Desconectados: la brecha digital que no podemos ignorar
Esta noche a las 22:05 horas, TV3 emitirá en su veterano programa 30 minuts un documental que debería ser de visionado obligatorio para cualquiera que se preocupe por la cohesión social y los derechos fundamentales en plena era digital. Desconnectats, dirigido por Roberto Lázaro (querido y admirado compañero con el que he tenido el honor de trabajar aquí, en El Nacional), nos confronta con una realidad incómoda: mientras España y Catalunya aceleran su transformación digital, millones de personas quedan literalmente desconectadas de servicios esenciales, de oportunidades laborales y, en definitiva, de la vida en sociedad.
Un documental necesario en el momento preciso
El trabajo de Lázaro, producido por 3Cat en colaboración con Frame CreativeMedia, no se limita a documentar un problema. Lo hace visible, le pone rostros y nombres. Doli, de 84 años, necesita ayuda para cualquier gestión administrativa online. Diana, recién llegada, busca formarse digitalmente para poder encontrar trabajo. Iván, ciego de nacimiento, se encuentra con webs y aplicaciones inaccesibles una y otra vez. Estas no son estadísticas: son personas cuya autonomía y dignidad están en juego.
Los datos confirman la urgencia del tema. En Catalunya, casi la mitad de la población carece de competencias digitales básicas y un 8% nunca ha utilizado internet. A nivel estatal, la brecha es igual de preocupante: solo el 65% de las personas entre 65 y 74 años usa internet a diario, y ese porcentaje se desploma al 36% entre los mayores de 74 años. Para las personas con discapacidad grave, la cifra es del 75,9%, veinte puntos por debajo de la población general.
Estonia: el espejo en el que mirarnos
Una de las decisiones más acertadas de Lázaro y su equipo es viajar a Estonia para establecer un contrapunto comparativo. No lo hace para idealizar, sino para demostrar que otra digitalización es posible. En el país báltico, el 99% de los servicios públicos se pueden realizar por internet, incluido el voto electrónico. Allí, el 93,2% de la población usa internet regularmente, y la fe en lo digital se ha convertido en un recurso nacional. Pero Estonia no llegó aquí por arte de magia. Tras independizarse de la Unión Soviética en 1991, apostó decididamente por la digitalización como estrategia de desarrollo. En el año 2000, declaró el acceso a internet como derecho humano. Desarrolló X-Road, una plataforma descentralizada de intercambio de datos que conecta todos los servicios públicos de manera segura. Y, fundamentalmente, diseñó sus sistemas pensando en la inclusividad.
Como explica Hannes Astok, director de la e-Governance Academy, en el documental: los servicios deben ser tan intuitivos que “cada abuelo o abuela pueda utilizarlos sin instrucciones”. Este enfoque contrasta brutalmente con la realidad española, donde los servicios digitales públicos a menudo parecen diseñados por ingenieros para ingenieros.
El propio Luukas Ilves, responsable de información del gobierno estonio, reconoce que “la sociedad no será nunca digital al 100%”, pero añade algo fundamental: “Si llega al 99%, te quedan más recursos para poder ayudar y entrenar a las personas que quedan fuera”. Esta es la gran diferencia: en Estonia, la digitalización libera recursos para atender mejor a quien los necesita. En España, amenaza con excluir definitivamente a los más vulnerables.
El problema de la digitalización forzosa
Aquí llegamos al núcleo del debate que plantea Desconnectats y que debería ocupar portadas y tertulias: ¿hasta qué punto es legítimo obligar a la ciudadanía a relacionarse digitalmente con la Administración cuando no se garantiza el acceso universal ni la formación necesaria?
Desde octubre de 2016, la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común establece la obligatoriedad de tramitar electrónicamente para todas las personas jurídicas (incluidas asociaciones y fundaciones), entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados, y quienes representen a cualquiera de estos colectivos. Es decir, todas las asociaciones (incluyendo las de vecinos, culturales o de ayuda mutua) están obligadas a relacionarse con la Administración únicamente por vía telemática.
Más preocupante aún: la misma ley permite que las administraciones establezcan la obligación de tramitación electrónica para determinados procedimientos y colectivos de personas físicas cuando “quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios”. Pero, ¿cómo se acredita esto? ¿Tener un smartphone significa saber usarlo para trámites administrativos? ¿Tener acceso a internet garantiza competencias digitales? El ejemplo más sangrante es el Ingreso Mínimo Vital. Cuando se puso en marcha en 2020, la única vía de solicitud era online, con certificado digital o Cl@ve. Pensemos en el absurdo: una prestación destinada a personas en riesgo de pobreza y exclusión social exigía competencias digitales avanzadas. Aunque posteriormente se habilitó atención presencial con cita previa, el proceso sigue siendo fundamentalmente digital.
Otros procedimientos que se tramitan obligatoriamente de forma electrónica incluyen: la facturación electrónica entre empresas (obligatoria desde 2025 con algunas excepciones), todos los procedimientos del espectro radioeléctrico, la mayoría de trámites con la Agencia Tributaria para personas jurídicas y profesionales, y un creciente número de solicitudes de ayudas y subvenciones.
Las múltiples dimensiones de la brecha
Como bien señala en el documental la investigadora de la UOC Mireia Fernández-Ardèvol, la desigualdad digital no desaparecerá con el recambio generacional: “Nunca dejaremos de necesitar aprender nuevos entornos. Por lo tanto, el diseño tendrá que ser necesariamente inclusivo”.
