El frente de diálogo de Madrid ha recibido esta semana tres estocadas del copón, muy reveladoras de un grave síntoma: debilidad. Debilidad en Madrid.

El primer porrazo fue la revocación, a instancias del fiscal, del archivo de la causa contra los acompañantes del president Puigdemont cuando fue detenido en Alemania. El juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional (AN) archivó el caso basándose en esencia en el desconocimiento de la persecución judicial e internacional contra el mandatario catalán. Ahora la AN dice que de desconocimiento nada de nada. Por tanto, cabe no descartar el juicio contra estas cuatro personas.

¿Dónde radica la debilidad del sanchismo gubernamental, que no controla ni a los fiscales a pie de obra? Es impensable que en un supuesto clima de appeasement el fiscal de la AN meta la directa, inste la revisión de un archivo o meta más presión en una olla que ya tiene bastante. Recordemos que el fiscal no es independiente; a lo sumo, es funcionalmente autónomo.

En el contexto de esta autonomía fiscal no huelga recordar también que, cuando se ventilaba el recurso sobre la libertad del conseller Forn, el fiscal dijo que la pedía por imperativo legal. Es decir, porque el anterior fiscal general, por instrucción del entonces presidente Rajoy, se lo pidió, en respuesta a más que probables presiones personales de la canciller Merkel. La sala de apelaciones del Tribunal Supremo se desentendió de la petición del fiscal y mantuvo la prisión a petición de la acusación popular, un partido ahora emergente. Incluso se vio, por parte de los defensores del régimen más inflamados, como un revés al gobierno español.

O sea que sí, se dan instrucciones a los fiscales y estos las siguen. Claro, depende de la fuerza de quien mande y cómo mande. Mandar, si no se sabe o se aparenta no saber, es lluvia sobre el mar.

Al día siguiente, el jueves, tuvo lugar en Girona la detención de 16 personas, entre ellas los alcaldes de Celrà y de Verges y un fotoperiodista. Personado el abogado Salellas en comisaría, los policías le dicen que "mientras no hable castellano no entrará en la dependencia policial".

Dos puntos llamativos, aquí. Por una parte, como afirmó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, no había ninguna orden judicial de detención, lo que es más que irregular porque se trata de unas diligencias ya judicializadas, en las que la iniciativa policial es mínima. Cualquier injerencia en los derechos fundamentales —y la detención en este contexto lo es— requiere una resolución judicial.

Sin embargo, la práctica, en clara corruptela legal, va por otro camino. No pocos jueces de instrucción, una vez recibida la inicial denuncia policial, se contentan con informes informales, menos o más periódicos, y dejan hacer a la policía sin ninguna orden concreta más allá de hacer lo que se supone que hace la policía: investigar delitos.

Por esta razón, el ministro del Interior, Grande-Marlaska, él mismo juez —y no muy bien considerado en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo— dijo, primero, que las detenciones se enmarcaban dentro de una actuación judicial y, después, que se trataba de una operación supervisada por el juez competente. Nunca se mostró una resolución. Todo apunta a que la policía actuó por su cuenta, presionando más de lo debido —si querían identificar, según dijeron, no había que detener a nadie y todavía menos hacerlo en plan hombres de Harrelson— en momentos de más que manifiesta presión ambiental. Conclusión, el ministro de la policía manda poco sobre la policía y esta disfruta de una amplia autonomía; tanta, que de lo que hace, el ministro se entera por los medios.

Ninguna reacción oficial, en cambio, ha merecido la no desmentida negativa a dejar entrar en comisaría a un abogado si no hablaba castellano. Lisa y llanamente: se trata de una vulneración del derecho de defensa, que podría estar castigada en el art. 530 del Código Penal por no haberse respetado una de las garantías que rodean la detención; aquí, el derecho fundamental del detenido a que lo asista el letrado.

También constituye una vulneración de un derecho cívico: el derecho a utilizar la lengua oficial de Catalunya, el catalán, infracción prevista en el art. 542 del mismo código. En todo caso, parecen vulnerados varios apartados del nº 1. del art. 5 de la Ley orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad. Un comportamiento que puede caer en las faltas muy graves de la Ley de régimen disciplinario de la Policía Nacional, en el art. 7 c) y d).

Se puede decir que quien ha sufrido la violación de sus derechos puede denunciarla. Cierto es. Pero no lo es menos la existencia de la obligación de las autoridades gubernativas de abrir el correspondiente expediente ante estas noticias y actuar en consecuencia sin esperar denuncia pública o de los afectados.

El tercer palo casi en la entrepierna del gobierno español ha sido la declaración de la Asamblea de Extremadura, solo con el voto en contra de Podemos, que pide reivindicar el espíritu de la Transición, la defensa de la unidad de España y la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya. Esta grotesca declaración, que santifica la Transición y que no figura cuando escribo este artículo (mediodía del sábado 19 de enero) en la web del Parlamento autonómico, ha sido deplorada incluso por el gobierno español.

Supongo que, de algún modo forzado por el ridículo seguidismo de algunos barones socialistas, poco o nada sanchistas y aterrados por la posibilidad de perder la poltrona el próximo 26 de mayo, el presidente de la Junta de Extremadura hizo el viernes pasado un tuit, poco resaltado, pero que muestra la profundidad del agujero que ha hecho el independentismo. El tuit no tiene desperdicio:

Fernández Vara admite sin ambages que el control del 155 le corresponde a los tribunales europeos. Implícitamente queda claro que los españoles no lo harían. La afirmación es tan grave como siniestra. Los tribunales españoles no controlan una aplicación sin base del artículo 155. Si no la controlan, es legítimo deducir que es por falta de voluntad de hacerlo, en comunión con el gobierno que la ha instado y el Senado que la aprobado. O sea, que se carga la separación de poderes y la independencia judicial. Más claro, el agua.

Si esta es toda la rectificación o matización que la Moncloa sanchista puede obligar a hacer a sus barones en mando en plaza, la debilidad a la que hace referencia el título de la pieza de hoy es aterradora.

En estas condiciones, un hipotético diálogo resulta harto problemático. No tanto, aunque también, por la falta o no de voluntad de llegar a acuerdos, como por la (in)capacidad de cumplir lo acordado. Cuando a los petardistas los tienes en casa, mal.

Sin embargo, ¡cuidado! Que nadie se frote las manos ni ponga el cava en fresco. Sin un oponente medianamente fuerte y sólido, cualquier diálogo es una quimera. Y que, hoy por hoy, Sánchez no sea capaz de querer o poder dar un puñetazo en la mesa y atar corto a sus saboteadores —al precio que sea— no significa ningún paso hacia una solución que caería como fruta madura por incomparecencia del contrario.

Por una parte, el Estado perdura; supongo que ya se ha aprendido la lección. Por la otra, el repaso a las filas del independentismo no es como para hacer volar cohetes. No ya una férrea unión, cuando menos una convergencia estratégica quizás se la espera, pero no está.

A trabajar, pues.