Esta semana hemos conocido un acuerdo entre Junts y el PSOE al que se ha sumado ERC, PNV, Bildu y BNG, para que el catalán esté garantizado en el servicio de atención a la clientela (SAC) en, como mínimo, las grandes empresas. Hay que entenderlo como eso, como una garantía al usuario porque desde algunas tribunas, especialmente de la prensa editada en Madrid así como varias formaciones políticas, esta nueva ley se ha vendido como una imposición a las empresas y no como la garantía de que se va a preservar un derecho básico para los ciudadanos.

La nueva normativa garantiza que todo cliente catalanohablante pueda ser atendido en catalán (qué excentricidad, ¿verdad?) de manera que, lógicamente, para poder ser atendido en catalán, hace falta que haya personal que sepa atender en catalán. Como muchas empresas de ámbito estatal tienen fuera de Catalunya sus call center (vamos, una centralita), eso se ha presentado como que se impone a una gran compañía que trabajadores murcianos o cántabros tengan que saber el catalán. Y, lógicamente, eso no es así.

Ser atendido en catalán es una garantía para el cliente, no una imposición a las empresas

Pongamos nombres y apellidos: Si mi amigo Ivan quiere llamar a Línea Directa porque tiene un problema con su seguro del hogar, mi amigo Ivan -que vive en Sant Andreu- tiene derecho a que lo atiendan en catalán. Para que se pueda atender este derecho es obvio que Línea Directa -que puede tener su call center en Murcia- necesitará personas que sean capaces de mantener una conversación en catalán. Si se quiere creer realmente aquello de que hay que situar al usuario en el centro de toda acción empresarial, esta ley procura exactamente eso y que tenga que ser la empresa la que se adapte, no al revés. El texto -que ahora empieza su tramitación- prevé que esta garantía solo la tengan que satisfacer las empresas de más de 250 trabajadores o bien que facturen más de 50 millones de euros. En una compañía que tiene una plantilla de 250 trabajadores no parece un reto muy difícil encontrar catalanohablantes para poder afrontar esta atención a la clientela.

Entre las voces contrarias a la medida también está la CEOE, que añade el obstáculo economicista. Es decir, la patronal española considera que por el hecho de contratar a una, dos o cuatro personas que hablen catalán perderán competitividad. Teniendo en cuenta que el requisito mínimo es facturar 50 millones de euros, dudo de que eso provoque un agujero muy grande en las cuentas de estas empresas. Este argumento rebaja la lengua a la categoría de un gasto material prescindible. Pero ya puestos a hablar de beneficios, hay que decir que atender a un cliente en su lengua añade un plus de calidad al servicio altamente valorado y eso, siempre, se traduce en ganancias, sobre todo de marketing. Cuando en establecimientos turísticos se procura, por ejemplo, que haya atención en inglés, francés o alemán, imagino que no es por un amor desatado hacia las lenguas de Shakespeare, Molière o Goethe, sino que se quiere satisfacer al huésped para -deduzco- presumir de un mejor servicio. Y en unos tiempos de casi personalización del trato al cliente, no hay nada que personalice mejor el trato que hablarlo en su lengua.

En este caso, la protección del catalán vendrá directamente del estado; con todo lo qué eso supone de fortaleza y pedagogía

En el otro extremo de las reacciones que ha generado esta noticia, también hay el del catalanohablante que no se acaba de creer la aplicación real de la nueva normativa. La parodia más recurrente es que si a duras penas te atienden en catalán en un supermercado del área metropolitana de Barcelona (para resumir más que para estigmatizar), como caray podremos ser atendidos en catalán con trabajadores que viven en Getafe (también para resumir). Si la ley está en el Congreso y no en el Parlament es porque la norma es de ámbito estatal español, y eso incluye -a menos que alguien diga lo contrario- Catalunya. Por una vez, el refuerzo y protección activa del catalán vendrá por parte del estado, con toda la fortaleza y pedagogía que eso supone, igual que cuando se permitió hablar el catalán en el Congreso. Por lo tanto, también será -sin duda- una manera de llenar legalmente aquellas lagunas que todavía hoy día incumplen el derecho a ser atendido en catalán en Catalunya. Por cierto, esta medida no es exclusiva de Catalunya: los ciudadanos vascos y gallegos también tendrán derecho a ser atendidos en euskera y gallego. Y lo mejor de todo es que los ciudadanos castellanohablantes, como los de Valladolid, pero también los castellanohablantes que viven en Catalunya, seguirán manteniendo su derecho a ser atendidos en castellano. A ellos no se los verá disminuido ningun derecho y a los catalanohablantes se les ampliarán y garantizarán.