El reciente Índice Catalán de Brecha Digital, desarrollado por la UOC y la Mesa del Tercer Sector, confirma esta complejidad. Mientras la cobertura 5G alcanza el 94,6% en Catalunya, en l’Alta Ribagorça apenas llega al 20,3%. Casi la mitad de las personas mayores no utiliza la banca online y solo algo más de la mitad accede a La Meva Salut. El 62% de las personas con discapacidad enfrenta barreras digitales, y un 42% declara que le parece “muy complejo y avanzado” el uso de tecnología. La brecha digital no es solo tecnológica: es económica (acceso a dispositivos y conexión), educativa (competencias y alfabetización), generacional (aunque no exclusivamente), territorial (rural versus urbano), y está atravesada por la discapacidad y el origen.
Es fundamental una alfabetización digital crítica, que eduque en el uso seguro, responsable y consciente de las tecnologías
Los riesgos que no podemos ignorar
Como acertadamente plantea Genís Roca en el documental, “no ha habido nunca ninguna revolución tecnológica que no haya pedido un movimiento social que la corrija”. Y es que junto a las oportunidades, las tecnologías digitales traen consigo riesgos muy reales que afectan especialmente a los colectivos más vulnerables. La desinformación se ha convertido en un problema de ciberseguridad de primer orden. Las personas mayores, con mayor sensación de inseguridad, son blanco preferente de estafas de phishing y fraudes online. La vigilancia digital y la pérdida de privacidad son preocupaciones crecientes. Los sesgos algorítmicos pueden perpetuar discriminaciones. Por eso es fundamental una alfabetización digital crítica, que no se limite a enseñar a usar dispositivos, sino que eduque en el uso seguro, responsable y consciente de las tecnologías. Esto incluye: comprender cómo funcionan los entornos digitales, discernir la calidad de la información, proteger la identidad digital, detectar amenazas, y entender el impacto social y ético de la tecnología.
El marco legislativo: Europa toma la delantera
En este contexto, es importante destacar que Europa está desarrollando un marco regulatorio que, al menos sobre el papel, debería mejorar la situación. La Ley Europea de Accesibilidad (Directiva 2019/882), transpuesta en España como Ley 11/2023, entró en vigor el 28 de junio de 2025. Establece requisitos de accesibilidad obligatorios para productos y servicios digitales, incluidos comercio electrónico, banca online, transporte público digital y telecomunicaciones. La normativa exige que los productos y servicios sean comprensibles, navegables sin ratón, compatibles con tecnologías de asistencia y diseñados bajo principios de accesibilidad universal. Afecta tanto al sector público como al privado, con sanciones significativas por incumplimiento. Paralelamente, la Ley de Servicios Digitales (DSA) y la Ley de Mercados Digitales (DMA), plenamente aplicables desde 2024, regulan las plataformas digitales para hacerlas más seguras, transparentes y competitivas. La DSA prohíbe, por ejemplo, anuncios dirigidos a menores o basados en datos sensibles, y obliga a las plataformas a tener mecanismos claros de denuncia de contenidos ilícitos. Sin embargo, las leyes solo son efectivas si se implementan adecuadamente y se acompañan de recursos para la formación y el acceso.
¿Qué debemos hacer?
Desconnectats no se limita a diagnosticar: propone reflexión y, sobre todo, acción. Como señala el consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, en el documental, “las competencias digitales deben generar cohesión social e igualdad”. Pero para ello necesitamos garantizar alternativas analógicas reales. No puede ser que la única vía para acceder a un derecho o un servicio sea digital. La digitalización debe ser una opción, no una imposición.
Algunas de las ideas que me han quedado claras, desde un primer punto de partida, son las siguientes:
- El diseño inclusivo debe ser obligatorio. Como demuestra Estonia, es posible diseñar servicios digitales accesibles para todos. Debe ser un requisito legal inexcusable.
- Formación continua y universal. La alfabetización digital debe ser una política de Estado, con recursos suficientes y programas adaptados a cada colectivo.
- Oficinas de asistencia efectivas. La ley contempla oficinas de asistencia en materia de registros, pero su implementación es desigual. Debe haber personal formado que ayude presencialmente.
- Evaluación de impacto en derechos fundamentales. Antes de digitalizar un servicio, debe evaluarse si vulnera el derecho de acceso de algún colectivo.
Un documental que merece ser visto y debatido
Roberto Lázaro ha conseguido con Desconnectats algo fundamental: convertir un problema estructural en historias humanas sin caer en el paternalismo, comparar sistemas sin caer en el derrotismo, y plantear preguntas incómodas sin renunciar a la empatía. El documental se emitirá este domingo 23 de noviembre a las 22:05 en TV3 y quedará disponible en la plataforma 3Cat. No es solo un programa para ver: es una invitación a reflexionar sobre qué tipo de sociedad queremos construir. ¿Una donde la tecnología amplía oportunidades para todos o una donde profundiza desigualdades? ¿Una donde la digitalización libera o donde excluye?
Como dice la psicogerontóloga Montse Celdrán en el documental, el reto será aún mayor en el futuro, porque no sabemos qué tecnologías y dificultades tendrán que afrontar los adultos dentro de dos décadas. Precisamente por eso, necesitamos abrir este debate ahora. Desconnectats es una contribución imprescindible para hacerlo con rigor, con datos, con rostros y, sobre todo, con la urgencia que el tema merece. La pregunta que nos deja el documental es clara: ¿quién decide cómo se diseña la tecnología y para quién? La respuesta no puede seguir siendo “el mercado” o “la eficiencia administrativa”. Debe ser la ciudadanía, con sus necesidades diversas y sus derechos inalienables. Porque, como bien plantea Lázaro, la digitalización no es solo una cuestión de modernidad: es una cuestión de derechos y de oportunidades.
No se lo pierdan. Y cuando lo vean, hablen de ello. Compartan. Debatan. Porque de esa conversación depende que la transformación digital sea, finalmente, para todos.