El Congreso de los Diputados cerrará el paso este martes a la delegación a Catalunya de competencias del Estado en materia de inmigración. La proposición de ley orgánica pactada por el PSOE y Junts después de discusiones y debates sin fin en Madrid y en Suiza, será rechazada por una pinza parlamentaria (presuntamente) antinatura entre Podemos, el PP, la UPN y Vox, que impondrá su criterio gracias a los 4 votos del partido de Pablo Iglesias. Todo este conglomerado, que une a los partidos de las fronteras abiertas y los papeles para todos con los que piden deportaciones masivas y "caña al moro", suma 175 escaños, que es exactamente la mitad de los 350 diputados en la Cámara Baja. Si no hay cambios y se producen tres empates en las votaciones, la admisión a trámite de la iniciativa decaerá.

La decisión de Podemos es muy grave, por muchos motivos, fruto no tanto de la preocupación por los inmigrantes que, según Ione Belarra, podrían ser objeto de "batidas racistas por parte de los Mossos d'Esquadra" (Ara, 20 de julio 2025), sino del objetivo de los podemitas de hacer caer a Pedro Sánchez cuanto antes mejor haciéndole perder votaciones en el Congreso y ajustar cuentas con su socia Yolanda Díaz. La acusación a Junts de haber urdido una ley "racista" para competir con la extrema derecha independentista, Aliança Catalana (AC), es una coartada retórica para convencer al alicaído electorado de Podemos. Y una evidencia que la plurinacionalidad de los podemitas siempre puede esperar cuando se trata de Catalunya. Al fin y al cabo, para muchos de ellos, el procés no fue otra cosa que una "revolución de ricos". Ni Gabriel Rufián se libra de la sospecha cuando propone una alianza de todas las izquierdas del Estado fuera del PSOE.

En el caso de llegar a puerto, la delegación de competencias en inmigración, de titularidad estatal, sería la cesión más importante de soberanía estatal a Catalunya desde el traspaso del tráfico en los Mossos d'Esquadra en 1997, en tiempos de Aznar y Pujol con el artículo 150.2 de la Constitución mediante. Una lógica de Estado, que es lo contrario de la lógica ultrapartidista y arribista de Podemos, aconsejaría completar las competencias de la Generalitat y las atribuciones de los Mossos, por ejemplo, en la lucha contra las mafias que explotan y trafican con personas, y las introducen ilegalmente al país, como contempla la iniciativa. La proposición de ley incluye, además, las autorizaciones de estancias de larga duración y residencia, la gestión de las contrataciones en origen, las sanciones en materia de extranjería, incluidas, si procede, las expulsiones; la gestión integral de los centros de internamiento (CIE), la seguridad en puertos y aeropuertos y el control de fronteras, en colaboración con el resto de policías, o la emisión de las tarjetas de identificación para extranjeros.

En el preámbulo de la propuesta, de tono claramente inclusivo e integracionista en la sociedad catalana y en la catalanidad, se apuesta por un marco de derechos y deberes tanto para los que llegan como para los que ya están. Un "contrato social" para proteger a los inmigrantes "ante la potencial vulneración de sus derechos y brindarles más oportunidades, así como para proteger la cohesión de la sociedad de acogida, su lengua y cultura". Si exigir derechos y deberes para los potenciales nuevos catalanes y los catalanes viejos es racismo, entonces es que Podemos prefiere más una Catalunya de guetos y banlieues a la francesa que una inmigración protegida e integrada. Es decir, una Catalunya con el ascensor social averiado en que el populismo de extrema izquierda pueda confrontar a sus anchas con el populismo de extrema derecha. Catalunya convertida en un gran Torre Pacheco en el tablero incendiado de la política española. Por eso también Podemos, la extrema izquierda española, prefiere inflar a Vox y AC antes que a Junts, un partido que lo es todo menos racista. Iglesias sabe perfectamente que si los de Puigdemont arrancan el traspaso de la política de inmigración, el crecimiento acelerado de los de Sílvia Orriols en las encuestas se podría frenar. Aunque la immigración sufra.

