Puigdemont ha asumido que los tribunales españoles siempre tendrán la última palabra sobre su destino y que están muy decididos a impedir su regreso y, a poder ser, a encarcelarlo. Es una cuestión de Estado, no de gobierno.

La amnistía ha sacudido no solo la política, sino el núcleo duro del Estado como nunca había pasado. La ley de amnistía es un pronunciamiento parlamentario que lleva implícito un auténtico mea culpa del Estado. Sin embargo, el Estado, el núcleo duro del Estado, no solo se niega a aceptarlo, sino que, sin ningún escrúpulo democrático, se declara de facto en rebeldía respecto de la voluntad democráticamente expresada de la mayoría. Esto es un golpe de Estado en el concepto desarrollado por el jurista austríaco Hans Kelsen, “cuando el orden jurídico de una comunidad es anulado y sustituido ilegítimamente por otro nuevo”.

La amnistía a Puigdemont y a los centenares de represaliados del procés ya no depende de Pedro Sánchez, como tampoco depende de él la oficialidad del catalán en Europa o el traspaso de competencias en inmigración que ha boicoteado Podemos con argumentos catalanófobos. Dado que lo que falta por cumplir del acuerdo de Bruselas no puede resolverlo Sánchez, Junts per Catalunya no ve sentido a figurar como aliado de un Gobierno impotente y que, además, hace aguas por todas partes. La conclusión es hasta cierto punto lógica, pero falta por definir cuál será a partir de ahora la estrategia de JxCat si no quiere establecer acuerdos con el PSOE ni tampoco con el PP.

Puigdemont ha roto con Sánchez porque ya ha asumido que la amnistía no depende de él, sino de los jueces, que están muy decididos a impedir que se aplique

La ruptura de Junts deja al Gobierno de Pedro Sánchez en minoría, un escenario que, en circunstancias normales de un país democrático, abocaría a unas elecciones anticipadas. Pero España ha dejado de ser un país normal y Pedro Sánchez se mueve como pez en el agua en un equilibrio inestable permanente.

El equilibrio inestable se caracteriza por su vulnerabilidad. Se desmorona con cualquier perturbación, por pequeña que sea. Ahora mismo Pedro Sánchez recuerda la imagen de un surfista: de pie sobre la tabla, nunca está completamente en reposo, el agua se mueve, el viento sacude, la tabla oscila, el cuerpo debe corregir constantemente la posición..., pero al final siempre acaba cayendo.

El actual líder socialista español ha demostrado que tiene más vidas que un gato, pero lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. No podrá aprobar ninguna ley y no tendrá presupuestos y será sometido a un asedio constante, también por la oposición, pero sobre todo por los tribunales, que se la tienen jurada, como demuestra la obsesiva persecución de su mujer, de su hermano; la implacabilidad con la que se mantiene a Santos Cerdán en la cárcel; el asedio al fiscal general del Estado, que es un acto vengativo de sus colegas también por la amnistía. Solo faltaba la orden del Supremo para que la Audiencia investigue si ha habido financiación ilegal del Partido Socialista. Efectivamente, Pedro Sánchez está acorralado.  

Si Sánchez convoca elecciones, lo peor no sería perderlas, sino que un juez ordene su ingreso en prisión

En estas circunstancias, mantenerse en el poder supondría alargar la agonía previa al desenlace fatal, pero Sánchez no se va a dar por vencido con antelación. Tras el desplante de Junts, el Ejecutivo ha respondido que igualmente presentará su proyecto de presupuestos. Evidentemente no podrá aprobarlos, porque al menos le faltarán los votos de Podemos, de Junts y, posiblemente, también de Esquerra Republicana, a menos que el diputado Rufián convenza a Junqueras de lo contrario. Podemos no votará los presupuestos porque se ha instalado con rencor en la posición del no a todo. Los grupos catalanes no podrán aprobarlos porque, como todo el mundo sabe —y es profecía—, no habrá financiación singular ni nada que se le parezca.

Aun así, Sánchez presentará unos presupuestos que llevarán implícita una “lluvia de millones” para todos, y especialmente para Catalunya y Andalucía. No habrá concierto económico, pero también será difícil para JxCat renunciar a semejante millonada. Y junto con ello, Sánchez hará un discurso escorado a la izquierda que supondrá de facto la presentación de su programa electoral. No hace falta decir que el PSOE solo puede ganar votos por su izquierda, y la teoría del voto útil será esta vez el argumento más claro y convincente ante la inutilidad demostrada por Sumar y Podemos.

Sánchez ha logrado cambiar la tendencia hace apenas unas semanas, gracias sobre todo a ponerse al frente de las manifestaciones en solidaridad con el pueblo palestino y plantar cara a Donald Trump rechazando las exigencias del presidente de Estados Unidos de elevar el gasto militar hasta el 5%. Todo eso está muy bien, pero dura lo que dura, y el presidente español se ha creado nuevos y poderosos enemigos, bien dispuestos a ayudar a quienes quieren sustituirlo.

La política española entra en campaña electoral permanente a partir de las elecciones al Parlamento de Extremadura convocadas para las vísperas de Navidad. Carlos Mazón parece que dimitirá o convocará elecciones la próxima semana. Castilla y León celebrará elecciones en marzo, si no antes, y Andalucía, como mucho, en junio. En todos estos comicios la derrota de los socialistas está prácticamente asegurada, lo que dejaría a Sánchez exangüe de cara a las generales.

Todo ello hace tambalear la primera idea de Sánchez de llegar como sea a 2027, pero ya no está nada claro que el tiempo juegue a su favor. Es cierto que circulan análisis que prevén a largo plazo la posibilidad del sorpasso de Vox al PP, lo que beneficiaría electoralmente al PSOE, pero quienes, desde dentro y desde fuera del país, quieren descabalgarlo no van a quedarse de brazos cruzados, sino que atizarán las conspiraciones hasta hacerle la vida imposible.

No hace falta creer al pie de la letra el último barómetro del CIS que otorgaba quince puntos de ventaja al PSOE sobre el PP, pero todas las encuestas señalan una tendencia al alza de los socialistas y a la baja de los populares, con Vox segándole la hierba bajo los pies a la candidatura de Alberto Núñez Feijóo. Esto significa que, rascando votos por la izquierda y con la ayuda de Vox y de la ley D'Hondt, Sánchez tiene hoy por hoy muchas posibilidades de lograr que el PSOE sea, a diferencia de lo ocurrido en 2023, la lista más votada… o con más escaños.

Pero ya sabemos que ser la lista más votada no asegura la gobernabilidad. La batalla es entre bloques, y todas las encuestas —salvo la del CIS— siguen previendo que PP y Vox sumarán mayoría, sobre todo por culpa de Sumar y Podemos, incapaces de articular una candidatura conjunta. Así que el riesgo de convocar elecciones es muy grande para Pedro Sánchez. El riesgo no es perder las elecciones: con un fiscal general de extrema derecha y unos tribunales escorados, el riesgo que corre Pedro Sánchez es acabar en prisión. La única ventaja que tiene es poder pulsar el botón electoral antes de que lo maten —políticamente hablando, claro.