El final del Govern de ERC presidido por Pere Aragonès no puede entenderse solo como una derrota parlamentaria. Fue el resultado de una acumulación de tensiones políticas, estratégicas y de modelo de país que acabaron haciendo inviable la legislatura. El president Aragonès gobernaba en minoría tras la salida de Junts. Esto le obligaba a negociar cada decisión relevante, especialmente los presupuestos, que en un sistema parlamentario son la prueba definitiva de viabilidad política. Por eso los presupuestos de 2024 eran importantes. Sin ellos, el Govern quedaba tocado. Con su aprobación, podía ganar tiempo. Pero la negociación se convirtió en un campo de batalla entre aliados potenciales con intereses incompatibles.
El principal punto de conflicto fue el proyecto del Hard Rock. El PSC lo apoyaba, al verlo como un elemento de dinamización económica, mientras que los Comuns, en ese momento —no ahora—, lo rechazaban por motivos ambientales y de modelo turístico. Esta situación dejaba a Aragonès atrapado. Necesitaba a ambos actores para aprobar las cuentas, pero no podía satisfacerlos al mismo tiempo, ya que defendían posiciones opuestas sobre un mismo tema. La negociación se bloqueó sin una salida clara. Cuando los Comuns mantuvieron el veto y el PSC no cedió, el Govern se quedó sin mayoría posible. No era solo una derrota puntual, sino la constatación de una debilidad estructural. Y, no lo olvidemos, se preveía una gran sequía.
A diferencia de lo que ocurrió con Aragonès, nadie está empujando claramente hacia unas elecciones anticipadas
Ante este escenario, el president Aragonès optó por convocar elecciones. No cayó por una moción de censura, pero la imposibilidad práctica de aprobar unos presupuestos y gobernar con estabilidad marcó el final de su gobierno. El PSC, desde la oposición, presionó para que eso ocurriera. Sostenía que el Govern estaba agotado y que había que dar la palabra a la ciudadanía. En aquel momento —¡no ahora!—, el PSC defendía que si un gobierno no tiene presupuestos, debe convocar elecciones. Ahora, con Salvador Illa al frente del Govern de la Generalitat, el PSC ha cambiado de postura. El contexto es aparentemente similar, pero políticamente distinto. El PSC gobierna también en minoría y necesita apoyos para aprobar los presupuestos. Sus socios potenciales son ERC y los Comuns. Pero, de nuevo, las demandas no son compatibles y el margen de negociación del Govern tiene límites políticos e ideológicos. Sobre todo con ERC, ya que parece que a los Comuns ahora el Hard Rock les resulta aceptable. ERC, ahora en la oposición, no quiere facilitar la estabilidad del PSC sin obtener contrapartidas claras. Necesita marcar perfil propio y evitar quedar diluida tras haber perdido el Govern y ante la aplicación incompleta de la ley de amnistía. Los Comuns han planteado algunas exigencias en materia social y ambiental, pero ya en su momento alcanzaron un acuerdo con los socialistas, porque lo que más les interesa es mostrar un perfil de gobierno y, sobre todo, evitar elecciones.
A diferencia de lo que ocurrió con Aragonès, nadie está empujando claramente hacia unas elecciones anticipadas. Ni el Govern ni la oposición tienen incentivos fuertes para precipitarlas. Parece que a ninguno de los tres les apetecen elecciones ahora. Solo hay dos elementos que podrían justificarlas: uno, el posible desgaste de Junts per Catalunya si se produce un crecimiento de Aliança Catalana, algo atractivo para ERC y PSC; dos, si Pedro Sánchez lo necesitara, en cuyo caso los tres actuarían con lealtad.
Se ha configurado, así, una situación de bloqueo tolerado. Hay dificultades para avanzar, pero también una voluntad implícita de no romper, porque la alternativa puede ser peor para todos. Un equilibrio que puede ser útil para los partidos, pero no para el país. Para la ciudadanía, vivir en una dinámica de bloqueo sostenido no es una situación óptima. El Govern que prometía buena gestión, que cuando estaba en la oposición exigía presupuestos o elecciones, ha retirado los presupuestos del Parlament. Han salido agricultores, médicos y profesores a la calle. Y han optado por retirar los presupuestos para no tener que convocar elecciones. Saben que no les irían bien y prefieren bloquear el país para mantener el poder. Un poder que no les permite hacer nada. Un bloqueo que se volverá en su contra, porque rompe de lleno con su gran promesa electoral: gestionar bien y resolver problemas. Pero es que para gestionar bien y resolver problemas hacen falta recursos.