Podemos, la extrema izquierda española, prefiere inflar a Vox y AC antes que a Junts, aunque la inmigración sufra

Las cifras cantan. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al 1 de julio del 2025, el estado español tiene 49.315.949 habitantes, de los cuales, 9.686.214 son nacidos en el extranjero, es decir, un 19,6%. Pues bien, Catalunya es la primera comunidad autónoma por número de residentes nacidos en el extranjero, con 2.083.587. Eso es el 25,5% del total de los 8.162.079 habitantes, es decir, 5,9 puntos más que la media española, y un 21,5% del total estatal. Solo el año 2022, como especifica la proposición de ley, Catalunya recibió a 246.689 inmigrantes del extranjero. A Catalunya la sigue en el ranking la Comunidad de Madrid, con 1.818.667 immigrantes, un 25,3% del total de población autonómico y un 18,7% del total estatal. El País Valencià se sitúa en el tercer lugar con 1.347.745, el 24,6% del total autonómico y el 13,9% del estatal. Ya en cuarto lugar en cifras absolutas se sitúa Andalucía, la comunidad autónoma más poblada, con 1.158.070 nacidos fuera del Estado, que representan un 13,3% del total y un 11,9% del total español. Cabe decir que el territorio con más porcentaje de extranjeros es Baleares, con 359.196 y un 28,7%. El área lingüística del catalán, Catalunya, el País Valencià y las Illes, suma 3.790.528 residentes nacidos en el extranjero, un 39,1% del total del Estado español.

En definitiva, el volumen de inmigrantes extranjeros en Catalunya, que por primera vez ha superado los 2 millones, constituye por él mismo, una nueva singularidad catalana, un nuevo elemento de lo que hace unos años se denominaba "el hecho diferencial catalán" para aludir a la historia, la lengua y la cultura nacionales. A ellos cabe añadir, para quien no lo tenga claro, que la inmensa mayoría de los inmigrantes no ha venido aquí a delinquir. En Catalunya, con datos oficiales del primer trimestre del 2025, un 21,5% de la población activa es extranjera, es decir, 910.400 empleados de un total de 4.226.600. Que de estos, los nacidos en Marruecos, con un 11,8%, son el colectivo laboral más numeroso. Y que la tasa de actividad de los immigrantes de 16 a 64 años es del 76,3%, tan solo 2,7 décimas menos que la de los nacionales, con un 79,0%.

El impacto de la masa de población migrada a Catalunya, 2 millones de personas en los últimos 20 años, sin parangón en Europa, es descomunal en términos sociales, económicos y culturales. Y de protección recíproca de derechos y ejercicio de deberes, por descontado. Pero parece que a Podemos le importan un rábano los inmigrantes y el despliegue del autogobierno de Catalunya. La sangre que huele el lobo podemita es la de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. El final político de Sánchez, a quien la opinión publicada atribuye ya una octava vida, es al mismo tiempo la condición sine qua non para que Podemos hunda a Díaz. Da igual que fuera Pablo Iglesias y nadie más quien, después de dimitir de la vicepresidencia que ocupaba con Sánchez, cediera a la política gallega el liderazgo de todo el antiguo espacio podemita, ahora en manos del conglomerado Sumar-Comuns-Más Madrid. Estamos en un episodio más de la guerra sin tregua entre la izquierda plurinacional auténtica y la izquierda plurinacional chupiguay. Es un caso de manual de exceso de hibris política, de orgullo o rabia extrema que lleva a cegarse con el objetivo —la venganza contra Díaz y Sánchez — y que en el caso de Podemos, convierte en un mal menor la coincidencia parlamentaria con la derecha extrema y lo extrema derecha, con Feijóo y Abascal. O sea, las antípodas ideológicas de los podemitas, sí, aunque quizás la lejanñía no sea tanta en términos nacionales. Una vez más, la derecha y la izquierda española, incluso en las versiones más extremas, tiene claro que si se trata de Catalunya, todo vale. Para muchos, la Catalunya averiada siempre será preferible a una Catalunya a toda máquina.