Una vez se ha consumado la ruptura entre JxCat y el PSOE, la viabilidad de la legislatura en España, y más después de que el Tribunal Supremo haya inhabilitado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está más en el aire que nunca. Ahora bien, como la potestad de convocar elecciones es exclusiva del presidente del Gobierno, es Pedro Sánchez el único que determinará si las adelanta o no, y de momento está empeñado en agotar como sea el mandato. Ya pueden ir diciendo Carles Puigdemont y los suyos, que en esto de reclamar comicios se han sumado a lo que hacen PP y Vox prácticamente desde el día siguiente de los anteriores, que por mucho que griten y tabaleen se tendrán que conformar con lo que haya. Nadie les discutirá el derecho al pataleo, pero nada más.

El argumento de JxCat para romper relaciones ha sido que el PSOE no ha cumplido ninguno de los compromisos adquiridos. Algo que, al parecer, no se podía saber a la vista de la experiencia acumulada como mínimo desde la Segunda República española hasta hoy. Aun así, esta vez Pedro Sánchez tiene parte de razón cuando se justifica diciendo que en todo lo que dependía de él ha cumplido y que son otros los que han impedido que los acuerdos se materialicen. Y esto JxCat sí lo sabía. Sabía que los jueces españoles antes prevaricarían que aplicar la ley de amnistía —y ojo que Europa la avale y España siga sin aplicarla—; sabía que la oficialidad del catalán en la Unión Europea (UE) depende del conjunto de Estados miembros y que muchos de ellos están manipulados por el discurso anticatalán del PP, y sabía que Podemos tiene el mismo sesgo catalanófobo que la ultraderecha de Vox y que, por tanto, se opondría al traspaso de las competencias de inmigración a Catalunya. Sabía que hacía acuerdos que no dependían exclusivamente del líder del PSOE, haciéndolos pasar por quién sabe qué, y ahora se encuentra —JxCat, no el PSOE— con el culo al aire.

Desgañitarse con la nueva consigna que se han sacado de la manga los de Carles Puigdemont, para proclamar que, con la legislatura empantanada gracias a su maniobra de bloqueo de todas las leyes que lleguen al Congreso, los socialistas “pueden ocupar el Gobierno, pero no pueden gobernar”, no les sirve de nada. Y es así básicamente porque la premisa es falsa. El PSOE, claro que puede continuar gobernando, a golpe de decreto, de orden, de resolución, de ordenanza, de edicto, de anuncio, de nombramiento. Lo que no puede es legislar, que es diferente, pero eso no impide que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa el tiempo que le haga falta. Incluso sin presupuesto, que ya sabe que en la situación actual no podrá aprobar —no hace falta que Míriam Nogueras se lo recuerde con el engreimiento habitual—, pero a base de prórrogas puede ir tirando. Y, si no, que se lo pregunten al PNV, que en los tiempos más complicados de la actividad terrorista de ETA se pasó años encadenando una prórroga tras otra en el País Vasco porque ni los independentistas vascos (Herri Batasuna) ni los unionistas españoles (Partido Socialista de Euskadi y Partido Popular) le querían aprobar unas cuentas públicas nuevas.

Lo que no puede pretender JxCat es que, una vez se haya divorciado del PSOE, esté en condiciones de exigirle que continúe haciendo su santa voluntad

Aun así, el presidente del Gobierno llevará los números de 2026 al Congreso para demostrar lo que territorios como Catalunya se dejarán perder si no pueden aprobarlos y para trasladar la carga de la prueba a sus adversarios políticos. No hay duda de que se tratará de un movimiento de lo más demagógico, y más si vincula las ganancias de un nuevo sistema de financiación autonómica —que para colmo será singular para todos— a la aprobación del presupuesto del año que viene. Pero en política cada uno juega sus cartas, y lo que no puede pretender JxCat es que, una vez se haya divorciado del PSOE, esté en condiciones de exigirle que siga haciendo su santa voluntad como si nada hubiera pasado. El acuerdo con el PSOE fue un error de cálculo y JxCat se ha dado cuenta cuando ya es demasiado tarde.

El momento coincide con la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, por haber filtrado supuestamente un correo electrónico de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en el que reconocía que había cometido fraude fiscal. En una sentencia inaudita hecha pública significativamente el día que se cumplen 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, el Tribunal Supremo enviaba un torpedo a la línea de flotación del presidente del Gobierno —siempre ha defendido sin reservas la inocencia del fiscal general—, que hace tiempo que es el objetivo de unos poderes ocultos del Estado deseosos de cargárselo, pero que por ahora no hay manera de que se salgan con la suya. La sentencia es inaudita porque el defraudador confeso queda como si fuera la víctima y quien le quería hacer pagar el presunto delito, como el malo de una película típicamente made in Spain, pero también porque no hay ninguna prueba material que demuestre el hecho del que ha sido acusado el fiscal general y porque la condena estaba decidida antes de empezar el juicio. Un caso claro de prevaricación, pues.

De esta manera el PSOE prueba en su propia carne la misma medicina que la justicia española aplicó en 2017 contra los encausados por la celebración del referéndum del Primer d’Octubre —miembros justamente de JxCat, y también de ERC, y catalanes anónimos que pusieron la cara y se la rompieron—, pero entonces en España nadie se escandalizó por el montaje judicial porque la afectada era Catalunya y ahora, en cambio, todo son lamentaciones. No hay duda de que todo ello agrava aún más la situación bastante delicada en la que se encuentra Pedro Sánchez y es más munición para el PP a la hora de pedirle que se marche y que adelante los comicios, sobre todo para una Isabel Díaz Ayuso que se siente envalentonada después de haberle ganado esta vez claramente la partida. A raíz de esto, la confrontación entre PSOE y PP ha subido de tono. Pero, precisamente por la deriva que ha tomado, lo que no hará nunca el presidente del Gobierno es irse y convocar elecciones, porque hacerlo sería ceder y claudicar ante la exigencia de esos poderes del Estado que representan PP y Vox, y su objetivo es resistir hasta el final.

Por este motivo, de momento no hay urnas a la vista, por mucho que el huracán judicial busque aguarle la fiesta, y ni que ahora no se canse de proponerlo JxCat. Carles Puigdemont ya puede instar al PSOE, en un artículo publicado el domingo en El País, a “emprender la ruptura” con el régimen del 1975 —que en la práctica selló la continuidad del régimen franquista—, porque el histórico partido socialista español forma parte de él, y él, aunque no se lo parezca, también desde el momento en que le ha dado cobertura y ha aceptado sus reglas de juego. Quizás sería mejor que hiciera caso al clamor que el día anterior Xavier Trias había proferido a los máximos dirigentes de la formación, al reclamarles precisamente que no planteen “imposibles”, en lugar de hacer exactamente lo contrario. Dice el refrán que el hombre propone y Dios dispone. JxCat, efectivamente, propone y Pedro Sánchez, obviamente, no es Dios, pero sí que, a pesar de la caverna política, económica, judicial y mediática española que tan bien encarna la líder del PP en Madrid, dispone y lo hace como más le conviene.