Hasta hace muy poco tiempo había una forma de hacer las cosas e interpretar el derecho aplicable pero desde que se decidió aplastar al independentismo catalán todo se ha vuelto relativo y ello, junto con restarle credibilidad al sistema establecido, está generando una inseguridad jurídica de la que, seguramente, no se es consciente en estos momentos ni por parte de quienes jalean esta persecución ni de quienes la materializan; el problema de este tipo de comportamientos es que se sabe cuándo y dónde comienzan pero nunca dónde y cómo terminan. Mucho menos quiénes serán, luego, las víctimas de este relativismo jurídico.
Estos procesos, que siempre tienen un origen determinado, comienzan relativizando, flexibilizando o mutando las normas procesales. En el caso catalán, las primeras normas que perdieron su sentido o forma de interpretación fueron las que regulan la competencia y, de esa forma, un tribunal que siempre se había negado a investigar los delitos de rebelión y/o sedición, la Audiencia Nacional, se desdijo de todas sus previas resoluciones y pasó a encargarse de este tipo de supuestos hechos sin el más mínimo rubor.
Superado el trance competencial vino el referido a la forma en que se ha de citar a los investigados y la forma y lugar en que se les puede tomar declaración. A nadie se le puede citar por sorpresa, y en festivo, para tomarle declaración y, además, en caso de no poder o no querer acudir en persona a una citación el legislador previó expresamente que se le pudiese tomar declaración por videoconferencia. Aquel juzgado que se declaró novedosamente competente entendió que esta norma ya no era de aplicación y no fueron pocos los que jalearon tal decisión sin ni siquiera comprobar si era acertada, legal o ilegal.
Más tarde, en materia de prisión provisional, medida esta de carácter cautelar y personalísima, se adoptó y mantuvo hasta la fecha en virtud del comportamiento y circunstancias de otros investigados no presentes, obviando las circunstancias personales de quienes habían comparecido voluntariamente ante la autoridad judicial. No se respetó ni la literalidad de la ley ni su forma de interpretarse porque lo que había era una intención de justificar lo injustificable y, una vez más, los jaleos incesantes llegaron desde las mismas esquinas mediáticas de siempre.
Luego llegó la fase de la cooperación judicial internacional, asentada en los principios de mutuo reconocimiento y de buena fe, que fue interpretada temerariamente como cooperación ciega. De tal forma que, frustradas las espurias expectativas de que las autoridades judiciales europeas se sometieran acríticamente al dictado de un magistrado español, este impidió que las euroórdenes diesen sus frutos, a pesar de que ya se intuía o se sabía que las respuestas no iban a ser del agrado del reclamante. Esta actitud se repetiría hasta generar la imagen de incomprendidos sobre la que se pretende construir un relato victimista.
El bosque al que nos enfrentamos es mucho más siniestro de lo que pensamos y, cosa que pocos quieren ver, en una floresta de estas características hoy se podrán perder los catalanes pero mañana cualquiera que sea incómodo al sistema
Adentrados ya en el proceso, se ha visto cómo se han gestado nuevas interpretaciones de todas aquellas reglas procesales que estaban pensadas para garantizar un proceso debido y, de esa forma, restringir cualquier posibilidad no ya de probar en contrario sino, simplemente, de poder probar. A cada nueva interpretación se le ha dado una explicación que, como digo, ha sido abiertamente jaleada por los de siempre sin pararse a pensar si era una interpretación correcta o no y cuáles serían las consecuencias en el futuro y más allá del “caso catalán”.
Con el paso del tiempo, y ante los diversos escenarios políticos y jurídicos que han surgido o se han creado, el relativismo jurídico no solo ha ido en aumento sino que, además, ha perdido la vergüenza y la sutileza anterior y se ha llegado a situaciones esperpénticas en las cuales lazos amarillos o esteladas han sido transformados en meros signos partidistas, incluso se han criminalizado. Lo importante no es el mañana sino el ahora y “esta gente” que viene a romper España.
