Una pregunta que no sé si el presidente Pedro Sánchez se plantea: ¿cómo pasará a la historia política del Estado español? ¿Como un estadista de mirada larga que ha solucionado alguno de los temas estructurales mal regulados o irresolutos desde los tiempos de la Transición de hace medio siglo? ¿O como un presidente superviviente y tacticista, de corto recorrido, que no ha dejado ningún legado de entidad? De momento está mucho más cerca de la segunda imagen que de la primera. Pero todavía ejerce el cargo y, por lo tanto, dispone de algún tiempo en el que podría rectificar sus actuaciones institucionales, legislativas y ejecutivas para acercarse a un rol más de estadista que deje huella política para las generaciones futuras.
Hasta ahora el PSOE no se ha atrevido a hacer una política real de progreso ni en el ámbito del Estado en conjunto ni en el de las naciones minoritarias
Hay dos ámbitos en los que situar este potencial tránsito: el del Estado en su conjunto y el de las naciones minoritarias, sobre todo Catalunya. Hasta ahora el PSOE no se ha atrevido a hacer una política real de progreso en ninguno de estos dos ámbitos, es decir, a hacer reformas estructurales con vocación de futuro. Son sus dos cobardías estructurales.
Ámbito estatal. ¿Dónde queda la anunciada “regeneración democrática”? Entre el dicho y el hecho, entre los objetivos y las promesas anunciadas y los resultados obtenidos después de más de siete años de gobiernos del PSOE, hay un contraste bastante abismal. Algunos ejemplos de promesas incumplidas: reforma de la coloquialmente llamada ley mordaza y de la ley de secretos oficiales; la renuente desclasificación de los papeles del 23F de 1981; la reforma de las “cloacas” del Estado, utilizadas tanto por los gobiernos del PP como del PSOE en los espionajes ilegales (caso Pegasus); la reversión de los falsos informes y comportamientos mafiosos de la “policía patriótica” contra políticos catalanes y de otros territorios, que han quedado impunes; la reforma estructural y descentralización del poder judicial —especialmente de su cúpula, heredera del franquismo y experta en lawfare, procedimientos de nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo (TS), Tribunal de Cuentas, Consejo General del Poder Judicial, Tribunales Superiores Territoriales de Justicia, mantenimiento de la Audiencia Nacional (ex TOP)—, y abolición pendiente de más de 250 normas jurídicas franquistas consolidadas. Por no hablar de la reforma de instituciones que también muestran una gran continuidad con la dictadura (Policía Nacional, Guardia Civil) —en Barcelona, el PSOE ni siquiera se ha atrevido a reconvertir la nefasta comisaría de Via Laietana en un edificio de memoria histórica. Estos y otros ejemplos en los que el PSOE ha mostrado cobardía respecto a los poderes fácticos del Estado, incluida la monarquía —ni un matiz democrático sobre el vergonzoso discurso del rey del 3 de octubre de 2017—, y respecto al ámbito económico contrastan claramente con la propaganda de ser el “gobierno más progresista de la historia” y otras retóricas vacías similares.
Se podría aducir que la cobardía mostrada en el ámbito interno se equilibra con la “valentía” mostrada en algunos posicionamientos en el ámbito internacional (Gaza, Ucrania, no claudicación ante la imposición de Trump del 5% del PIB en defensa). Pero no. Se trata de posicionamientos que, de hecho, no comprometen demasiado y que tienen más que ver con la imagen que con cambios concretos. Además, en el mismo ámbito internacional el PSOE también muestra sombras que no tienen nada de progresistas, como el abandono del pueblo saharaui en manos de Marruecos, o la vergonzosa negativa (todavía) al reconocimiento de la soberanía de Kosovo, en contraste con lo que han hecho la práctica totalidad de las democracias europeas.
Catalunya. A estas alturas, se puede afirmar sin demasiados matices que el Estado de las autonomías es un modelo fracasado en Catalunya. Especialmente después de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 contra el Estatut de autonomía. Este es hoy un agujero estructural en la legitimación de la propia Constitución de 1978. Constitucionalistas españoles lo han resumido diciendo que esta sentencia rompió el pacto constitucional de la Transición. Los ciudadanos de Catalunya están regidos por una ley que no han votado. Más que una anomalía, se trata de una deslegitimación permanente del sistema político.
Esta situación tan solo es un reflejo del tema de fondo más importante irresoluto por la Constitución de 1978: el reconocimiento equitativo del pluralismo nacional y lingüístico de la sociedad española, y la acomodación política de sus naciones minoritarias. Se trata de una Constitución que al establecer una marcada hegemonía española en relación con otras identidades nacionales, así como de la lengua castellana respecto a las otras lenguas propias de los ciudadanos (catalán, vasco, gallego, etc., que ni siquiera son mencionadas por su nombre en la Constitución), pone unas bases conscientes para no resolver el problema nacional-territorial del sistema político español.
Paradójicamente, si el Estado de las autonomías se presentó como la solución institucional del pluralismo nacional y lingüístico del Estado, después de casi medio siglo de funcionamiento son precisamente Catalunya y, en parte, el País Vasco —que dispone de la ventaja del concierto económico— los territorios que están menos a gusto, menos “acomodados”, en el marco constitucional actual.
