Amnistía Internacional ha presentado este martes su informe anual sobre la situación del Estado de derecho en el mundo, en el cual dedica una sección particular a cada uno de los 144 estados analizados, entre los cuales hay España. En la sección dedicada al caso español, la organización por los derechos humanos recoge información sobre diferentes instancias de derechos humanos y en el epígrafe sobre el ‘derecho a la privacidad’ vuelve a mencionar el caso Pegasus, que afecta a independentistas y figuras políticas de Catalunya, a las cuales se espió desde el Centro Nacional de Inteligencia. Concretamente, el informe describe cómo la exdirectora del CNI, Paz Esteban, se acogió a la ley de secretos oficiales para no declarar en el juicio y se negó a revelar detalles clave para la investigación al tratarse estos de información clasificada. Amnistía indica que Esteban se encuentra investigada “en relación con el uso del programa espía Pegasus contra activistas independentistas y figuras políticas de Catalunya”. Entre otros temas, el informe señala también la negativa de la justicia española a investigar “los casos de infiltración policial en movimientos sociales”, como se ha denunciado que ha pasado en diversas ocasiones en Catalunya.
Si bien el informe aclara que hay algunas denuncias pendientes en el Tribunal Constitucional, también señala que el Congreso de los Diputados no ha aprobado la reforma legislativa para reformar la ley de enjuiciamiento criminal que impida este tipo de operaciones policiales. Sobre trabajo que no ha hecho el Parlamento español, el informe también apunta que aún no se ha producido la reforma de la ley de seguridad ciudadana, también llamada ‘ley mordaza’, para derogar las disposiciones que “violaban la libertad de expresión y despenalizar la calumnia y la injuria”. Ambas cosas, dice, “ampliamente reclamadas por la sociedad civil” y que también habían formado parte de recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU después de evaluar las obligaciones internacionales de España en derechos humanos el pasado mes de julio.
Violencia policial y desahucios, en el ojo de mira
Sobre esta evaluación por parte del organismo de Naciones Unidas, el informe de Amnistía recuerda que el Comité expresó preocupación porque la ley de amnistía de 1977 aún no ha sido derogada. También porque las actuaciones iniciadas contra presuntos responsables de “violaciones graves de derechos humanos” durante la Guerra Civil y la dictadura franquista “no han dado lugar a acciones penales efectivas”. El informe también advierte sobre otros temas como los 19.347 desahucios que se produjeron entre los meses de enero y septiembre del año pasado a pesar de la presencia de normas destinadas a evitarlos, así como “el uso excesivo de la fuerza” y “las restricciones desproporcionadas al derecho a la libertad de reunión pacífica” en diversas manifestaciones propalestinas.
Desde Amnistía Internacional también dan importante relevancia a los 46 feminicidios del año 2025, así como a déficits presentes en centros de atención a las víctimas de violencia de género. Finalmente, el informe también habla de los incidentes racistas en la localidad murciana de Torre Pacheco; la crisis por la acogida de los menores migrantes no acompañados entre el gobierno central y las comunidades autónomas y en la que intervino el Supremo; las condenas a funcionarios por la repatriación ilegal de migrantes y migrantes menores; y la falta de cumplimiento por parte del gobierno valenciano y español en los planes de reconstrucción posteriores a la Dana de 2024.