La Comisión Europea ha anunciado esta semana a la empresa Glovo y Delivery Hero (propietaria mayoritaria de Glovo) una multa de 329 millones de euros porque entre 2018 y 2022, a pesar de ser competidoras, habían llegado a acuerdos ilegales para reducir la competencia en su sector. ¿Qué acuerdos? Reparto de mercados, intercambio de informaciones confidenciales, no contratar a personal del otro, no competir por los mismos trabajadores... Unas prácticas que están tipificadas como contrarias a la libre competencia, que es un principio sagrado en la economía comunitaria.

Aunque Delivery Hero tenía provisionada en sus estados contables una cifra superior a los 205 millones de euros que le tocará pagar, el importe de la multa es sustancial. Con respecto a Glovo, la sanción de 105 millones de euros se suma al largo historial de sanciones millonarias y litigios que va acumulando por otros motivos, la mayor parte en el ámbito laboral, tanto en España como en Italia, Portugal, Polonia, Brasil o la Argentina, incluso en algún país africano.

Glovo nació en 2015 en Barcelona como una empresa emergente, de las llamadas startups, en este caso a partir de tecnologías de la información para prestar un servicio tan elemental como la entrega a domicilio de manera rápida (básicamente comida, pero no exclusivamente). El proyecto recibió la bendición de los inversores de capital riesgo, que vieron una buena oportunidad de negocio. También por parte de una empresa que ya estaba en el sector, como la alemana Delivery Hero. Glovo creció de manera espectacular no solo en España (la covid-19 ayudó), sino también en mercados europeos y latinoamericanos, hasta llegar a operar en una veintena de países. Mientras crecía en actividad, sus pérdidas también lo hacían, con valores de centenares de millones anuales.

En 2021 Delivery Hero valoró Glovo en 2.300 millones de euros y compró el 80% de la empresa, no con dinero, sino con participaciones en la empresa teutona, que al cabo de poco perdieron más de la mitad de su valor. A pesar de la compra, Delivery Hero otorgó a Glovo autonomía operativa, mantenimiento de la marca y dirección en manos de las almas iniciales del proyecto, con el ingeniero aeronáutico Óscar Pierre al frente.

Glovo es una gran empresa: tiene más de 4.000 trabajadores directos y alrededor de 20.000 repartidores a domicilio. El historial de sanciones que acumula la compañía viene de estos últimos por el hecho de tener contratados repartidores como si fueran trabajadores autónomos sin relación laboral. Esta práctica contraviene la llamada Ley Ryder (de 2021), que prohíbe a los falsos autónomos. A remolque de eso, la empresa debe centenares de millones de euros al Estado en concepto de multas, de cotizaciones a la Seguridad Social pendientes, de vulneración de los derechos de los trabajadores, de contrataciones irregulares de extranjeros sin papeles y sin permiso de trabajo.

Uno se pregunta si no haría falta una removida general en este tipo de sectores que fuera orientada a asegurar que los que operan lo hacen respetando la legalidad más estricta en todos los ámbitos afectados

La ley Ryder española recibió hace poco más de un año el aval comunitario a través de la aprobación de una directiva que aclara la situación laboral de los trabajadores de plataformas de reparto de comida a domicilio. Se pretende así, a escala general europea, corregir lo que se considera un falso trabajo por cuenta propia y, al fin y al cabo, mejorar sus condiciones laborales. La directiva afecta a empresas tan conocidas en Europa como Just Eat, Uber o la misma Delivery Hero.

El caso Glovo es un paradigma de empresa con base tecnológica avanzada que se aplica a un servicio que intrínsecamente es de bajo valor añadido y que, a fin de que salgan los números, aplica todas las estratagemas posibles en el umbral de la legalidad, como los falsos autónomos, o directamente fuera de la legalidad, como el incumplimiento de la Ley Ryder o la contratación de personas sin permiso de trabajo. Hay más empresas que operan con este sistema, pero Glovo es el caso más conocido.

Curiosamente, en su día, los afectados (los falsos autónomos de Glovo) se quejaron de la Ley Ryder porque no querían dejar de ser autónomos. Preferían ganar ahora más dinero, que cobrar menos por culpa de tener que cotizar por unas pensiones de jubilación que quedan lejos en el tiempo. Y quién sabe si también quedan lejos de donde viven y trabajan actualmente, dado que los puestos de trabajo creados en este entorno les ocupan mayoritariamente extranjero, con predominio de pakistaníes. La empresa no encuentra repartidores entre la población catalana ni española. Vale a decir que, al lado de la demanda, el consumidor está encantado de poder comprar por internet y que le lleven la comida o lo que sea en casa, con el mínimo coste posible.

Con perspectiva económica y social más global, uno se pregunta si no haría falta por parte de las administraciones públicas una removida general en este tipo de sectores, que fuera orientada a asegurar que los que operan lo hacen respetando la legalidad más estricta en todos los ámbitos afectados. Y también haría falta otra removida en los sectores empresarial y sindical para pactar unos niveles salariales mucho más altos que los actuales. Porque si el pan con tomate o la pizza que nos lleva el repartidor a las 10 de la noche a casa salen un poco más caros, pues tocará pagarlo, que el servicio que te prestan y la comodidad tienen un precio. Y este tiene que ser justo... y legal.