Echando una mirada a vista de pájaro de lo que ha pasado en el ámbito económico catalán desde el mes de octubre del 2017, a criterio mío, destacan dos cosas: por una parte, las acciones de desestabilización por parte del estado español y, por la otra, la magnífica evolución económica del país, a pesar de todo.
La declaración de hostilidades por parte del Estado ante la afrenta secesionista del 1 de Octubre ya se había hecho antes con la intervención de las cuentas de la Generalitat, pero se consolidó con la aplicación del artículo 155. Lo que fue un misil en la línea de flotación política catalana, tuvo un impacto económico relativamente limitado, nada que ver con el impacto político. Las consecuencias más destacadas del famoso artículo fueron 1) una moderación en la ejecución de gastos, entre otras cosas por los farragosos controles que se hacían desde Madrid por cada euro que se pretendía gastar, y 2) una parálisis en la toma de decisiones relativas a inversiones ya decididas y, sobre todo, en las que se tenían que decidir. El sector privado repercutió negativamente el 155 en la medida que, sin interlocución política no había ni iniciativa ni decisión para los proyectos y gastos que no fueran estrictamente rutinarios; a parte de este punto, parece que la aplicación del artículo afectó sobre todo a pequeños proveedores que sufrieron las consecuencias de una burocracia superaumentada.
La intromisión del Estado en el funcionamiento del sector público catalán se complementó con actuaciones muy aguerridas en el frente del sector privado. El objetivo era minar el potencial económico del país, y eso se hizo con dos líneas de ataque que hoy tenemos más documentadas gracias a los informes del diario Ara de hace pocos días. La primera línea fue el decreto para facilitar el traslado de sedes sociales y las acciones de presión a empresas significadas que lo acompañaron. La finalidad no confesada era sembrar el pánico empresarial. En la operación del ejecutivo español entra en escena el Rey, el cual, jugando un papel impropio de un jefe de estado, se dedica a hacer de telefonista privilegiado para presionar a empresas para que se larguen. La segunda línea de ataque es todavía más activa que la primera: retirar depósitos de entidades públicas de los bancos catalanes, contribuyendo a la creación de sentimiento de pánico e inseguridad bancaria. ¿La finalidad? Forzar el cambio de sede social de CaixaBank y Banc de Sabadell y demostrar ante todo el mundo su incontestable españolidad, de la cual en Catalunya nadie dudaba, pero fuera sí.
Lo que es surrealista en un estado es que las empresas se vayan porque el mismo estado, con el su jefe al frente, se lo exija, por las buenas o por las malas
El decreto en cuestión, la actuación del Rey y la retirada de depósitos pertenecen al género del chantaje. Se puede entender en el marco de una declaración de hostilidad económica y de la aplicación del principio del todo se vale, como ilustra el lamentable "a por ellos"; pero es más difícil de entender que el activismo y la beligerancia del Rey en esta materia lo desprestigiaba internacionalmente e internamente, si es que todavía no había caído suficientemente bajo, y que, al poner en riesgo dos bancos grandes como los catalanes (con la caída de depósitos y pérdida de valor en bolsa), también se ponía en riesgo el sistema bancario español.
A la práctica, el traslado de sedes sociales fuera de Catalunya ha tenido una incidencia sobre la economía real muy débil, porque los centros de actividad productiva (sean servicios centrales, centros de producción, etcétera) se han mantenido, en su mayor parte, donde estaban. No podemos despreciar la gravedad de la decisión de desarraigarse (aunque sea simbólicamente) de Catalunya. Y en este sentido, es comprensible que las empresas se vayan por miedo al boicot comercial de sus clientes, por miedo al boicot financiero de los bancos, por temor a la reacción negativa del mercado de capitales. Incluso puede haber traslados por vocación (algunas empresas querían instalarse en Madrid y el decreto se lo puso fácil) o por la voluntad de ubicarse cerca del poder, como pasa con muchas empresas reguladas. Lo que es surrealista en un estado es que las empresas se vayan porque el mismo estado, con su jefe al frente, se lo exija, por las buenas o por las malas.
Por suerte, Catalunya tiene un tejido empresarial riquísimo y la actividad económica parece ajena a los acontecimientos políticos. Sin ir más lejos, en el último año ha crecido a tasas trimestrales interanuales superiores al 3%, que sería la envidia de cualquier observador económico. La tasa de paro se ha consolidado en un nivel inferior en casi 5 puntos porcentuales al del resto del Estado, las exportaciones van de récord en récord, entre otros datos de coyuntura. Y claro está que las 2.501 empresas y grupos que se han marchado no queríamos que se marcharan, pero tomada la decisión, adiós; y si un día quieren volver, serán bienvenidas. Cosa que no podemos decir de aquellos que en este último año han intentado, sin éxito, perjudicarnos económicamente con las peores artes.