El jueves pasado, Deia publicaba un reportaje titulado "Marlaska reconoce que ha habido torturas, pero dice que fueron 'excepcionales'". En síntesis, para caerse de culo. Una síntesis más amplia: 1) hubo tortura en la lucha contra ETA y otros; 2) fue excepcional; 3) no había otra; 4) la tortura es un hecho excepcional; 5) a ETA la venció el estado de derecho; 6) la tortura es execrable; y 7)                             (no es un error: queda en blanco el tema de la responsabilidad exigible a los delincuentes torturadores).

Vamos por partes. Sobre 1): si se sigue con este deshilachamiento del estado de derecho, no sería raro que dentro de poco se reconocieran algunas de las fechorías más aterradoras contra el procés y, como si nada, cada uno para casa, a tomar la copita y a dormir.

Sobre el 2) en cuanto al respeto por los derechos fundamentales, especialmente los que apoyan a todos los demás, la vida, la integridad física y moral, excepciones ni una.

Es frecuente oír que los derechos fundamentales no son absolutos ni ilimitados. No entraré en la problemática teórica, jurídica, política y ética de esta afirmación, pero lo cierto es que siempre que se blande esta concepción es para limitar los derechos. Dato curioso.

De todos modos, sea como sea, un derecho que no admite excepciones es el ataque a la integridad física y moral. No hay, avanzo la respuesta a alguna crítica, ningún estado de necesidad. El estado se mueve por legalidad no por necesidad. El estado de derecho, claro está.

A 3) hay que responder que sí, que sí que había otra. Había otra opción, que era hacer las cosas bien, empezando por unos buenos servicios de información. Los asesinos de ETA no iban a poner las cosas fáciles. Errores, manipulaciones, fantasmadas, competencia desleal entre los diferentes servicios de todo tipo, la Triple A, el Batallón Vasco-Español, Lasa y Zabala, los GAL con Amedo como epítome, puliéndose los fondos reservados en el casino... demuestran bien a las claras que sí que había otra.

Sobre 4) no sabemos si es cierta la afirmación de la excepcionalidad de la tortura. ¿Por qué no lo sabemos? Porque nunca se ha llevado a cabo de manera seria, independientemente y con medios una comisión de la verdad. Ni, por lo visto, se hará.

Es más, cuando, en ocasiones, estas torturas han sido denunciadas ante los tribunales, incluso delante del propio, entonces juez, Marlaska, nadie movió un dedo para investigar. Gracias a él, le valieron tres de las diversas condenas al Reino de España por la vulneración del derecho a la integridad física. ¡Tres!

Este rechazo de la tortura no parece ir más allá de una respuesta efímera que pretende blanquear una práctica como mínimo tolerada, si no espoleada, desde el mismo poder oficial

Vemos el 5). Es una pura contradicción: si hay torturas, no hay estado de derecho. Que no siempre se persiguió a ETA por vías delictivas es cierto, pero cada vez que se hizo fuera de la ley, aparte de un puñado de delitos cometidos por parte de los delincuentes directos, de sus inductores, partícipes y encubridores, la lucha contra el terrorismo retrocedía: cada atentado al estado de derecho es una victoria para los terroristas.

Estamos delante, una vez más, de aquellos sujetos que, como se decía de Fraga, quizás les cabía en la cabeza el Estado, pero, como afirmó con todo el acierto Tomás y Valiente, no les cabía el estado de derecho. Así continúa la cosa.

La calificación de execrable ―6)― es totalmente compartible. Si lo es, ¿por qué cuando se ha practicado con cierta sistemática, se justifica y no se hace a nadie responsable, salvo valiosas y destacables excepciones? Pues porque el calificativo en cuestión no es más que una pieza retórica de un pobre argumentario cómplice del hecho de que aparentemente se desprecia.

Al fin y al cabo, ¿si la tortura fue, en su mundo, necesaria ―lo volvería a ser nuevamente, estoy seguro, llegado el caso―, cómo se puede calificar de execrable? Estos personajes se creen por encima de la ley y quieren escribir, como Dios, recto, con rasgos torcidos.

Todas las señales precedentes tienen su corolario en la prueba del algodón: ¿si es verdad que abominamos la tortura y, a pesar de todo, es bien constatable que no siempre se puede evitar, por qué nadie investiga los casos que se han denunciado? Ciertamente, habrá denuncias falsas, pero no se pueden tirar a la papelera desde el principio. Cada denuncia de maltrato tiene que ser documentada, reseñada, investigada y, dado el caso, sancionada, como era aquello, ¡ah sí!, con todo el peso de la ley.

Este rechazo de la tortura ―apremio ilegal, en el lenguaje forense― no parece ir más allá de una respuesta efímera que pretende blanquear una práctica como mínimo tolerada, si no espoleada, desde el mismo poder oficial.

La respuesta que dan a los poquísimos casos que salen a la luz es la prueba misma de la hipocresía de los que dicen servir al estado de derecho. Como muestra de este comportamiento, digamos, contemporizador, el del mismo ministro actual del Interior, comportamiento del cual dio pruebas en su etapa de juez instructor en la Audiencia Nacional.

Eso no es la ley del embudo de la que hablaba ayer: es el embudo sin más. Alarma roja intensísima que distancia el sistema actual del estado de derecho que se proclama. Está quedando una Arcadia de lo más primorosa. Continuará.