y la célula terrorista fue rechazada por todos los grandes partidos políticos españoles en el Congreso de los Diputados".
La comunicación digital de la ANC para miembros del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa sobre el vínculo del CNI con el 17-A / Assemblea
La Assemblea ha criticado que "al hacer eso, se siguen bloqueando todos los esfuerzos por aclarar estos trágicos hechos". "Eso constituye, en realidad, una vulneración del derecho a la verdad de los familiares de las víctimas, y de toda la sociedad, sentando un precedente muy peligroso y alarmante en Europa con respecto a los derechos civiles". En esta línea, la mesa del Parlament ha acordado este martes presentar una denuncia a Fiscalía para que se investiguen los hechos que se desprenden de las declaraciones del excomisario José Manuel Villarejo, donde aseguraba que la inteligencia española no actuó en los atentados para hacer "un pequeño susto a Catalunya".
De hecho, la ANC ha recordado a los miembros interpelados con la mencionada comunicación digital que "Villarejo, actualmente investigado por delitos graves contra partidos políticos españoles y servicios secretos, declaró ante el juez de instrucción que los atentados terroristas del 2017 fueron autorizados por la agencia de inteligencia española para 'asustar a Catalunya' pocas semanas antes del referéndum de independencia del 1 de octubre". Si bien la entidad no menciona eso, el excomisario volvió a insistir en esta idea: "Probablemente, la intención en absoluto era probar un atentado, pero si provocar una sensación de riesgo para que Catalunya sintiera la necesidad de la protección del Estado".
Finalmente, la Asamblea ha utilizado la hemeroteca para señalar que "la prensa española y catalana ha hecho público como el jefe de la célula terrorista, Abdelbaki Es Satty, no solo había estado en contacto con los servicios secretos españoles, sino que también era informador de la policía española hasta justo antes de los atentados terroristas". "En una línea parecida cabe decir que el exministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García Margallo, declaró públicamente un mes antes del ataque que 'a mediados de agosto habrá hechos en Catalunya'", ha añadido la entidad en el mensaje remitido a 150 miembros tanto del Parlamento Europeo como del Consejo de Europa.
Este movimiento de la ANC llega una semana después de la ofensiva en Europa de Junts, ERC y EH Bildu sobre la cuestión. Los eurodiputados enviaron cartas al comisario de Justicia, Didider Reynders, y a todos los miembros de la Eurocámara denunciando que las autoridades españoles se niegan a investigar las circunstancias del atentado del 17-A. Así, pidieron a la Comisión Europea y al mismo Parlamento Europeo, como garantes de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, "una investigación exhaustiva" de las revelaciones del excomisario.