La comisión de Investigación sobre la Infiltración de policías y el espionaje a movimientos independentistas ha reiniciado este martes en el Parlament de Catalunya, después de que se congelara la legislatura anterior por la convocatoria anticipada de elecciones. Lo ha hecho a propuesta de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, los Comuns y la CUP, los mismos partidos que han votado a favor del plan de trabajo que prevé las comparecencias de nombres destacados del Gobierno, de los cuerpos policiales, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), víctimas de espionaje y representantes de entidades sociales, entre otros. El listado incluye los ministros Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, varios exdelegados del Gobierno en Catalunya, responsables de los Mossos y del CNI, así como miembros de organizaciones afectadas por infiltraciones. Eso ha sacado adelante con el voto favorable de los grupos proponentes, con la abstención del PSC, el voto en contra de Vox (ni PP ni Aliança Catalana han formado parte). Una vez aprobado el plan de trabajo, cuatro asociaciones han comparecido en calidad de expertos, como son el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich; el secretario nacional de la ANC, Antoni Maria Gavarró; el portavoz de Alerta Solidaria, Martí Majoral; y la representante de Irídia, Cèlia Carbonell.

Todos ellos han denunciado los casos de infiltración policial y espionaje del Estado español hacia colectivos de la sociedad civil, sobre todo, independentista y han expuesto "la opacidad" y la falta de control efectivo sobre estos dos mecanismos que utiliza el Estado español por "reprimir" el independentismo. "Espiar con Pegasus y seguir espiando policías infiltrados son dos caras de la misma moneda: intrusión brutal a la vida de las personas y un ataque a la libertad de expresión, de reunión, pensamiento o manifestación. Afecta a todos los círculos. Es una herramienta de desmovilización de un movimiento democrático", ha denunciado Xavier Antich. Por eso, todas las asociaciones han pedido a los partidos reformas legales con el fin de fiscalizar el espionaje y las infiltraciones policiales. De hecho, se han fijado sobre todo en el argumento que utiliza el Estado español para protegerse legalmente del espionaje: la ley de 1968 de secretos oficiales elaborada durante el franquismo. "Pedimos que pongan en marcha las iniciativas parlamentarias que consideren oportunas para derogar la ley franquista de secretos oficiales", ha solicitado Antich, ante la atenta mirada de los diputados presentes en la comisión.

Òmnium pide contundencia y la ANC denuncia la represión

Òmnium Cultural, además, ha pedido a los diputados que "actúen con contundencia institucional y con responsabilidad democrática" para acabar con los casos de infiltraciones policiales y espionaje. Antich ha reclamado que las actuaciones policiales "se ajusten a la legalidad
vigente; para solicitar información y, en caso de observar una ilegalidad, informar a las autoridades pertinentes; para garantizar que haya control, tanto judicial como parlamentario, de lo que hace el CNI o los agentes policiales". "Exigimos, en definitiva, que impulsen las iniciativas necesarias para depurar responsabilidades y garantizar la no repetición", ha indicado Antich, que ha recordado todas las denuncias de organismos internacionales, pasando por la ONU o el Consejo de Europa.

Por parte de la ANC, Antoni Gavarró ha exigido el control público efectivo de los servicios de inteligencia, la prohibición legal de infiltraciones encubiertas sin autorización judicial concreta, la Investigación completa y moratoria sobre Pegasus y otras tecnologías de espionaje, establecer un fondo financiero a fin de que las víctimas puedan hacer frente a los gastos que suponen las investigaciones de sus teléfonos. Como también un fondo para llevar a cabo las querellas necesarias. "El espionaje masivo con software como Pegasus y Candiru son prácticas incompatibles con los valores fundacionales de la Unión Europea y vulneran el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Derecho a la Privacidad", ha denunciado Gavarró, que ha recordado que al menos 65 personas fueron víctimas de espionaje ilegal entre 2015 y 2021, incluyendo representantes electos, activistas y familiares, junto con los cinco casos de infiltración policial en movimientos sociales catalanes entre 2020 y 2022.

Con todo, Martí Majoral, de Alerta Solidaria, ha pedido a los partidos que "actúen rápidamente". "Si no quieren que esta mierda no les salpique espero que actúen rápidamente y que no volvemos a hacer a una comisión la legislatura que viene", ha dicho Mayoral, haciendo especial énfasis en la figura de los agentes de inteligencia, que recuerda que está regulada con la normativa de la ley de 1968. "El Estado da permiso para infiltrarse ante vulneraciones de derechos fundamentales", ha criticado Majoral. Por su parte, Carbonell, por parte de Irídia, ha tildado el caso de los agentes infiltrados como una "investigación absolutamente prospectiva" que busca "sembrar la paranoia e imponer la represión de manera individual y colectiva" y pide tomar medidas para prohibir el uso de Pegasus o sistemas similares. "Los indicios que tenemos es que la infiltración policial es una práctica recurrente y cada vez más habitual", denuncian desde de Irídia, que hacen un llamamiento a los partidos para hacer presión a Catalunya, España y Europa. "Hace falta aprovechar los esfuerzos y oportunidades y coordinarse con la operación Catalunya del Congreso de los Diputados", ha exigido, pidiendo que trabajen de forma paralela.