La Abogacía del Estado ultima un informe dirigido a defender la instrucción del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la causa del procés ante la justicia belga en relación con la demanda civil presentada en dicho país por el president Carles Puigdemont.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que se trata de "defender al poder judicial español y no tanto a un funcionario concreto" y que el estudio de la Abogacía trata de adelantarse a todos los escenarios que puedan darse, entre los que se incluye la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

La intervención del Gobierno es consecuencia del amparo concedido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al instructor de la causa en el Tribunal Supremo. Concretamente, se solicitó la actuación de los ministerios de Justicia y Asuntos Exteriores, a través de la Abogacía del Estado, "para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica".

Unos días después, Justicia informó formalmente de que cualquier intervención de la Abogacía del Estado ante un juzgado o tribunal de un país extranjero debe realizarse necesariamente a través de la contratación de un abogado en ese país y que este paso todavía no estába decidido.

El Estado pagará los costes del proceso

Llarena pidió al Consejo del Poder Judicial que le amparase en relación con una demanda civil presentada el pasado mes de junio en dicho país por Puigdemont y cuatro de sus consellers, que le acusaron civilmente ante la justicia belga de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia. La demanda fue admitida y un juez ha citado al magistrado Llarena el próximo 4 de septiembre.

El amparo del Consejo ante lo que el órgano de gobierno de los jueces considera "un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional", consistirá también en arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado. Es decir, que el Estado asuma la condena —Puigdemont le reclama un euro de manera simbólica— y las costas que se deriven de una eventual condena civil.

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