Una vez sellado el acuerdo entre el PSOE y Junts para garantizar la investidura de Pedro Sánchez, está previsto que esta semana se dé a conocer el contenido de la Ley de Amnistía, pactada también con ERC y Sumar, para conceder el olvido de la responsabilidad penal, administrativa y contable a centenares de personas, y que se registrará en el Congreso de los Diputados para su tramitación. El acuerdo de socialistas y juntaires sostiene que "la ley de Amnistía tiene que incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos acontecimientos".
Por otra parte, se tendrá que ver el encaje en la ley de amnistía de las llamadas causas contra independentistas catalanes, con el uso de lawfare o judicialización de la justicia. El redactado del acuerdo político, difundido este jueves, dice: "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida en que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, si es el caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativa".
Este barroco redactado ha provocado la rebelión de toda las asociaciones de jueces y fiscales, además del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al sostener que implica una "flagrante vulneración de la separación de poderes". Y el mismo jueves, el PSOE aclaró que estas comisiones "no revisarían resoluciones judiciales" y que solo se activarían la de Operación Catalunya y la del espionaje a rivales políticos con Pegasus.
A partir del enunciado del acuerdo entre el PSOE con ERC y Junts, las principales causas que los distintos tribunales tendrían que archivar y decretar su olvido son:
Puigdemont y los exiliados
La causa más importante que debe ser amnistiada es la del Tribunal Supremo contra los líderes políticos catalanes para promover la independencia de Catalunya. El president Carles Puigdemont, en el exilio desde octubre de 2017, y los exconsellers Lluís Puig y Toni Comín, podrían volver a Catalunya cuando la sala de lo penal, presidida por Manuel Marchena, aplique la amnistía, una vez aprobada la ley. Es previsible que el Supremo presente una cuestión de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional, consulta que podría retrasar su aplicación si la ley de amnistía no precisa lo contrario.
Derogado el delito de sedición, Puigdemont, Puig y Comín han sido procesados por los delitos de malversación de fondos, castigado con hasta 12 años de prisión, y desobediencia, y tienen una orden de detención nacional en vigor. En el caso de la exconsellera Clara Ponsatí, ya ha vuelto al país porque solo es acusada de desobediencia, que no implica penas de prisión. En esta causa también es acusada por desobediencia la secretaria de organización de ERC, Marta Rovira, exiliada en Suiza y que no ha vuelto hasta ahora porque está investigada en la Audiencia Nacional por Tsunami Democràtic. Este lunes el juez Manuel García Castellón la ha citado como investigada por terrorismo, mientras el fiscal sostiene que no ha cometido ningún delito, como Puigdemont y el resto de investigados. La exlíder de la CUP, Anna Gabriel, acusada por desobediencia, volvió de Suiza y el Supremo derivó su caso a los juzgados de Barcelona, sin que se sepa a ciencia cierta dónde está la causa.
Junqueras y los 8 condenados
Paralelamente, en la causa del Supremo están los 9 líderes políticos y sociales condenados por sedición por el Tribunal Supremo, y parcialmente indultados por el Gobierno el verano de 2021. Y es clave la amnistía para los que continúan en la política activa, como el líder de ERC, Oriol Junqueras, y Jordi Turull (Junts), porque la amnistía tiene que implicar que se eliminará su inhabilitación política y podrán volver a concurrir a unas elecciones. Actualmente, derogado el delito de sedición, los que continúan inhabilidades por el delito de malversación son: Junqueras y la exconsellera Dolors Bassa hasta 2031, y los exconsellers Turull y Raül Romeva, hasta 2030. La nueva ley del olvido ha de suprimir esta condena de inhabilitación.
Con respecto a los líderes sociales, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el Tribunal Supremo consideró que, derogado el delito de sedición, su condena encajaba en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, pero con las condenas ya extinguidas. Lo mismo le pasa a la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, ahora acusada desobediencia, y a los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull.
