Esta semana hemos asistido a un nuevo capítulo del juicio al procés: las declaraciones de testigos de la defensa, en algún caso, compartidas con la acusación popular. Después de los testigos de cargo, tocan los de descargo.

Tres diría que han sido los rasgos definitorios de estas declaraciones: el cambio de paradigma en el relato de los hechos, su solidez y la irritación que han producido en las acusaciones, especialmente en el ministerio fiscal, y en la presidencia de la sala.

Antes de ponernos a ello, hay que hacer un pequeño prólogo. Una vez más, se ha demostrado que si el estado plurilingüe está cogido con pinzas en Catalunya, en España dicha plurinacional ni suena. Esta semana, como la inmensa mayoría de testigos llevaban nombres y apellidos catalanes, su pronuncia en un mal castelán, como la de los GPS, producía cierta vergüenza ajena, hasta el punto que algunos apellidos eran irreconocibles hasta que no se veían en la pantalla del 3/24.

Tal pasotismo con las lenguas cooficiales españolas es para caerse de culo. El mínimo esfuerzo que hubiera requerido informarse sobre la correcta pronunciación, ni que fuera aproximada, de las palabras en catalán, en un juicio que se ventila un tema catalán con protagonistas catalanes, hubiera valido la pena. Ni falta hace decir lo que sucede cuando el nombre es alemán. Eso da una idea, bastante mala por cierto, de donde estamos.

Vamos a los testigos. Consellers y altos cargos que dimitieron en julio del 2017 declararon. Las acusaciones quisieron vincular sus dimisiones con desacuerdos con la línea política del Govern, pues, hipotéticamente, eran contrarios a la deriva que, según las acusaciones, se veía venir. Todos los testigos manifestaron que, en el momento en que se marcharon del gobierno ―en un caso cese por motivos bastante conocidos―, no se avistaba lo que podría pasar más adelante, es decir, las consecuencias jurídicas y políticas que estamos sufriendo. El hecho de que un posible referéndum no fuera pactado fue el motor de cambiar de aires. No fue ni porque se corriera el riesgo de ilegalidades o de represalias, sino por razones políticas. Una decisión personal completamente legítima y comprensible.

Le tocó el turno a desmontar las pretensiones acusatorias de considerar el Diplocat un brazo más del procés, en concreto, de la internalización del procés. Ya dijo Albert Royo, su secretario general, que eso no era cierto ni mucho menos. Señaló que el Diplocat hacía lo que se denomina diplomacia pública. Es más, como manifestaron los testigos de esta semana, el Diplocat no tenía delegaciones, porque no es una institución gubernamental: se basa en intercambios, encuentros y estudios puntuales, tanto en Catalunya como en aquellos países o ciudades de interés para la internacionalización de Catalunya y temas que pueden ser de interés común, como la integración europea de regiones o el tema de los refugiados.

Es más, quedó meridianamente claro que, en alguna ocasión ―las acusaciones ni se molestaron en identificarlas―, se había hablado del procés. Faltaría más que en este tema las sociedades civiles, sociales, económicas y culturales europeas no estuvieran interesadas. Pero no era el único ni el objetivo prioritario. Sobre este punto estuvieron conformes todos los declarantes. Todo eso, además, en perfecta coherencia con el carácter plural de la composición del consorcio que es el Diplocat, pluralismo que se refleja en sus actividades.

Los testigos de las defensas han sido igual de serios, firmes y contundentes con unas partes que con otras

Mossos de la unidad de mediación, diputados, altos cargos de la Conselleria d'Economia y otros agentes sociales que estuvieron presentes, fundamentalmente, dentro y/o delante de la mencionada sede el 20-S, describieron un panorama diferente al de los guardias civiles y miembros de la comisión judicial, cosa completamente lógica. Describieron una concentración espontánea, pacífica e incluso festiva, con la instalación de una especie de carpa, donde se hicieron parlamentos y actuaciones musicales.

Y los agentes de mediación, cuando llegaron, ya vieron a la prensa subida sobre los techos de los vehículos logotipados de la Guardia Civil; o sea que, a media mañana, como se puede ver en los reportajes por todos conocidos, los patrols ya estarían hechos caldo y no por obra de los acusados.

Contrasta alguna sordera de los primeros testigos de cargo sobre los cánticos, música y actuaciones fuera de la Conselleria y la ceguera ante el pasillo abierto por los voluntarios, debidamente identificados, desde las puertas de la Conselleria en la esquina rambla Catalunya - Gran Via. En lo que sí ―y eso es esencial― coinciden los primeros testigos policiales y los de esta semana son dos extremos: la relación entre las fuerzas policiales, por un lado, y los funcionarios de la Conselleria y dirigentes políticos y sociales que entraron, por el otro, en algún caso, como el de Jordi Sànchez, varias veces, fluyó sin ningún tipo de tensión, cordial incluso. Y en ningún momento, nadie, es decir, nadie, de los que se encontraban dentro del edificio tuvieron ninguna sensación, ni mucho menos miedo, de sufrir un asalto por parte de la masa.

Además varios agentes sociales, que provienen de los sectores de la no violencia, con especial protagonismo de David Fernàndez, pusieron el acento en que todo, el 20-S y el 1-O, fue un ejercicio de derechos democráticos, de forma pacífica, con técnicas de no violencia, en la ética de la desobediencia civil, que tiene como aspecto basal la integridad del otro, es decir, no hacerle ningún mal.

