Algunas de las anomalías democráticas que estamos viendo en los últimos años amenazan seriamente con arrastrar el sistema por unos derroteros de los que difícilmente se puede luego salir.
Si la judicialización de la política ya representó un serio error y una anomalía sistémica, el espionaje político lo es aún más y sus consecuencias habrán de ser asumidas por todos, pero, especialmente, por quienes lo han practicado, por quienes lo han tolerado y por quienes hasta lo han blanqueado.
Las investigaciones penales, cuando se cumplen determinados criterios muy estrictos, pueden afectar a derechos fundamentales o, mejor dicho, enervar la protección reforzada que se otorga a determinados derechos, entre los que se encuentra el derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad.
Cuando no se dan esos criterios, o no se cumplen los requisitos que legal y jurisprudencialmente se han establecido para ese tipo de actuaciones, la medida que lo haya acordado dejará de tener respaldo legal, devendrá nula de pleno derecho y, también, el resultado de lo obtenido a través de la enervación de esos concretos derechos fundamentales.
En la guerra sucia contra el independentismo las barreras de la legalidad han sido brutalmente traspasadas y la sanción de nulidad no es bastante para reparar la vulneración ni el daño causado.
Lo que estamos viendo publicado un día sí y otro también no es más que la punta del iceberg de una guerra sucia, postmoderna, del Estado contra quienes considera sus enemigos y, siendo así, lo que no deja de sorprender es el cómo algunos salen en defensa de ello, lo califican de periodismo de investigación, lo blanquean y, además, se permiten dar lecciones morales cuando no hay mayor inmoralidad que la que estamos viendo y padeciendo.
Los teléfonos se han transformado en una suerte de alter ego de cada uno de nosotros y de ello son conscientes los aparatos represivos del Estado, por lo que, en esa misma medida, se han transformado en objetivo de cualquier tipo de procedimiento por más absurdo que sea. Así lo hemos visto en Volhov, pero también lo vimos un año antes con mi propio teléfono profesional y, seguramente, en breve lo veremos con los teléfonos de muchos que, si bien no han sido incautados, sí han sido directamente hackeados con la aplicación Pegasus.
Pegasus, diga lo que diga su publicidad, no ha sido utilizado para perseguir a delincuentes, sino para espiar a los opositores políticos.
Existen líneas rojas que cuando un sistema las traspasa ya todo es esperable, pero, sobre todo, que implican, necesariamente, el que dicho sistema deje de poder ser considerado como democrático
Sobra explicar a estas alturas el nivel de penetración en la intimidad que tiene tal aplicación, pero igual es hora de comenzar a pensar en cuántas personas se han visto directa e indirectamente afectadas por tan ilegal como inmoral técnica de espionaje político.
Sí, es simplemente espionaje político, porque debe tenerse presente que nada de lo que se obtiene con Pegasus resiste el filtro de legalidad para ser incorporado a un proceso penal y, además, de todo lo espiado nada ilegal se ha encontrado porque nada ilegal se ha cometido.
Afectados directos somos todos aquellos cuyos teléfonos han sido hackeados; afectados indirectos son todos aquellos que en algún momento han mantenido comunicaciones con los directamente afectados porque las mismas también han sido interceptadas. Más temprano que tarde, saldrán a la luz todas esas comunicaciones ya que ese y no otro es el objetivo del uso de Pegasus: espiar y destruir reputacionalmente a los enemigos y una guerra así siempre tiene daños colaterales.
Aquellos que hoy hacen bandera, no la propia sino la de quien les paga, sobre el contenido de uno u otro teléfono igual deberían pensar el cómo abordarán el tema cuando el contenido que se comience a divulgar sea el de ellos mismos.
Existen líneas rojas que cuando un sistema las traspasa ya todo es esperable, pero, sobre todo, que implican, necesariamente, el que dicho sistema deje de poder ser considerado como democrático.
Que por intereses políticos o editoriales se justifiquen este tipo de actuaciones dice muy poco de quien lo justifica… o, tal vez, igual dice demasiado.
Como digo, el espionaje político es un arma no solo ilegal e inmoral sino tremendamente peligrosa que hará saltar por los aires muchas cosas, pero, sobre todo, el propio sistema al que, supuestamente, pretende defender con tan abyecto como ilegal método represivo.
El espionaje político no es una cuestión unidireccional sino multifocal que afectará a muchos. Al New York Times le filtraron ―ahí no hubo investigación―, por ahora, un dossier de más de 700 páginas obtenidas del móvil del Dr. Alay y día a día vemos cómo se va publicando su contenido, que, como dice el fiscal, no es delictivo sino político.
La manipulación del contenido de ese móvil se evidencia en la extensión del dossier filtrado a New York Times y demás medios; si fuese un volcado no manipulado, estaríamos hablando de varios miles de páginas y solo hay 700.
No solo se está revelando los datos, estrategias y contactos de los políticos afectados sino, además, vulnerando el secreto profesional de abogados y periodistas
En cualquier caso, el problema no es el móvil del Dr. Alay sino el contenido de otros muchos, muchos móviles a los que también han tenido acceso los mismos delincuentes… De esos móviles saldrán muchas cosas y veremos cuál es la reacción de quienes hoy colaboran con y/o blanquean a los perpetradores de tan grave actuación.
Pensar que aquí el único afectado es el Dr. Alay es no pensar y, seguramente, ante tan absurdo como infantil comportamiento cabe plantearse una serie de preguntas, pero que las concreto en estas tres:
¿Ha pensado algún descerebrado periodista, si es que se le puede llamar así, que cualquier día aparecen sus conversaciones con quienes le marcan la pauta editorial o le filtran datos para sus artículos?
¿Han pensado algunos “periodistas” u “opinólogos” que sus propias fuentes quedan comprometidas con este tipo de espionaje?
¿Ha pensado algún concreto político que cualquier día aparecen sus propias conversaciones en las que pacta lo que niega haber pactado?
Podríamos ahondar mucho en relación con lo que, más temprano que tarde, terminará saliendo, pero sí decir que el espionaje político no solo afecta al secreto de los políticos sino también al de todos, absolutamente todos aquellos que se han relacionado con esos concretos y espiados políticos… téngase presente que no solo ha sido espiado el Dr. Alay, somos muchos más los afectados.
Dicho más claramente, no solo se está revelando los datos, estrategias y contactos de los políticos afectados sino, además, vulnerando el secreto profesional de abogados y periodistas, todos los cuales, por una u otra razón, nos hemos relacionado con los políticos espiados. Cuando comiencen a salir los contenidos de otros móviles, veremos cómo aquí no había “zonas grises” sino simplemente delitos cometidos por quienes se han dedicado a espiarnos a todos.
Pensar, o hacer creer, que el problema es el contenido del teléfono del Dr. Alay o del de cualquiera de nosotros es ayudar al delincuente a encubrir sus actuaciones porque el problema no son esos contenidos sino el que sobre esos dispositivos se haya y esté practicando un espionaje político.
En resumen, y a diferencia de lo que quieren hacer creer algunos, la cosa no va de rusos, sino de espionaje político.
Por ello, más temprano que tarde, la intimidad de todos los perseguidos, y de quienes con nosotros se han relacionado o comunicado, terminará saliendo a la luz y, entonces, ya será tarde para ponerse en el lado correcto de la historia, de la ética y de la ley.