La política migratoria del presidente de los EE.UU., Donald Trump, ha entrado en una nueva fase: los Estados Unidos ya no solo deportan a migrantes a sus países de origen, sino también a países con los que no tienen ningún vínculo. Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, más de 25.000 migrantes, refugiados y solicitantes de asilo han sido enviados a terceros países, según una investigación conjunta coordinada por Forbidden Stories y en la que han participado 26 medios, entre ellos The Guardian y The Washington Post. La red incluye al menos 35 acuerdos y más de 410 millones de dólares comprometidos por la administración norteamericana.
Una red global de deportaciones
La fórmula es sencilla sobre el papel: si Washington no puede devolver a una persona a su país porque existe el riesgo de que sea perseguida o sufra daños, la traslada a un tercer Estado que acepta recibirla. Según los abogados de derechos humanos citados por The Guardian, esta fórmula permite a la administración esquivar en la práctica algunas de las garantías que impiden devolver directamente a una persona a un lugar donde corre peligro.
Unos 20.000 deportados han sido enviados a México y al menos 5.000 más han viajado en aviones hacia países de América Latina, África, Asia central y el Caribe. En algunos casos, sin embargo, los países receptores pueden acabar expulsando a estas personas hacia sus países de origen.
La política no es completamente nueva —la administración Trump ya la ensayó durante el primer mandato—, pero su escala sí lo es. Según The Washington Post, el gobierno ha comprometido al menos 410 millones de dólares —357,3 millones de euros— para facilitar los acuerdos, muchos de los cuales se han negociado con países africanos.
Dinero a cambio de aceptar deportados
Los incentivos económicos son una pieza central del sistema. Los documentos del Departamento de Estado revisados por The Washington Post muestran que Washington ha ofrecido millones de dólares a gobiernos y también ha canalizado fondos hacia organismos internacionales vinculados a los acuerdos.
En Camerún, por ejemplo, se reservaron 30 millones de dólares para apoyar operaciones de las Naciones Unidas a cambio de que el país aceptara hasta 1.000 migrantes. En la República Democrática del Congo se comprometieron 50 millones para facilitar la aceptación de hasta 2.000 personas. Los números de deportados enviados finalmente han sido muy inferiores a los pactados.
El sistema está dirigido desde la Casa Blanca por Stephen Miller, principal responsable de la política migratoria de Trump, y se gestiona a través de la nueva Oficina de Remigración del Departamento de Estado estadounidense. El nombre de la oficina ha generado controversia porque "remigration" es un término utilizado por movimientos de extrema derecha para referirse a la expulsión de población inmigrante.
No solo criminales
La administración Trump defiende que la prioridad son migrantes con antecedentes penales. Pero la investigación periodística ha documentado casos que no encajan con esta descripción. Entre las personas entrevistadas hay una enfermera procedente de Sierra Leona, un activista iraní contrario al régimen de Teherán y un hombre gay de Ghana que había huido tras ser perseguido por su familia. Algunos deportados aseguran no tener antecedentes penales y haber recibido protección de los jueces de inmigración porque existía un riesgo creíble de que sufrieran daños si eran retornados a su país.
Además, documentos del Departamento de Estado indican que una mayoría de los 35 países que han firmado acuerdos con Washington han establecido que no aceptarán migrantes con antecedentes de delitos violentos. La política, por lo tanto, no afecta únicamente a personas condenadas por delitos graves.
Una política cuestionada en los tribunales
La batalla no es solo política. Un tribunal federal de apelaciones ha dictaminado que el sistema de deportaciones a terceros países es ilegal porque no garantiza a los migrantes suficiente tiempo ni una oportunidad efectiva para impugnar su expulsión y exponer los riesgos que pueden afrontar en el país de destino.
El caso se remonta a una demanda presentada en 2025 por personas que denunciaban que podían ser enviadas a países donde corrían riesgo de sufrir persecución, tortura o incluso morir. Un juez federal ya había ordenado inicialmente detener los vuelos, pero el Tribunal Supremo permitió posteriormente que la política continuara mientras avanzaba el litigio.
La administración Trump prevé recurrir la nueva sentencia. "La política de deportación a terceros países continúa", afirmó James Percival, asesor jurídico del Departamento de Seguridad Nacional. El conflicto resume el debate de fondo: para Trump, la deportación es también una herramienta de disuasión. Para sus críticos, enviar personas a países con los que no tienen ninguna relación convierte la política migratoria en una cuestión de poder diplomático y dinero, mientras pone a prueba las garantías del sistema de asilo estadounidense.