Este, que será un año decisivo en la defensa de los exiliados, comienza con noticias que van permitiendo ver cuál ha sido la estrategia que hemos seguido estos años y cuáles van siendo sus efectos. El primero de ellos no es otro que lo recientemente publicado sobre las compañías con las que va el juez Llarena en su planteamiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero hay muchas más cosas que se irán conociendo y que permitirán demostrar que el exilio fue y es la única opción útil para desmontar el andamiaje judicial que se construyó para reprimir al independentismo catalán.

Las premisas sobre las que se construyó la represión judicial al independentismo fueron varias, pero las más significativas serían estas dos: llevar los procedimientos a las altas instancias jurisdiccionales del Estado porque ahí se podía controlar el resultado y, para cuando Europa se pronunciara —pensaban en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)—, las penas estarían cumplidas y la mayor parte de quienes participaron en dichos procedimientos estarían jubilados.

Se vulneró el derecho al juez natural predeterminado por Ley para controlar el resultado y se calculó que cuando se desmontase el cúmulo de vulneraciones de derechos fundamentales que se cometerían, ya se trataría de una solución o resolución meramente simbólica.

Nunca se tuvo en mente, y es ahí donde radica uno de los principales errores de la represión, la posibilidad de abrir unos escenarios jurídicamente viables que permitiesen, casi en tiempo real, contrastar todo lo que se estaba haciendo desde el Estado con la incuestionable realidad del derecho de la Unión, el gran enemigo silencioso de los abusos nacionales.

Aparte de no tenerse en mente esa posibilidad, tampoco eran conscientes de cómo se vería todo lo que se estaba haciendo desde fuera de las fronteras del Estado y ese ha sido otro de los errores por parte de quienes han ejercido un poder ilimitado para reprimir un derecho propio de todo un pueblo; falló la cosmovisión, imponiéndose una visión provinciana de una realidad.

Nunca se tuvo en mente, y es ahí donde radica uno de los principales errores de la represión, la posibilidad de abrir unos escenarios jurídicamente viables que permitiesen, casi en tiempo real, contrastar todo lo que se estaba haciendo desde el Estado con la incuestionable realidad del derecho de la Unión, el gran enemigo silencioso de los abusos nacionales.

El contraste fue inmediato: Audiencia Nacional frente al Juzgado de Primera Instancia de Bruselas; uno adoptaba prisión provisional y el otro, simplemente, la obligación de comunicar los desplazamientos.

Fue a partir de ese momento cuando algunos, no todos, decidieron que necesitaban tiempo para construir con mayor solidez el argumentario y buscar un nuevo momento para intentar conseguir la “complicidad europea”; por eso se retiró la primera de las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE).

Desde una errónea perspectiva, se pensó que un auto de procesamiento sería la mejor de las fórmulas para consolidar la incriminación de los políticos catalanes y buscar esa complicidad que necesitaban para la entrega de los exiliados a España.

Lo intentaron en Bélgica, Escocia y Alemania, pero se estrellaron con un muro cuya existencia parece que desconocían: el derecho de la Unión y una interpretación democrática de las normas.

La rabia, la impotencia y, en gran medida, la arrogancia, los llevó a una nueva reacción poco comunitaria mediante la cual, por segunda vez, se retiraron las OEDE, incluso aquellas que ya habían sido denegadas como era el caso de Bélgica.

Pero, en la persistencia, confiaban el futuro y una vez construida una sentencia que no conseguirá ningún respaldo más allá de los Pirineos, se lanzaron a una nueva aventura, consistente en intentar, por tercera vez, la entrega de los exiliados.

El fracaso, esta vez, fue mucho más profundo porque, en esta ocasión y por dos veces, los tribunales belgas desestimaron la petición sobre la base de la vulneración de derechos fundamentales: derecho al juez predeterminado por Ley y riesgo de vulneración de la presunción de inocencia. Es decir, esas sentencias atacaron la esencia misma de un proceso construido solo para reprimir.

Ninguno de estos fracasos fue bastante y, ya puestos, y haciendo caso omiso a lo resuelto en Bélgica, se lanzaron a la aventura de buscar el levantamiento de la inmunidad de los ya eurodiputados, para proceder, acto seguido, a su entrega a España y, en paralelo, como si nada de lo anterior fuese bastante, se precipitaron justamente por el barranco al que queríamos llevarlos: el de las cuestiones prejudiciales que acortaban el camino a la europeización de la respuesta a tanta represión.

El año que comienza, que será decisivo, lo abordamos con: la tranquilidad del trabajo hecho, el respaldo del propio Derecho de la Unión, la pertinaz insistencia en el error del contrario y, sobre todo, la seguridad que da el saber que se está en el lado correcto de la historia.

Justamente en este punto estamos, que es donde comienza el año que, como digo, será decisivo y es así porque se resolverán esas cuestiones prejudiciales, a pesar de Rumanía y Polonia, y se resolverán las demandas interpuestas en contra del Parlamento Europeo por: a) haber negado la acreditación inicial al president Puigdemont y Toni Comín, b) por no haber defendido sus respectivas inmunidades cuando el juez Llarena cursó las terceras OEDE, siendo ellos ya eurodiputados, y c) por haberles privado, indebidamente, de parte de sus respectivas inmunidades a ellos y a Clara Ponsatí.

Además, también se resolverán recursos en contra de la denegación de medidas cautelares, pero, sobre todo, en cada uno de esos procedimientos hay cuestiones de derecho tremendamente importantes sobre las que también se tendrán que pronunciar tanto el TJUE como el Tribunal General.

Son estos y no otros los pronunciamientos que terminarán por destruir todo el andamiaje montado para reprimir a los políticos y ciudadanos de Catalunya y se hará en tiempo récord, en un espacio temporal que ni en sus peores pesadillas se representaron quienes apostaron a que la respuesta europea les pillaría ya jubilados.

Para cuando el TEDH se vaya a pronunciar sobre la sentencia del procés la misma vendrá ya tocada de muerte y eso se hará en Luxemburgo y, en gran medida, se hará gracias al pertinaz esfuerzo del juez Llarena por terminar siempre haciendo aquello que buscábamos; en este caso eran las prejudiciales, en las cuales Llarena viene a pedir al TJUE un cambio de jurisprudencia mientras que nosotros solo le pedimos la aplicación de la ya existente.

La cuestión de fondo, en todo caso, pasará por ver cómo encajan las altas instancias jurisdiccionales una debacle de estas características, hasta qué hondura del barranco están dispuestos a arrastrar al Reino de España y, también, cómo Gobierno y Estado se posicionan ante el dilema europeo que no es otro que el de ser más Europa o más Polonia.

El año que comienza, que será decisivo, lo abordamos con: la tranquilidad del trabajo hecho, el respaldo del propio Derecho de la Unión, la pertinaz insistencia en el error del contrario y, sobre todo, la seguridad que da el saber que se está en el lado correcto de la historia.

Resuelto el conflicto jurídico, lo que también será decisivo es el cómo se aborde el problema político que, en esencia, es la clave de este enfrentamiento que, insisto, siempre ha sido político no judicial.

Las decisiones en ese ámbito no nos corresponderán, afortunadamente, ni a jueces, ni a fiscales ni abogados, que tendremos que dar un paso al costado, sino a los políticos que habrán de decidir cuáles son los auténticos objetivos perseguidos (más autonomía o independencia) y cómo negociarlos (de rodillas, con lo incómodo que es eso, o de pie y con la frente en alto, con la ventaja que da el tener una mejor visión y perspectiva). Por todas estas cosas, sin duda será un año decisivo.