La financiación “singular” ha vuelto al centro del debate catalán con esa mezcla de urgencia y cansancio que acompaña los asuntos estructurales: todos sabemos que es decisiva, todos intuimos que el marco en el que se discute está diseñado para no tocar el nervio y, aun así, se nos invita a celebrarla como si fuera la gran estación de llegada. Conviene hacer un esfuerzo de higiene intelectual. La financiación no es, en primer término, una discusión de cifras; es una discusión de poder. Y si no se entiende así, se cae en la trampa más antigua: confundir un ajuste en el reparto con un cambio en la soberanía, confundir una concesión administrativa con un reconocimiento político.

Una comunidad política que decide políticas públicas debe poder financiar esas decisiones con responsabilidad. Ese es el principio básico de cualquier democracia adulta: quien gasta debe poder recaudar y responder ante su ciudadanía por lo recaudado y por lo gastado. Cuando esa conexión se rompe, el autogobierno se convierte en una delegación tutelada. Se mantienen competencias que absorben el coste social y político —sanidad, educación, servicios sociales—, pero se limitan los instrumentos fiscales que permitirían sostenerlas con suficiencia, previsibilidad y proyecto. El resultado es una autonomía que administra, pero que realmente no gobierna; que gestiona el día a día, pero no dispone del volante. Y, sobre todo, una autonomía a la que se le exige rendición de cuentas por servicios que dependen, en parte decisiva, de un marco de ingresos que no controla.

Por eso, cuando se invoca la “singularidad”, la primera pregunta no debería ser cuánto dinero “más” llega o cómo se ajusta un índice u otro, sino qué cambia en la arquitectura del poder fiscal. ¿Quién recauda? ¿Quién gestiona? ¿Quién inspecciona? ¿Quién dispone? ¿Quién define la política tributaria, aunque sea dentro de límites razonables? ¿Quién asume la responsabilidad política y democrática completa de un sistema, en vez de sobrevivir mediante transferencias y negociaciones periódicas? Si la singularidad no se traduce en capacidad real de decisión, corre el riesgo de convertirse en un adjetivo útil para todo y eficaz para nada: lo bastante ambiguo como para que cada parte venda su victoria y lo bastante vacío como para que el centro conserve lo esencial.

El Estado ha aprendido una técnica retórica eficaz para neutralizar este argumento: cuando se menciona el déficit fiscal se acusa de insolidaridad

En Catalunya este debate tiene un telón de fondo que se intenta convertir en tabú: el déficit fiscal. No hace falta convertirlo en una cifra fetiche ni en una pancarta: basta con reconocer que hay un saldo persistente entre lo que se aporta y lo que se recibe en forma de gasto e inversión, y que ese saldo —sea cual sea el método concreto con que se mida— condiciona la capacidad de país para invertir, mantener infraestructuras, sostener servicios públicos al nivel que su propia economía y su demografía exigen y planificar políticas de futuro sin vivir en la precariedad presupuestaria. El Estado ha aprendido una técnica retórica eficaz para neutralizar este argumento: cuando se menciona el déficit fiscal se acusa de insolidaridad. Se desplaza así el debate de la democracia a la culpa moral, del diseño institucional a la sospecha ética. Pero solidaridad no es sumisión financiera indefinida. Solidaridad, en una democracia, debe ser transparente, limitada, proporcional y pactada. Debe poder explicarse sin vergüenza y sin chantaje, y debe permitir que quien aporta conserve capacidad de decisión sobre su propio modelo social. Una solidaridad que se decide unilateralmente, que carece de límites claros y que se convierte en estructura permanente, deja de ser solidaridad para transformarse en subordinación.

El espejo que desnuda el debate es evidente: en el mismo Estado existen regímenes donde la recaudación y la gestión fiscal están vinculadas a una responsabilidad política propia. Es decir, no estamos ante una imposibilidad técnica, sino ante una negativa política. El problema de fondo no es si se puede diseñar un marco que acerque a Catalunya a un modelo de responsabilidad fiscal plena; el problema es si el Estado está dispuesto a admitir que Catalunya actúe como sujeto con capacidad real de decisión. Y esta es la clave: la discusión fiscal es, en realidad, una discusión sobre reconocimiento. Se toleran singularidades cuando se interpretan como diferencias administrables; se combaten cuando se perciben como afirmación de soberanía. La financiación singular, si se presenta como un simple retoque, puede ser digerible para el Estado. Si se entiende como paso hacia una Hacienda propia real —con capacidad efectiva de recaudar, gestionar, planificar e inspeccionar—, se convierte, para muchos, en un desafío.

Por eso, hay que vigilar otra trampa frecuente: el fetichismo de las estructuras sin competencias. Hablar de reforzar la administración tributaria catalana es razonable y necesario, pero no basta con el edificio si no hay llaves. Una Hacienda propia no es un logo ni una ventanilla; es información completa, capacidad inspectora y normativa, control de la recaudación de los tributos relevantes, ejecución real y, sobre todo, la posibilidad de que la ciudadanía sepa con claridad quién decide y a quién exigir responsabilidades. Sin eso, el sistema seguirá siendo el mismo con una capa de pintura: Catalunya continuará asumiendo el coste político del gasto esencial y seguirá dependiendo de negociaciones que, por definición, están sometidas al ciclo electoral, al juego de mayorías y a la voluntad del centro. Y si algo ha enseñado la experiencia es que la voluntad del centro no es un recurso estable: es una variable.

