El Parlament de Catalunya ha aprobado finalmente este jueves la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, una ley que busca poner fin al fraude que se comete actualmente con este tipo de arrendamientos para sortear el tope del precio del alquiler vigente en Catalunya desde 2024. La iniciativa, pionera en todo el Estado, ha salido adelante gracias al acuerdo entre todas las fuerzas de izquierdas de la cámara legislativa catalana, dado que ha reunido los votos del PSC, Esquerra Republicana, los Comunes y la CUP. Junts ha apoyado solo una parte de la ley, mientras que el PP, Vox y Aliança Catalana han votado en contra.
Desde la entrada en vigor en marzo de 2024 del tope de precios del alquiler de larga duración en los municipios tensionados por la crisis por falta de vivienda, los alquileres de temporada y de habitaciones se dispararon porque se convirtieron en la vía de los propietarios para sortear la regulación y mantener las rentas más provechosas. Constatado que estas formas de alquiler eran un agujero de la ley de vivienda por la cual esta se podía sortear y la problemática se mantenía, las fuerzas impulsoras de la regulación del mercado de vivienda plantearon esta nueva ley para taparlo.
Ya se intentó la legislatura pasada por parte del gobierno de Pere Aragonès, pero entonces el PSC se abstuvo y la ley no prosperó. Sin embargo, ahora los socialistas han dado un giro y han votado a favor, al haber sido uno de los compromisos del president Salvador Illa con ERC y los Comuns para su investidura. Todo ello también se enmarca en un contexto de crecientes movilizaciones a favor del derecho al acceso a la vivienda, que se ha convertido en la principal preocupación para la ciudadanía catalana, según muestran las encuestas del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO).
En concreto, la regulación establece que cualquier alquiler "destinado en la satisfacción de la necesidad de vivienda" sea considerado "permanente", con independencia de la duración del contrato, por lo cual estarán sujetos a la regulación de precios si se encuentran en zonas tensionadas. De este modo, solo serán alquileres de temporada los destinados a usos recreativos y turísticos y tendrán que ser acreditados como tales. En cuanto a la regulación del alquiler de habitaciones, la norma establece que la suma de las rentas de cada habitación no pueda superar el precio del alquiler del piso entero. La iniciativa aprobada contempla la creación del registro de grandes tenedores, que dependerá de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, así como una Comissió de Supervisió de Contractes d'Arrendament d'Habitatge. También se refuerza la inspección en materia de vivienda, se declara los inspectores agentes de la autoridad y se regulan las funciones.
La ley nace de un decreto del Govern que modifica cinco normas y deroga otra, para agilizar la construcción de vivienda protegida, ampliar los supuestos de tanteo y retracto, habilitar la creación de un registro de grandes tenedores y establecer que una parte más grande de las fianzas de los alquileres que custodia el Incasòl se inviertan en la construcción de vivienda pública de alquiler. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha defendido que el objetivo de la ley es aumentar los "pisos asequibles" y crear un marco regulador que dé “seguridad” a propietarios y arrendatarios. Desde ERC, Ester Capella ha defendido que la ley quiere garantizar la vivienda "como un derecho fundamental" y quiere "romper con el chabolismo vertical de habitaciones". Y por parte de los Comuns, Susanna Segovia habla de una “victoria”: "No se puede pagar una habitación a 600 euros".
Un posible recurso al TC
La norma fue recorrida por Junts y el PP ante el Consell de Garanties Estatutàries, que ha avalado el grosor de la regulación, excepto la prórroga de la condición de protección oficial, una objeción que el PSC, ERC y los Comuns han tratado de resolver con nuevas enmiendas —el órgano cuestionó la prórroga automática de los pisos de protección oficial en zonas tensadas, y el texto final ha incorporado varias enmiendas para impedir que caduquen—. Aun así, todavía existe entre los impulsores la inquietud que la ley sea recurrida al Tribunal Constitucional y que quede bloqueada o recortada. Es por este motivo que desde el Sindicat de Llogateres apuestan para blindar la regulación modificando en el ámbito estatal la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Desde Junts, Glòria Freixa ha cargado contra el "modelo fracasado de los Comunes que va contra la propiedad privada y asusta el mercado". A parecer de los juntaires, "la regulación es buena pero no a expensas de la contención de rentas" y sostienen que la ley supone de facto "cargarse el alquiler para estudiantes o la gente que necesita centro sanitario cerca". A su vez, desde el PP, Àngels Esteller ha criticado que la ley no escucha tenedores y propietarios y ha afirmado que "destruirá sectores económicos" porque los propietarios "no pondrán sus viviendas al mercado de alquiler".
El Sindicat de Llogateres insta a blindar la regulación en el Congreso
El Sindicat de Llogateres ha celebrado la aprobación de la ley para regular el alquiler de temporada en el Parlament, pero ha advertido que solo "es un primer paso", y que hay que blindar la normativa en el Congreso de los Diputados. "Hoy hemos hecho un primer paso para acabar con la trampa del alquiler de temporada y de habitaciones y para hacer que estas modalidades no sirvan para subir los precios, pero esta ley no es suficiente por sí sola", ha admitido el portavoz del sindicato, Txema Escorsa, en una atención a los medios este jueves en la cámara catalana. El portavoz del sindicato ha insistido que hace falta que las administraciones "cumplan" y que el "próximo paso" es aprobar esta regulación en el Congreso de los Diputados el febrero. Así mismo, el portavoz ha avisado la administración que la ley solo será "efectiva" si hay sanciones e inspecciones por aquellos que hacen "trampas" para "expulsar vecinos y arrendatarios de casa".