En ese proceso ninguna institución se ha salvado y, como nunca antes había ocurrido, han surgido nuevos protagonistas político-jurídicos de los que poco o nada sabíamos pero que tanto han dado que hablar. Y más que darán. Aquí el centro del tablero lo ha pasado a ocupar la Junta Electoral Central de la que apenas habíamos oído nada en los últimos 40 años pero que estaba ahí para jugar un papel concreto en el momento en que se le necesitase.
La cosa no queda ahí y resulta que ese relativista juridico-judicial nos está llevando a desconocer que determinados temas, por ejemplo los electorales o el respeto de la inmunidad parlamentaria, ya estaban bastante resueltos tanto por la ley como por la jurisprudencia y, aún cuando parezca extraño, veremos cómo surgen interpretaciones nuevas y ad hoc que como única finalidad tienen el reprimir.
Mucho se ha hablado del president Puigdemont, el vicepresident Junqueras y el conseller Comín sobre la condición de jurar la Constitución para alcanzar la condición de eurodiputados. Pues bien, hace ya casi dos décadas el Tribunal Constitucional dijo: “en un Estado democrático que relativiza las creencias y protege la libertad ideológica; que entroniza como uno de sus valores superiores el pluralismo político; que impone el respeto a los representantes elegidos por sufragio universal en cuanto poderes emanados de la voluntad popular, no resulta congruente una interpretación de la obligación de prestar acatamiento a la Constitución que antepone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata, se olvida el mayor valor de los derechos fundamentales (en concreto, los del art. 23) y se hace prevalecer una interpretación de la Constitución excluyente frente a otra integradora”. Sin embargo, esto da lo mismo porque ahora va de represión y donde dije digo, digo Diego.
Otro tanto ocurre cuando se pretende privar de la condición de diputados a los electos, en este caso a los electos catalanes, porque este tema ya fue en su día resuelto por el propio Tribunal Supremo que ahora está llamado a resolver la disputa existente respecto de los eurodiputados electos.
Cuando el Tribunal Supremo hacía derecho dijo: “Quienes no consideren acorde con su ideología prestar acatamiento no pierden por ello su condición de electos ni, por tanto, producen vacante en la Cámara, tan sólo quedan temporalmente privados, hasta cumplir el trámite, de las prerrogativas inherentes al cargo... El electo, conforme a ello, es diputado o senador pero privado de todos aquellos honores, beneficios, prerrogativas, prebendas, fueros... que el propio Reglamento concede y exento también de los deberes que el cargo impone”.
Al respecto, decía Santaolalla López que: “Independientemente de los factores políticos que hayan podido propiciarla, se trata de una medida difícil de comprender (...) muy especialmente por aplicarse a unas elecciones de un órgano supranacional como es el Parlamento Europeo y donde, por tanto, las Constituciones de los Estados miembros son más bien un factor irrelevante. De exigirse algún acatamiento debería haber sido a la ‘Constitución comunitaria’. Una vez más se ha olvidado que se está legislando en virtud de unas facultades delegadas por la Comunidad Europea y para una institución extraña al Estado nacional”. Claro, qué sabía Santaolalla de derecho.
Algo parecido ocurre con las comunicaciones que deben hacerse entre las autoridades electorales nacionales y el Parlamento Europeo; hasta ahora, regía una forma de hacerse y, en el caso catalán, se ha gestado un nuevo mecanismo que, sin pudor, se aparta incluso de aquello que el propio Parlamento Europeo les reclamaba, tema que ha explicado muy bien Elisa Beni.
En realidad, podemos analizar paso a paso lo sucedido hasta ahora pero si nos apartamos un poco de los árboles comprenderemos que el bosque al que nos enfrentamos es mucho más siniestro de lo que pensamos y, cosa que pocos quieren ver, en una floresta de estas características hoy se podrán perder los catalanes pero mañana, cualquiera que sea incómodo al sistema. Porque esto no va de independentismo sino de democracia.