La pedagogía que toca hacer es incómoda porque obliga a desmontar el marco mental dominante. Soberanía fiscal no es privilegio. Es normalidad democrática. Lo anómalo es lo contrario: contribuir estructuralmente sin disponer de un instrumento estable de decisión y tener que rogar cada cierto tiempo lo que debería estar garantizado por diseño. Lo anómalo es que el debate se reduzca a porcentajes, a fondos, a compensaciones, como si la política fuese contabilidad, cuando en realidad la contabilidad es la huella del poder político. Y lo anómalo es que se pretenda cerrar el conflicto nacional con acuerdos presupuestarios, como si el problema fuese una tarifa y no un sujeto político.

Dicho esto, también conviene señalar un hecho igual de relevante: en Catalunya existe un tipo de discurso que se alimenta del conflicto, pero no tiene interés en resolverlo. Hay actores que no se sientan en estos debates porque la complejidad no les sirve, de hecho, no están ni capacitados para entenderla; porque donde hay arquitectura institucional y negociación técnica hay también responsabilidad, y la responsabilidad estorba al electoralismo, sea un populismo de izquierda o de derecha. Su negocio es otro: convertir el malestar en identidad cerrada, el agravio en munición y la discusión seria en caricatura. Cuando se habla de financiación, de poder fiscal, de mecanismos solidarios transparentes, de diseños estables y verificables, no están. Ni se los espera. No porque el tema sea menor, sino porque un proyecto de país exige paciencia, técnica, construcción institucional y voluntad de solución; y eso no genera réditos inmediatos para quien vive de la simplificación permanente, de la agitación y del “nosotros contra todos” como única propuesta.

Ese tipo de política, además de estéril, es dañina: degrada el debate público, destruye puentes sociales internos y reduce la idea de independencia a una pulsión emocional sin plan, sin instrumentos y sin horizonte de gobernanza. La independencia, si pretende ser algo más que un grito, necesita exactamente lo contrario: capacidad de construir instituciones, de explicar con rigor, de diseñar un modelo fiscal viable, de articular una solidaridad justa y limitada, y de sostener una estrategia de largo aliento que no se derrumbe ante cada ciclo mediático. Quien solo busca la chispa electoral no puede liderar un debate que exige conocimientos técnicos, ingeniería política y una ética de la responsabilidad. Y, sin embargo, conviene decirlo sin complejos: este debate no se ganará con consignas, sino con credibilidad técnica y coherencia democrática.

El riesgo, por tanto, es doble. Por un lado, que la “singularidad” se use como anestesia: un acuerdo presentado como histórico que, en realidad, mantiene intacto el núcleo del poder fiscal y solo reordena la periferia. Por otro, que el debate se ensucie hasta volverse irreconocible, colonizado por quienes no quieren resolver nada porque su proyecto depende de que nada se resuelva. Frente a ambos riesgos, una posición coherente debe ser exigente y, a la vez, responsable: no dar por bueno un acuerdo como el alcanzado entre ERC y el PSOE —porque es un planteamiento equivocado de base—, sino valorar cualquier mejora concreta únicamente como un paso táctico, sin confundirla con el cambio estructural de paradigma que Catalunya necesita.

Ese criterio es simple: ¿Catalunya saldrá de este proceso con más capacidad efectiva de decidir, o solo con un reparto ligeramente menos injusto? Si la singularidad implica recaudar y gestionar de forma sustantiva, asumir responsabilidad fiscal, pactar un mecanismo solidario transparente y verificable, y ganar estabilidad institucional —es decir, dejar de vivir en la negociación permanente—, estaremos ante un cambio con sentido. Si, en cambio, todo queda en fondos, en porcentajes variables, en promesas de inversión y en comisiones bilaterales que dependen del clima político, estaremos ante otra vuelta del mismo carrusel: Catalunya celebrando el adjetivo mientras otros conservan el sustantivo.

La pregunta final no es si llega “más” o “menos” dinero el año que viene. La pregunta es si se está construyendo un marco que permita a la ciudadanía catalana decidir su modelo social y económico con instrumentos reales, y exigir responsabilidades a un gobierno que, por fin, tenga la llave de la caja. Sin eso, la financiación seguirá siendo el mecanismo más eficiente de subordinación política: una forma sofisticada de mantener el conflicto bajo control sin reconocer al sujeto que lo origina. Y, mientras tanto, habrá quien viva cómodamente en el ruido, esperando que la frustración alimente su próximo escaño; y habrá también sectores que, con una displicencia interesada, concedan a ese ruido una pátina de legitimidad porque les conviene no solo el espectáculo, sino el desgaste que provoca en las alternativas políticas serias. Ese es, precisamente, el tipo de país que no se construye.