El lawfere se ha convertido en una cuestión de debate en las negociaciones de investidura. Las pretensiones de Junts per Catalunya de incluir todos los casos de lawfare en la ley de amnistía para "no dejar a ningún soldado caído" ha provocado todo tipo de opiniones. Entre ellas el del jurista y exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías, quien ha señalado a varios jueces que han ejercido lawfare durante su carrera. Entre ellos, está el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, quien esta semana ha imputado la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y ha declarado como investigado el presidente en el exilio, Carles Puigdemont, por terrorismo por la causa de Tsunami Democràtic. De hecho, también ha encausado a una docena de independentistas más y también es conocido por las diversas causas contra los CDR y contra Podemos.

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Manuel Marchena y Pablo Llarena

Otro juez bien conocido para el independentismo es el presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, quien condenó a los líderes independentistas a sedición durante el juicio del Procés. Concretamente, condenó al presidente de ERC, Oriol Junqueras, a 13 años de prisión por sedición y malversación; a Raül Romeva, Jordi Turulll y Dolors Bassa a 12 años de prisión por sedición y malversación; a Carme Forcadell a 11 años y medios por sedición; a Joaquim Forn y Josep Rull a 10 años y medio por sedición; a los Jordis a 9 años de prisión por sedición; y a Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó a un año y 8 meses por desobediencia.

Urías pone a otro juez sobre la mesa y que tiene mucho a ver con las condenas del Procés. Se trata del magistrado del Tribunal Supremo e instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, quien instruyó a todos los líderes independentistas a rebelión, sedición y malversación. De hecho, Llarena sigue su guerra contra el exilio, con euroórdenes contra el presidente Puigdemont y el conseller Toni Comín, aunque ninguna de ellas haya tenido éxito.

Carmen Lamela

También recuerda la exjueza de la Audiencia Nacional y actual juez del Tribunal Supremo Carmen Lamela. Cuando fue jueza de la Audiencia Nacional, Lamela fue quien inició la persecución contra el Govern Puigdemont después de los hechos de octubre. De hecho, fue quien decretó en la prisión provisional sin fianza por los delitos de rebelión, malversación y sedición a todos consellers del Govern Puigdemont, exceptuando Santi Vila. Asimismo, fue la primera a decretar una euroorden contra el exilio. Lamela también es conocida para decretar prisión preventiva contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, así como para iniciar la persecución contra el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

Carmen Lamela también protagonizó otro caso especialmente polémico, y es que mantuvo al expresidente del Barça Sandro Rosell a casi tres años de prisión preventiva. Después, la justicia lo absolvió, convirtiéndolo en uno de los casos más polémicos de la historia de la judicatura española. Lamela también fue quien rodeó al comisario José Manuel Villarejo, así como decretó prisión sin fianza para dos jóvenes de Alsasu por una pelea de bar con guardias civiles.

Vicente Ríos

Joaquín Urías también apunta contra el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del País Valencià Vicente Ríos por la instrucción del caso de la exvicepresidenta Mònica Oltra. La líder de Compromiso tuvo que dimitir después de que a su exmarido se lo investigara por presuntos abusos en un centro de menores. De hecho, Ríos imputó Oltra por revelar si se ocultaron abusos de su exmarido. Sin embargo, meses más tarde, la justicia levantó el secreto de comunicaciones y confirmó la versión de Mònica Oltra. Y es que no encontraron ninguna orden de Oltra en su equipo en los correos del caso de su exmarido, que fue condenado a cinco años de prisión por abuso.

Santiago Alba Rico

El último juez que cita Urías es Santiago Alba Rico, juez del Tribunal Supremo de Justicia de Canarias que fue condenar a seis años y medio de prisión por prevaricación. Los hechos se remontan en el 2016, cuando el magistrado se reunió con el empresario del sector de la seguridad y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en el despacho de Alba en el Audiencia Provincial. Ramírez estaba acusado de varios delitos fiscales. Pero el juez Alba negoció con el abogado del empresario para que vinculara con sus empresas al marido de la entonces diputada de Podemos, Victoria Rosell, también jueza a Canarias y actualmente delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

El término lawfare se utiliza para referirse a una persecución judicial con el objetivo de inhabilitar a un adversario político a través de procedimientos jurídicos. Es decir, utilizar la justicia de manera abusiva o ilegal, manteniendo una apariencia de legalidad, para desacreditar, perjudicar, deslegitimar y perseguir políticamente a un rival político. Según el diccionario de lengua inglesa de Oxford, lawfare significa "acciones judiciales emprendidas como aparte de una campaña en contra de un país o grupo".