La judicatura española considera que pedir el nivel B2 de catalán para trabajar en Cataluña es una exigencia “demasiado alta”. El Ayuntamiento de Vic había puesto como requisito tener este nivel de conocimiento de la lengua catalana para una plaza de mantenimiento del cementerio municipal. Y, como suele pasar, en la sentencia judicial el magistrado añade un comentario con carga política: según el juez, el hecho de pedir el B2 (que es el nivel intermedio de un idioma) “genera una barrera de acceso” con “efecto excluyente para las personas que no pueden acreditar este nivel”. Este “efecto excluyente” es la clave. En primer lugar, porque habla de “efecto”, es decir, no de algo constatable, sino un efecto, un concepto más subjetivo y próximo a una sensación que no a un hecho jurídico objetivable. A su señoría, pues, le hace el efecto, no puede demostrar, tiene la impresión, no puede constatar, que el consistorio vigatano redactó este requisito con la voluntad de excluir.

Y aquí está el segundo factor destacado, la exclusión. Afirmar que pedir el B2 es para procurar la exclusión a modo discriminatorio tiene, también, un mensaje político innegable. Por la misma regla de tres, cualquier requisito del mundo debe ser considerado una exclusión para quien no lo tenga. Para ser bombero hay que tener el carnet de conducir camiones, y nadie lo interpreta como una voluntad expresa de discriminar a quienes no lo tenemos, sino que, más bien, es una condición necesaria para poder desarrollar correctamente el oficio de bombero. El juez viene a decir, pues, que pedir el B2 de catalán para trabajar en Cataluña es una exigencia hecha expresamente para discriminar a los no catalanohablantes. Por cierto, no sé si a la hora de redactar la sentencia, el magistrado era conocedor de que haber cursado ESO en Cataluña ya conlleva tener este nivel requerido.

¿El PP vería con buenos ojos que se exigiera el B2 de catalán para los recién llegados que lleguen a Cataluña?

Esta semana, Alberto Núñez Feijóo, presentó las propuestas del PP en materia de inmigración. Lo hizo, curiosamente, en Barcelona. Y de todas las medidas propuestas, destaca una sobre las demás: uno de los requisitos para obtener la nacionalidad española debe ser tener el B2. Pero de castellano. Feijóo quiere que se acredite un B2 de castellano para que sea "un premio al esfuerzo y a la integración real, y no una simple gestión burocrática". De manera milagrosa, pues, en este caso, exigir el B2 se convierte en un símbolo ahora inclusivo y que integra. A todo esto, a nadie se le escapa tampoco que el objetivo último de esta propuesta del PP es la de priorizar la inmigración proveniente de América Latina y que, en el caso de Catalunya, puedan tener suficiente con el castellano y no tener la necesidad de conocer el catalán.

Porque si exigir el B2 de castellano es inclusivo e integrador, y -por contra- exigir el B2 de catalán es excluyente, es evidente entonces, que la auténtica discriminación y agravio es -una vez más- hacia el catalán. Exactamente lo mismo que pasó con Podemos y las competencias en inmigración y su delegación a la Generalitat: si la misma competencia ejercida desde la Moncloa por el PSOE es correcta, pero si se ejerce desde la plaza Sant Jaume por el PSC es racista, el único elemento distintivo es el hecho catalán, y por lo tanto la discriminación y la catalanofobia son evidentes. Con el caso del B2 pasará lo mismo: ¿el PP vería con buenos ojos que la exigencia del B2 para obtener la nacionalidad española fuera extensiva al B2 de catalán para integrar mejor a aquellos recién llegados que quieran vivir y trabajar en Catalunya? Y, en el caso judicial, a partir de ahora, ¿en todos los lugares donde se exija el B2 de castellano, un juez tumbará las oposiciones por considerar que es una exigencia demasiado alta y que excluye? Lo peor de todo es que, lamentablemente, ya sabemos la respuesta.