La exclusión de Catalunya de la evaluación trianual del rendimiento educativo de los países (PISA) que elabora la OCDE debe considerarse un grave fiasco con sello catalán. Como es archiconocido, el país no entrará en la comparativa internacional porque se excluyó el 23,2 % de los alumnos seleccionados, cuando el máximo que permite la OCDE es el 5 %. Con esta distancia respecto a la exclusión permitida (una cifra imposible de maquillar), los resultados catalanes no eran comparables con los de los demás países y, por tanto, no se podían considerar. La exclusión adquiere gravedad si se tiene en cuenta que los resultados PISA de las últimas ediciones traían malas noticias sobre el nivel formativo en los tres ámbitos de conocimiento que se evalúan (matemáticas, lectura y ciencias).
En la última edición del PISA, correspondiente a 2022, Catalunya se situó en puntuación por debajo de los niveles alcanzados por el conjunto de España, por el conjunto de la UE y por el conjunto de la OCDE. En aquel año ocupó la decimocuarta plaza entre las 17 comunidades autónomas, muy por debajo de las mejores (Castilla y León, Asturias, Cantabria, Madrid...) y también de las de la cola, como las hermanas Comunitat Valenciana e Illes Balears.
La caída de puntuaciones es bastante general, pero la de Catalunya es especialmente grave. Entre 2003 y 2015 los resultados fueron relativamente estables, alrededor de 490-500 puntos; entre 2015 y 2018 comenzó un deterioro, sobre todo en lectura; y en 2022 se produjo una caída fuerte en los tres ámbitos, de forma que hemos pasado de estar aproximadamente al nivel medio de la OCDE a quedar claramente por debajo de la media en los tres ámbitos que se consideran. Quizás no hace falta plantearse llegar a los niveles de matemáticas que tienen en Singapur, Japón o Corea, pero sí que resulta muy preocupante el nivel de 2022 y, aún peor, la dinámica en la que estamos instalados y que lamentablemente no podremos contrastar porque no disponemos de datos fiables para 2025. Sin embargo, en plenos síntomas de empeoramiento, es una pena no poder tener los resultados, justo cuando más falta hacía saber si las políticas adoptadas después de los malos resultados anteriores comenzaban a funcionar. El termómetro se ha roto.
El Departament d’Educació ha vendido el problema como "incidencia técnica", presuntamente provocada por la coincidencia de PISA con otras pruebas y por una confusión en los criterios de exención. Es una explicación administrativa posible, pero los administrados agradeceremos que se nos den detalles sobre cómo es posible que casi uno de cada cuatro alumnos seleccionados desaparezca de una muestra internacional. Puede ser un error de protocolo, pero es un auténtico fracaso en términos de mecanismos de supervisión. La sucesión de justificaciones ofrecidas hasta ahora resulta claramente insuficiente.
Cuando un sistema falla de la manera que ha fallado, quien es responsable políticamente debería asumir las consecuencias, sean cuales sean, por responsabilidad institucional
Se ve que la consellera de Educació ha prometido depurar responsabilidades, una promesa razonable pero pobre. La primera responsabilidad en una administración no consiste en descubrir quién marcó una casilla equivocada; consiste en garantizar que el sistema impida que una casilla equivocada inutilice una de las principales herramientas de diagnóstico educativo del país.
La paradoja es especialmente incómoda para un Govern que ha hecho de la buena gestión su principal carta de presentación. Si el problema fuera simplemente que un funcionario confundió dos protocolos, la solución sería sencilla: corregir el protocolo. Pero si ningún mecanismo detectó que la tasa de exclusión cuadruplicaba el límite internacional, si las alertas no llegaron a quien tenía que tomar decisiones y si la información se mantuvo durante meses en un circuito administrativo opaco, entonces el problema es de dirección.
Catalunya no necesita otro debate sobre si PISA es una prueba perfecta, que seguramente no lo es. Tampoco necesita una nueva guerra sobre quién tiene la culpa entre Madrid, Barcelona, los centros o los técnicos. Lo que necesita es una administración capaz de medir qué funciona, reconocer qué falla y actuar antes de que el error se convierta en escándalo, cosa imposible en este caso, a estas alturas.
Catalunya ha perdido la oportunidad de tomar el pulso a su sistema educativo, pero el mismo departamento debería evaluarse a sí mismo. Esta es la paradoja de un departamento que pide a los centros, a los maestros y a los alumnos que sean evaluados constantemente, mientras se resiste al propio escrutinio. Y es aquí donde la cuestión deja de ser técnica y se convierte en política. Cuando los maestros protestan, los resultados empeoran y los mecanismos de evaluación fallan, no se puede responder a cada problema como si fuera una carpeta independiente.
Que el grave incidente administrativo y político se haya producido en un ámbito socialmente tan fundamental y estratégico como es la educación, el fundamento del futuro económico y social de Catalunya, pone los pelos de punta; mucho más que conocer los resultados concretos del PISA 2025 por preocupantes que hubieran podido ser. Es evidente que la dirección política tiene un nombre.
Niubó no es una jefa de oficina encargada de revisar personalmente cada formulario, precisamente para eso existen los equipos directivos. Pero cuando un sistema falla de la manera que ha fallado, quien es responsable políticamente debería asumir las consecuencias, sean cuales sean, por responsabilidad institucional. La consellera puede argumentar que la investigación todavía no ha terminado, pero precisamente por eso corresponde al Govern garantizar que esta investigación se haga sin que la responsable política del sistema sea a la vez quien tenga que defender públicamente la gestión.