¿Cuál ha sido la posición del PSOE en relación con este tema irresoluto? La respuesta corta es que ha actuado y actúa como un partido nacionalista español que no ha mostrado ninguna voluntad de ni siquiera plantear el tema. Como si ya estuviera más que resuelto. Ni en el ámbito nacional ni en el ámbito lingüístico se puede detectar en el partido socialista la más mínima voluntad de resolver un problema enquistado en la historia contemporánea del Estado. Al contrario, se ha mostrado arisco.
En este ámbito, el PSOE es un partido conservador del establishment favorable al statu quo. Y cuando ha dejado de ser conservador, ha pasado a ser un partido reaccionario aliado del nacionalismo español más retrógrado, especialmente cuando ha vulnerado derechos y ha hecho actuar a los aparatos judiciales y policiales del Estado en contra del independentismo (apoyo a la aplicación del artículo 155, promesa de encarcelar a los dirigentes del exilio, financiación, infraestructuras, etc.). Las decisiones sobre los indultos, la modificación del delito de secesión y, posteriormente, la ley de amnistía —que los jueces españoles del TS de ideología franquista no han querido aplicar— se han tomado por necesidad de votos en el parlamento central. Pero todas estas afectan solo a la política represiva de protagonistas del procés, sin incidir en absoluto en el aumento del autogobierno o del reconocimiento de la realidad nacional diferenciada de Catalunya.
Financiación. Los Estados democráticos de carácter federal, ya sean federaciones uninacionales, como Estados Unidos o Alemania, o federaciones plurinacionales, como Canadá o Bélgica, no están hablando constantemente de este tema. Sus constituciones y leyes los dotan de un sistema estable sobre cómo establecer el sistema de ingresos, gastos y transferencias entre territorios. Pueden surgir desacuerdos, pero no sobre el modelo general. Sin embargo, en España el modelo es infantilmente barroco e incentiva la picaresca (incluso resulta difícil obtener los datos de las balanzas fiscales). Esto no es ninguna casualidad. Obedece a una opacidad perversa del poder central, mande el partido nacionalista español que mande.
En fin, no quiero aburrirles con temas muy conocidos y comentados. Podríamos añadir la tomadura de pelo de Rodalies (un pretendido “traspaso integral” que ni es “integral” y ni siquiera es un “traspaso”); los eternos retrasos en la ejecución del corredor mediterráneo; los permanentes déficits en infraestructuras (carreteras, trenes); la falta de voluntad en ejecutar los presupuestos establecidos, ya de por sí deficitarios, o la de proceder a traspasos en materia de inmigración (Podemos se ha lucido en términos de partido anticuado, ignorante y reaccionario). La conclusión es que en el tema nacional y lingüístico no hay prácticamente “progresistas” entre las izquierdas españolas.
Durante los últimos cuarenta y cinco años, el PSOE no ha realizado nunca un acuerdo con la Generalitat de Catalunya o con los partidos catalanes con el fin de proceder a un aumento sustantivo del autogobierno, tal como ha reclamado reiteradamente tanto la clase política como la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil catalana. Más bien ha habido una actitud contraria. Un jacobinismo vulgar. Antifederal. De hecho, el PSOE no puede presentar en las últimas cinco décadas nada parecido ni siquiera al pacto del Majestic (1996) establecido por la Convergència i Unió de Jordi Pujol y el PP (sin mayoría absoluta) de J. M. Aznar.
En resumen, el ruido político y mediático permanente entre los dos principales partidos nacionalistas españoles no puede ocultar a un PSOE con dos grandes cobardías cuando tiene que enfrentarse a los poderes establecidos. Un partido sin ningún programa reformista de fondo y que, para mayor escarnio, está viendo cómo hoy aquellos poderes, que el partido socialista ha contribuido decisivamente a consolidar, se le han vuelto en contra y lo detectan como otro objetivo a batir.
¿Pedro Sánchez, estadista? No, no es ningún chiste. Todavía tiene tiempo, pero se le está acabando. Las palabras clave de un cambio potencial: reformas democráticas estructurales del Estado (deshacer las continuidades institucionales, legales y culturales franquistas), reconocimiento equitativo de la plurinacionalidad, y un autogobierno nacional de Catalunya (político, económico, lingüístico y cultural) asimilable al de los Estados más descentralizados del mundo y con capacidad de decisión propia sobre su futuro político.
Sin embargo, no veo que en este partido haya las suficientes capacidades intelectuales ni las necesarias actitudes morales y políticas para superar las dos cobardías que actualmente lo caracterizan. Necesitaría ayuda externa.
Hoy estas dos cobardías ya no lo protegen. Resistir no es ganar. Es solo mantener el barco a la deriva sin brújula ni dirección hacia ningún puerto definido. Querer volver al “Votadme a mí porque, si no, vendrá el lobo” resulta cada vez menos atractivo. Entre otras cosas porque el PSOE ha estado reiteradamente haciendo también el papel de lobo.
El PSOE tiene una grave falta de dirección y de proyecto político global. Falta progresismo sustantivo y con vocación de futuro. Falta modernidad. Falta valentía.