Está a punto de ver la luz el libro de memorias que ha escrito el rey emérito de España. De momento solo se podrá encontrar a partir del miércoles 5 de noviembre en las librerías de Francia, con todo lo que tiene de significativo para un Borbón que una cosa así pase justamente en Francia y no en España, pero eso es otro tema. En uno de los pasajes, Juan Carlos de Borbón, alaba la figura de su predecesor en el cargo de jefe de Estado, Francisco Franco. Concretamente dice de él que “lo respetaba enormemente, apreciaba su inteligencia y su sentido político. Nunca dejé que nadie lo criticara delante de mí. Nadie pudo destronarlo, ni siquiera desestabilizarlo, cosa que, durante tanto tiempo, es un éxito".

Habría que mirar si estos pasajes contravienen lo que dice la ley de memoria democrática. Concretamente, el artículo 38 reza: “se considerarán actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que comporten descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la revuelta militar, de la Guerra o de la Dictadura y de sus dirigentes”. Diría que, en este y otros pasajes, el rey Juan Carlos está exaltando la figura de Franco cosa que es constitutiva de delito.

Habría que mirar si en algunos pasajes de sus memorias, Juan Carlos de Borbón se salta la ley de memoria democrática

La fiscal de memoria histórica y derechos humanos, Dolores Delgado, ha admitido recientemente que el español es un caso bastante peculiar en lo que se refiere a restitución de la memoria democrática. Delgado lo sitúa en dos ámbitos: no ha habido una transición en el poder judicial y nadie del antiguo régimen ha rendido cuentas ante la ciudadanía. (Lo dice Dolores Delgado, una mujer que había sido ministra de Justicia y fiscal general del estado). Voy más allá: creo que una cosa va directamente relacionada con la otra: el hecho de que el sistema judicial español todavía tenga resortes franquistas hace que, precisamente, nadie -en cinco décadas- haya levantado el dedo para abrir causas judiciales contra dirigentes franquistas. Bueno, sí, lo intentó Baltasar Garzón y lo expulsaron de la carrera judicial condenado por prevaricación.

Ahora, sin embargo (aunque mejorable), hay una ley de memoria democrática, una sala de la fiscalía solo dedicada a la persecución de delitos de odio y de menosprecio o falta de respeto a esta memoria. Esta fiscalía dispone de 54 fiscales que pueden abrir investigaciones de oficio. No cuesta tanto leerse un libro de 512 páginas y comprobar si, cuando se publique en España el 3 de diciembre (tres días antes de que se celebre el aniversario de la Constitución española), el texto del exmonarca resiste la memoria democrática, es constitutivo de delito y se le puede imputar, ya que desde 2014 no es rey y desde 2020 está fuera del Estado español. Tengo la seguridad de que si la justicia española se activó contra un concejal de Vic que dijo que “para hacer una tortilla hay que romper los huevos”, también se activará contra quien diga que “apreciaba a Franco y su sentido político” y que mantenerse tanto tiempo con el poder -por la fuerza de las armas- “es un éxito”.

Igual que Franco, una parte de la justicia española se mueve por el principio de poner a España por delante de la democracia

Y es que en las memorias, Juan Carlos de Borbón ha sido más condescendiente y benévolo con el dictador (a quien compara con un padre) que con su propio hijo, a quien hace responsable de su situación actual: vivir fuera del estado español para no tener que rendir cuentas con Hacienda. Algunas voces políticas y mediáticas de Madrid (las mismas que le dicen ‘fugado’ a Carles Puigdemont) lo tratan de exiliado. Bien extraño es el exilio en el que puedes entrar y salir del país del que te exilias para hacer unas regatas de vela o una visita médica sin miedo a ser detenido. Es más, el reproche de Juan Carlos a su hijo Felipe recae más en el ámbito personal que en el político, porque cuando trata el discurso que el actual monarca hizo el 3 de octubre de 2017, entonces sí que le da pleno apoyo.

Que el estado español todavía no ha cosido la herida del franquismo es evidente. Todavía ahora, pese a 50 años después de la muerte del dictador, la Fundación Francisco Franco continúa difundiendo “el conocimiento de Francisco Franco, en su dimensión humana y política, y, en particular a promover y realizar estudios sobre el pensamiento de Francisco Franco y sobre las realizaciones de los años del mandato”, así como “contribuir a la proyección de su ideario sobre el futuro de la vida española y exaltar su vida como modelo de virtudes puestas al servicio de la Patria (sic)”. Así lo contemplan sus estatutos, homologados por la justicia, que es quien debe dar el visto bueno para que una fundación pueda ejercer como tal. Y quizás es aquí, en la justicia, la madre del cordero del enquistamiento del franquismo en las instituciones. Llamarle franquista a determinados mandos judiciales puede quedar antiguo y poco convincente, pero si se tiene en cuenta que tanto Franco como una parte del poder judicial se mueven por el principio que pone a España por delante de la democracia, entonces la comparación no queda tan lejana.

En las memorias que ahora saldrán publicadas, Juan Carlos explica cómo fue la última vez que habló con un Franco moribundo: “Estaba sentado a su lado, en la cama del hospital. Me cogió la mano y me dijo: ‘Alteza, solo le pido una cosa: que mantenga la unidad del país’. Esa fue la última voluntad. No me pidió que preservara el régimen tal como estaba.” Es decir, Franco le pidió al entonces príncipe Juan Carlos que actuara como más conviniera pero siempre preservando la unidad de España. Y a fe de Dios que lo cumplió.