La muy resumida relación precedente resultaría mutilada si no entráramos en el segundo punto que apuntaba al principio. A diferencia de los testigos de las acusaciones que se mostraron firmes, adornados, lenguaraces incluso, con barroquismos innecesarios y empalagosos con las acusaciones, pero que, acto seguido, a preguntas de las defensas, al girar la cabeza hacia la izquierda, perdían la contundencia como si fuera aceite de un motor. Su firmeza ante las acusaciones, patentemente poco espontáneos, se desvanecía, cuando no se hundían al ser interrogados por los letrados defensores.

Este fenómeno, este tipo de tortícolis forense, no lo han sufrido los testigos de las defensas. Han sido igual de serios, firmes y contundentes con unas partes que con otras. Eso, sin embargo, no es fenómeno caído del cielo. Es consecuencia de la solidez del relato. Ni más ni menos.

La irritación de las acusaciones, especialmente de los fiscales, fue manifiesta: no podían, como pretendían, hundir el relatado de los nuevos testigos. Tanto que Marchena tuvo que intervenir varias veces para cortar el acoso que sufrían los testigos de descargo. Esta irritación fue evidente, pues no se esperaban ni la capacidad retórica de algunos de los interrogados ni su resistencia a los embates inquisitivos que recibían.

De todos modos, y como tercer aspecto a resaltar, nos encontramos con la intempestiva y desproporcionada explosión de Marchena. Fue cuando, a preguntas de la defensa del letrado Salellas (defensa de Jordi Cuixart), sobre el denominado Llibre blanc, síntesis de los informes previos, uno de los miembros del Consell Assessor per la Transició Nacional, el profesor Enoch Albertí, reputadísimo catedrático de la UB, iba desgranando muy resumidamente algunos aspectos de la autodeterminación.

Llegados a este punto, Marchena dijo que el tribunal no recibía lecciones de derecho de nadie, que los peritajes en derecho están excluidos y que todo era un insulto. Pues bien, aquí la sala del Tribunal Supremo se comportó como lo que se cree que es, Supremo. Una vez más se ha puesto el acento sobre el adjetivo y no sobre el sustantivo. Calificar una calmada, didáctica y sucinta exposición de uno de los apartados del Llibre blanc de lección impropia e insultante de derecho resulta en boca del presidente de un tribunal algo inefable.

Entre otras cosas porque esta declaración tenía lugar en el intento ―muy exitoso, por cierto― de demostrar que el referido Llibre Blanc no es ninguna hoja de ruta hacia ningún puerto, sino que, haciendo honor a su nombre, constituye un elenco de varias alternativas sobre los diferentes aspectos que integran el libro. Para demostrar esta afirmación hay que exponer mínimamente el contenido, pues, como señaló el también catedrático Joan Vintró, es un informe de perfil académico, sin tomar posiciones. Es decir, es un libro blanco.

La irritación de las acusaciones, especialmente de los fiscales, fue manifiesta: no podían, como pretendían, hundir el relatado de los nuevos testigos

Ciertamente, en un tribunal el perito en derecho es el juez. Pero un juez, por más que sea del Supremo, no puede estar al corriente de todos los detalles del derecho, y todavía menos de toda la doctrina y la jurisprudencia, singularmente de la producida fuera de las fronteras nacionales, pero que son necesarias para una buena administración de la justicia.

Así, por ejemplo, en casos que se ventila derecho internacional, si hay que aplicar una norma extranjera, se admite un peritaje jurídico, emitido por un reconocido especialista, que ilustra al tribunal sobre la norma extranjera a aplicar o a apartar del caso. En la práctica cotidiana, en materia de delitos fiscales, los jueces delegan en los inspectores de Hacienda la valoración y cuantificación del fraude. Por eso los peritos ―empleados de la víctima encima― valoran jurídicamente el supuesto de hecho. Así califican el negocio o actividad jurídicos para establecer el rendimiento fiscal y el fraude producido. Es una tarea esencialmente jurídica.

El TS, como cualquier tribunal, si hace de tribunal, no puede sentirse insultado por una manera de  exposición de hechos jurídicos. Si, dado el caso, cree que la declaración del testigo va más allá de lo necesario, lo hace callar y tema resuelto. No hace falta ni perder los estribos ni hacerse la víctima. Eso pasó, reitero, cuando había demasiada irritación en sala. Que cada uno saque sus conclusiones.

Alrededores

Sandro Rosell ha sido absuelto. No se ha podido acreditar que cometiera ningún delito ni de blanqueo, único por el que estaba acusado, ni ningún otro. A pesar de eso, ha pasado 22 meses en prisión. Sólo leyendo los escritos iniciales de la fiscalía, el acta de imputación y el escrito de acusación, era evidente que no se había cometido ningún delito. No entraré ahora ―no es el lugar― en el trasfondo de los hechos.

Lo que resulta absolutamente censurable es acordar la prisión preventiva cuando era obvio lo que daba la causa de sí. Y no sólo eso: repugna al sentimiento de justicia y a la ley no acceder durante la  instrucción y hasta el juicio oral, durante 22 meses, a levantar la prisión provisional o a sustituirla por medidas igualmente eficientes de aseguramiento de los imputados y mucho menos onerosas y deshonrosas.

El abuso de la prisión provisional, en general, y la lentitud de la justicia en un órgano con los medios de la Audiencia Nacional, en particular, clama al cielo. Como clama al cielo el impulsor que la fiscalía a la hora de pedir estas medidas.

Pero si las buenas obras, dicen, tienen castigo, las incorrectas, tienen premio. La instructora, la magistrada Lamela, con un curriculum más bien pobre como juez sentenciador, después del caso de Altsasu, de los Jordis y de Rosell ha sido premiada con la sala segunda del Tribunal Supremo: la joya de la corona. Para que no quedara ningún tipo de duda, en su ingreso, la apadrinó su presidente, Marchena.

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