La selección española de opinión sincronizada pretende instaurar el discurso de que el 'procés' también tiene parte de culpa en la crisis de Cercanías. Para intentar tapar el relato inevitable sobre la dejadez del Estado español hacia Catalunya (y más concretamente de Adif en la red de Cercanías), ponen a Junts y ERC al mismo nivel de responsabilidad en la desinversión del estado. Consideran —atención a la pirueta— que mientras presidían la Generalitat estaban distraídos pensando en cómo hacer la independencia y no se ocuparon lo suficiente de forzar al gobierno español de turno (fuera del PP, fuera del PSOE) a garantizar que se hicieran estas inversiones.

El relato es tan enrevesado como imaginativo porque, ciertamente, hay que tener mucha creatividad y descaro para convencer a alguien de que se pueden repartir las culpas a partes iguales; como si tuviera la misma responsabilidad quien decide no invertir que quien tiene que quejarse de ello. Y este ingenio argumentativo deviene directamente cinismo cuando la conclusión que se deriva es que como Catalunya desafió al estado, el estado castigó a la nación cerrando el grifo de las inversiones: se decidió deliberadamente castigar una ideología democrática con un maltrato presupuestario del que hoy se están pagando las consecuencias más graves.  

La desinversión de España hacia Catalunya viene de mucho antes del procés y ha seguido mucho tiempo después

Este relato de reparto de culpas, sin embargo, tiene tres puntos débiles que lo hacen insostenible: el primero es estrictamente moral; ya que resulta inadmisible, burdo e incluso infantil poner al mismo plano estrangulador y estrangulado. El segundo punto débil es que este abandono deliberado de las infraestructuras españolas en Catalunya afectaba a todos los ciudadanos catalanes, con independencia de que fueran independentistas o no (y este punto, por cierto, lo deberían tener muy claro los conciudadanos que prefieren seguir formando parte del Estado español). Y finalmente, el tercer argumento que desmonta esta afirmación viene de los datos y las fechas. Según ha confirmado la Cámara de Contratistas de Obras de Catalunya, la desinversión de Adif hacia la red catalana se concentra entre el 2010 y el 2023. En este período de 13 años, España prometió —en diferentes anuncios de lluvia de millones— 9.864 millones en inversiones ferroviarias y solo se han ejecutado 4.702.

En estos 13 años, de cada 10 euros comprometidos por Adif llegaron menos de 5. Y no solo en los años 2015, 2016 y 2017 (el prime-time del procés) sino que este abandono inversor fue — como mínimo— siete años antes del 1 de octubre y seis años después del referéndum. En 2010 aún no había procés. No solo eso sino que aquel 2010 (en que Catalunya recibió un 50% menos de lo prometido) en España gobernaba el PSOE y en la Generalitat el PSC. Las elecciones que aquel año ganó CiU fueron el 28 de noviembre y Artur Mas tomó posesión del cargo de president el 27 de diciembre. Por lo tanto, en 2010 no había procés y, según los cánones de pacificación española, desde 2018 tampoco. Aquel año, Pedro Sánchez accedió a la Moncloa y empezó a reconciliarnos los unos con los otros pero, por lo que fuera, no lo hizo a través de la red ferroviaria. Se pueden crear los argumentos que se quieran contra el independentismo, pero este es verdaderamente difícil de defender. Más bien es al contrario: no hubo una falta de inversiones de España en Catalunya por culpa del procés sino que, precisamente, hubo un procés por, entre otras cosas, la falta de inversiones de España en Catalunya.