Nueva declaración de Alvise Pérez en el Tribunal Supremo. En esta ocasión, a raíz de la financiación de su partido, Se Acabó la Fiesta, con el que obtuvo 800.000 votos y consiguió tres escaños en las elecciones europeas del año pasado. Lo que está en el punto de mira es una donación de 100.000 euros en efectivo que recibió de parte de un Álvaro Romillo, un empresario de criptomonedas. El eurodiputado ha admitido delante del juez que recibió esa cantidad, pero ha negado que utilizara el dinero para financiar la campaña electoral. Ha asegurado que la mitad del dinero los usó para gastos personales y profesionales y que la otra mitad la tiene guardada. Asimismo, ha negado explícitamente que hubiera una financiación ilegal de su agrupación electoral, según relata Europa Press. Dado que es aforado en su condición de eurodiputado, ha sido una declaración voluntaria delante de Julián Sánchez Melgar antes de que el juez decida si hay indicios para pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo para levantarle la inmunidad. El magistrado abrió la causa por presuntos delitos de financiación ilegal, de estafa, de apropiación indebida, de blanqueo de capitales y de falsedad documental después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama elevara una exposición razonada.
📝 El Supremo abre dos causas contra Alvise Pérez: una falsa PCR de Illa y financiación ilegal de su partido
📝 El juez pide al Tribunal Supremo que investigue a Alvise Pérez por financiación ilegal
Alvise Pérez, que ha declarado durante aproximadamente una hora contestando solo a las preguntas de su abogado y del juez, ha asegurado que los 100.000 euros fueron por una charla de media hora sobre “libertad financiera” en el Hipódromo de Madrid en un acto organizado por el empresario. Además, ha relatado que el dinero se lo dieron dos trabajadores de Álvaro Romillo en sus instalaciones de Centinel en un maletín negro con diez fajos de 10.000 euros cada uno en billetes de 50 y 100 euros. Asimismo, ha señalado que la campaña electoral de las elecciones europeas del 9J le costó poco más de 30.000 euros.
Posteriormente, ha sido el turno de Álvaro Romillo, que empezó siendo investigado por la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal cometida a través de una de sus empresas, Madeira Invest Club. Sin embargo, cuando confesó que entregó 100.000 euros a Alvise Pérez, la causa se envió al Supremo por la condición de aforado del eurodiputado.
La tercera declaración voluntaria de Alvise Pérez en el Supremo
Ha sido la tercera vez que Alvise declara en el Tribunal Supremo. Hace un mes lo hizo por la causa relativa a la difusión de una PCR falsa de Salvador Illa y esgrimió que era un “documento que ya estaba circulando masivamente por todas las redes sociales”. Quince días más tarde, declaró por los mensajes dirigidos a través de Telegram contra la fiscal delegada de delitos de odio y discriminación de València, Susana Gisbert. Justificó que actuó desde la “crítica política” y amparado por la “libertad de expresión”. La fiscal lo denunció por los delitos de injurias a funcionario público, coacciones y odio a través de redes sociales por haber hecho un llamamiento a acosarla en Internet.
“Financiar con seguridad y holgura” la campaña electoral “sin persecución estatal”
Cuando abrió la causa contra él, la Sala Penal del Supremo aludió a una “elusión de los deberes de contabilidad y control de ingresos de los partidos políticos” y señaló que Álvaro Romillo habría sido donante de Se Acabó La Fiesta (SALF) con cantidades superiores a las permitidas. Según la exposición razonada de la Audiencia Nacional, Romillo denunció que en julio de 2023 Alvise Pérez contactó con él para la creación de una Wallet con el objeto de que terceras personas interesadas pudieran “realizar aportaciones y financiar de forma económica y encriptada a ‘ardillas’ que pudieran aportar documentos e información que puedan ser empleadas mediática y judicialmente contra la corrupción”.
Posteriormente, en abril de 2024, ambos ampliaron su relación para “poder financiar con seguridad y holgura” la campaña electoral de SALF “sin persecución estatal” y de una forma que “no requieran ser controlados” por el Tribunal de Cuentas. Fruto de esa relación, crearon una Wallet que les permitió allegar fondos para la financiación de la campaña. El 27 de mayo de 2024, el empresario propuso a Alvise el anticipo de 100.000 euros para el partido SALF para las elecciones al Parlamento Europeo. En la exposición razonada, se transcriben las conversaciones de WhatsApp y Signal en las que ambos “concretan la financiación de SALF en la forma pactada, ajena al control del Tribunal de Cuentas”. Alvise Pérez admitió que cobró los 100.000 euros en metálico de donación, pero sostuvo que fue “como autónomo” y “sin factura”.