Los encausados del 1-O en el TSJC y en el 13
La amnistía también tendría que ser clave para los excargos políticos y funcionarios pendientes de juicio por haber organizado el Referéndum de Autodeterminación de Catalunya, el 1 de octubre de 2017. En este sentido, el TSJC tiene que fijar la fecha del juicio contra los exresponsables del Departament d'Economía i Hisenda: el diputado de ERC, Josep Maria Jové, a quien la Fiscalía Superior de Catalunya pide 7 años de prisión, 32 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa por los delitos de malversación de fondos, prevaricación y desobediencia; Lluís Salvadó, actual presidente del Port de Barcelona, a quien la Fiscalía pide 6 años y tres meses de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 24.000, y Natàlia Garriga, actual consellera de Cultura, para quien la Fiscalía pide 1 año de inhabilitación por el delito de desobediencia. Es posible que la ley se apruebe antes del juicio, que se prevé para el primer trimestre de 2024, y las defensas tendrán que pedir al TSJC que suspenda todo el procedimiento al ser amnistiados.
Lo mismo tiene que pasar con la treintena de excargos políticos y empresarios procesados por diferentes delitos por la organización del 1-O en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona. La Fiscalía todavía no ha formulado acusación porque recientemente se les ha añadido la decena de investigados en el juzgado de instrucción 18 de Barcelona, sobre el gasto exterior para promocionar Catalunya. En las dos causas unificadas están el exsecretario de Acció Exterior, Aleix Villatoro (ERC) y el exdirector general del Diplocat, Albert Royo.
Síndicos electorales
La nueva ley del olvido también tiene que permitir que no vuelvan a ser juzgados los cinco miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O, que inicialmente fueron absueltos, pero la Fiscalía, que les pide 2 años y 9 meses de prisión, consiguió que se tenga que repetir el juicio. Son: la actual consellera de Feminismes, Tània Verge; el catedrático de Ciencia Política de la UB, Jordi Matas, y los abogados Marc Marsal y Marta Alsina.
Los gastos del procés, en el Tribunal de Cuentas
Uno de los juicios inminentes es el próximo viernes en el Tribunal de Cuentas. Se juzgará a los presidents Carles Puigdemont y Artur Mas, junto con 35 altos cargo de la Generalitat, por la promoción de Catalunya en el exterior y la organización de la votación del 1-O. La Fiscalía reclama que devuelvan 3,4 millones de euros, que finalmente se han aportado gran parte con avales del Instituto Catalán de Finanzas de la Generalitat. También hay aportación de dinero de donaciones de ciudadanos a través de la Caja de Solidaridad. Ninguno de los encausados ha tenido que poner dinero de su bolsillo, a pesar de que inicialmente se embargaron cuentas y propiedades, como le pasó al presidente Mas con el 9-N.
Este viernes, la responsable del tribunal ha indicado que no acepta suspender el juicio, argumentando que la defensa del president Puigdemont ya había alegado el motivo. La vista se podría suspender hasta el último momento o celebrarse y sus efectos ser anulados en sentencia con aplicación la ley de amnistía.
Los policías de las cargas del 1-O
El olvido de la acción también tiene que beneficiar en gran parte a los policías españoles y agentes de la Guardia Civil investigados y procesados por las duras cargas que protagonizaron en los centros de votación contra los ciudadanos. En Barcelona hay unos 45 agentes procesados por su actuación "desproporcionada". Ahora la Fiscalía y las acusaciones tenían que exponer qué penas les piden. Desde Sumar se había solicitado no amnistiar a los agentes acusados de torturas o delitos graves contra la integridad de las personas.
Paralelamente, está la causa de los cinco agentes policiales acusados de reventar un ojo a Roger Español con una pelota de goma, el cual también tiene que ser juzgar por atentado contra la autoridad. Hay que ver si en esta causa todos son amnistiados. Aparte, hay una treintena de agentes investigados por las cargas en Girona y Aiguaviva que se podrían beneficiar de la amnistía porque son acusados de lesiones leves.
Los manifestantes condenados
Paralelamente, hay decenas de manifestantes encausados por las protestas del procés. Solo Dani Gallardo cumple la condena en prisión, en Madrid, mientras Adrián Sas espera a ver si su caso es revisado por el Supremo y el Tribunal Constitucional. Habrá que ver si la amnistía incluye el delito de atentado contra la autoridad, lo que tiene Sas, además del de desórdenes públicos.
