La denominada prórroga es una figura habitual en la política británica. Se produce cada año y viene a ser un paréntesis de actividad parlamentaria que se produce a la espera del discurso de la Reina, en el que Isabel II presenta la hoja de ruta del gobierno durante el curso político que se inicia.

Normalmente tiene lugar durante un periodo de unas dos semanas. De hecho, estaba previsto que durase desde el 13 de septiembre hasta el 8 de octubre. El cambio ha sido ampliarlo en 7 días “parlamentarios”, y colocar el discurso de la reina el 14 de octubre.

La decisión, es por tanto, legal, constitucional, y nada tiene que ver con una medida dictatorial ni ilegal. Aunque es comprensible que genere críticas. En mi opinión, desde luego no puede tildarse de drama. A nadie se le escapa que Boris Johnson está utilizando las herramientas que tiene a su alcance para forzar la situación hacia donde él quiere llevarla. Entiendo las críticas y, desde luego, que suena desafinado. Sin embargo, también entiendo que, siguiendo todo el eje cronológico de lo que está pasando, es normal que se tomen también decisiones que traten de evitar posibles giros de timón. Poniendo la fecha que se ha puesto para volver a la actividad parlamentaria, Johnson bloquea opciones que pudieran torpedear la salida de Reino Unido de Europa el próximo 31 de octubre. 

¿Cuál es la consecuencia principal de este parón parlamentario? Vaya por delante que no podemos confundir la suspensión de algunas funciones parlamentarias con la disolución de un parlamento. Para que nos hagamos a la idea: suspender la actividad conlleva efectivamente un parón en el que no se podrán plantear leyes, ni modificar las ya existentes. Pero los diputados y los ministros no pierden sus escaños ni sus carteras y en cuanto regresen a la actividad parlamentaria, seguirá su curso y podrán debatir, plantear mociones de censura y convocar elecciones (el primer ministro) si así lo consideran.

Se podrá estár más o menos de acuerdo con el Brexit, e incluso, con sus distintas modalidades. Pero lo que no puede criticarse a los ingleses es que no sean demócratas. Es el pueblo el que ha hablado y sus dirigentes están siguiendo lo establecido. Porque a la vista está que incluso la anterior primera ministra, Theresa May, fue capaz de encabezar las negociaciones de algo que ella no compartía pero que tenía que defender porque su papel como representante democráticamente electa le obliga a hacerlo.

Eso es ser demócrata. Como lo es respetar la decisión que tomó el Parlamento británico en 2015 mediante la European Union Referendum Act, que precisamente autorizaba a consultar a la ciudadanía. El primer ministro entonces era David Cameron, que estaba en contra del Brexit. Y el muy demócrata puso en marcha un proceso para que todo el mundo opinase. El 51,9% votó a favor de marcharse y el 48,1% votó a favor de quedarse. Los datos están bastante equilibrados, pero la democracia manda y a partir de este momento todo se puso en marcha para cumplir con el mandato de las urnas. Y al no estar de acuerdo con el resultado, el primer ministro dimitió. No torpedeó, no denunció a los partidarios del Brexit, y seguro que no ha tenido sus mejores fantasías imaginándolos en prisión. Eso es un demócrata.

Me pregunto si es posible entender en qué consiste asumir que las leyes tienen fuerza y han de ser respetadas, pero en una democracia, son los cauces democráticos, a través de nuestros representantes, quienes deben modificar las leyes

Personalmente soy partidaria del proyecto europeo. De un proyecto europeo que ponga por delante los principios democráticos y las garantías sociales, claro.  Por eso entiendo también las razones para defender que este no es el que se había prometido, que a Europa le queda mucho camino por recorrer para poder hablar de una verdadera ciudadanía con los mismos derechos, las mismas libertades y las mismas garantías en sus territorios. Puedo discrepar con los defensores del Brexit, pero lo que no puedo cuestionar en ningún caso es el proceso democrático que están desarrollando. Tampoco tengo claro que quieran marcharse por las razones que yo lo haría. Eso es harina de otro costal. Pero aquí estamos hablando de la cuestión democrática, y sin duda, una vez que el pueblo se ha manifestado sobre el asunto, toca ahora dar los pasos en consecuencia. Y es cínico y tramposo pedir otro referéndum, querer cambiar las leyes al antojo de los que fuerzan las cosas hasta que salen como les gustaría. 

Tres años de  intensos debates parlamentarios, una ley aprobada donde se fija la fecha de salida en el 31 de octubre y un primer ministro dispuesto a dar los pasos necesarios para cumplir con el mandato que la población ha dado en las urnas. Evidentemente Johnson no es May, y por lo que parece, ha venido para llegar hasta el final. 

Me pregunto si es posible entender en qué consiste asumir que las leyes tienen fuerza y han de ser respetadas, pero en una democracia, son los cauces democráticos, a través de nuestros representantes, quienes deben modificar las leyes. Incluso, a veces, no queremos que nos representen, sino que queremos que nos pregunten directamente. Y es cínico que a Inés Arrimadas le preocupe tanto una pausa parlamentaria (por debatible que sea como herramienta de negociación), mientras aplaude que sus compañeros, líderes políticos y además electos para gobernar, se encuentren en prisión preventiva, sin sentencia y sin causa objetiva para imputarles los graves delitos que se les pretende imputar.

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