Importante toque de atención al Estado por parte del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este viernes se ha hecho público el informe de esta organización sobre la implementación Pacto de Derechos Civiles y Políticos en España después de que el Estado pasara a principios de julio por dos sesiones del examen oral. En esta, algunos de los expertos ya recriminaron, por ejemplo, el aumento de los discursos contra los catalanes (también contra otros grupos como el colectivo LGTBI o los migrantes), las infiltraciones policiales dentro del movimiento independentista o el espionaje autorizado por el Gobierno a, como mínimo, 65 independentistas con el software Pegasus, que infectó sus dispositivos móviles, es decir, el CatalanGate. Ahora, en las conclusiones aprobadas el martes y publicadas este viernes, el comité en cuestión insiste en estos reproches, que pasan a estar por escrito y forman parte de los "principales motivos de preocupación y recomendaciones" de los expertos.

Discursos de odio contra los catalanes

Después de celebrar que se adopten "medidas para reforzar los mecanismos judiciales y de atención a las víctimas de delitos de odio", el Comité se muestra preocupado delante de los informes presentados, también el del Defensor del Pueblo, donde se recogen "el aumento de las denuncias y la prevalencia de los discursos de odio, en particular en el odio neofascista, y de los delitos de odio contra el pueblo gitano, personas judías y musulmanas, personas LGBT y las comunidades catalanas y afrodescendentes". Entre las medidas que recomienda, figuran animar a las víctimas que "presenten denuncias por este tipo de delitos, que se investiguen y que se castiguen sus autores".

Los dictámenes Puigdemont y Junqueras

En el nombre, aparecen dos nombres propios: los de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Están porque el comité se muestra preocupado por la falta de información específica sobre los dictámenes que hacían referencia al derecho político del expresident de la Generalitat y quien fue su vicepresident. El de Puigdemont, publicado en el 2023, daba parcialmente la razón al president en el exilio, determinando que España suspendió su mandato como diputado en el Parlament en 2018 sin que "hubiera sido condenado y sin disponer de razones objetivas previstas para la ley" que ampararan esta decisión. El pronunciamiento del Comité, donde se concluye que el Estado violó los derechos de Puigdemont, tardó cinco años en llegar. El de Junqueras, que también hacía referencia a Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, había llegado a una conclusión similar en agosto del 2022, cuando determinó que se les había violado el derecho político cuándo fueron suspendidos de sus cargos como diputados en el Parlament, escogido el 21 de diciembre del 2017 cuando ya estaban en prisión preventiva.

La lupa sobre Pegasus y las infiltraciones

El CatalanGate, el gran caso de espionaje a, como mínimo, 65 independentistas, entre los cuales presidents de la Generalitat como Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès, no ha pasado inadvertido por delante de este comité de expertos, de que señala también el CNI. Concretamente, la ONU lamenta que estos hechos no se hayan investigado oficialmente y también la inacción del Fiscal General en los procedimientos judiciales relacionados. Tampoco se olvidan de los agentes policiales infiltrados en el movimiento independentista. En este sentido, piden que su uso respete estrictamente la "legalidad, necesidad y proporcionalidad". Hay que recordar que algunos de estos agentes llegó a establecer vínculos sexoafectivos con miembros del movimiento independentista. La ministra Margarita Robles y el ministro Fernando Grande-Marlaska han justificado en sede parlamentaría tanto el espionaje como la infiltración. Los dos siguen ocupando su sitio en los órganos de gobierno.

La amnistía, un aspecto positivo

Entre los aspectos positivos que recoge el comité después de examinar los derechos humanos en el Estado figura en el segundo lugar de la lista la ley de amnistía aprobada en el congreso ahora hace un año después de que la pactara el PSOE con ERC y Junts a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. Esta, sin embargo, todavía está pendiente de aplicarse a buena parte de los líderes políticos del procés. También se destacan la estrategia por el pueblo gitano, el segundo pacto nacional por los derechos humanos o el marco estratégico de ciudadanía e inclusión contra el racismo y la xenofobia, entre de otros.