Operación Judas y Tsunami
En este sentido, se indica que los partidos políticos también han incluido en la ley de amnistía a los encausados del delito de terrorismo donde no haya habido víctimas. Este es los caso de los 12 vecinos vinculados a CDR, acusados en la Operación Judas, que la Audiencia Nacional acaba de enviar a juicio. La Fiscalía tiene que presentar ahora las penas que les pide.
En la misma situación estarían los encausados de Tsunami Democràtic, investigación que dirige el mismo juez que la de los CDR, Manuel García Castellón, y que ha querido implicar a Puigdemont y Rovira a última hora. La Fiscalía ha presentado un durísimo recurso en el que sostiene que los investigados de Tsunami no han cometido ningún delito de terrorismo, como mucho desórdenes públicos y atribuidos a dos activistas de Girona.
Las 2 Mesas del Parlament
Es bien previsible que la Mesa del Parlament, presidida por Carme Forcadell, también sea amnistiada por permitir el debate y votación de las leyes de desconexión. Sus efectos serán mínimos, ya que la mayoría ya ha cumplido la condena de inhabilitación a cargo público, como la actual consellera de Educació, Anna Simó (ERC).
Un efecto mayor puede tener para la segunda Mesa del Parlament, presidida por Roger Torrent. Los excargos fueron absueltos por el TSJC de desobediencia al Tribunal Constitucional, pero la Fiscalía presentó recurso al Tribunal Supremo. Son, además de Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado.
El 9-N del 2014
La condena de inhabilitación que recibieron el president Artur Mas y las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega, además de Francesc Homs, por organizar la consulta del 9-N de 2019, también tienen que entrar en la amnistía, pero los tres ya han cumplido el castigo. ¿Les devolverán las multas pagadas? En el caso de Ortega tiene que afrontar un juicio por supuestamente haber asumido un cargo cuando todavía no había cumplido la inhabilitación.
Los casos 'lawfare'
Finalmente, están los casos ubicados en lo que se ha llamado los límites del procés, y que han sido afectados por el 'lawfare', según Junts y ERC. Hay juristas que indican que el denominador común para incluir estos casos en la amnistía es que los encausados no se han embolsado dinero público, como ha pasado en la mayoría de imputaciones.
Este sería el caso de la expresidenta del Parlament y presidenta de Junts, Laura Borràs, condenada a 4 años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por adjudicar a un amigo un trabajo de la Institución de las Letras Catalanas. El mismo TSJC ha pedido el indulto de la pena de prisión al considerarla excesiva.
También está el caso del exconseller de Interior Miquel Buch, condenado a una elevada pena, 4 años y 6 meses de prisión por haber fichado al sargento de los Mossos Lluís Escolà, también condenado, para hacer de escolta del president Puigdemont en el exilio. Su caso es ahora revisado por la sala de apelaciones del TSJC.
Caso Volhov
La investigación del caso Volhov, abierto en el 2020 para destapar irregularidades en la financiación del exilio y sus relaciones con Putin, también se considera una persecución del independentismo catalán. Hay una treintena de investigados, ya que hay distintas piezas, que se juntan con el caso Diputació, donde el juez Joaquín Aguirre intentó imputar al diputado de Junts Francesc de Dalmases, sin que el TSJC lo aprobara.
Quien está investigado en distintas piezas es Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, a quien la Fiscalía le pide 3 años de prisión por un gasto público en 2018 por viajar a Nueva Caledonia en nombre del president. Si nada cambia, el juicio se celebrará el 20 de febrero en la Audiencia de Barcelona. También son investigados el exdirigente de Convergència, David Madí, y el de ERC, Xavier Vendrell, por diferentes negocios, pero sin ninguna imputación clara. Una de las piezas más conocidas es la de Villa Bugatti, donde se quería recalificar unos terrenos.
También se sostiene que es lawfare lo que ha sufrido el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, a quien la Fiscalía pide casi 10 años de prisión por supuesto blanqueo de dinero de Sito Miñanco, condenado por narcotráfico. E incluso la familia Pujol Ferrusola, con lo que se ha conocido de la Operación Catalunya.
La publicación inminente de la ley de amnistía y su tramitación nos sacará de dudas
En la foto principal, manifestación de la Diada de 2023 en Barcelona. / Foto: Eva Parey