1. La historia va de atrás para adelante y no de hoy hacia atrás. Los hechos son los hechos y la cronología es básica para interpretar el pasado. La Guerra Civil Española se inició con el golpe de estado del general Franco de 18 de julio de 1936 y no el 6 de octubre de 1934 como defiende la extrema derecha. La revuelta asturiana y catalana de 1934 quizás alentó a los militares a rebelarse contra la República, pero la causa directa de la guerra, el hecho que la provocó, fue, sin duda, la actitud anticonstitucional de una parte del Ejército y la Guardia Civil. Todo lo demás es pura fantasía fascista. Cuando estos días ha retomado la polémica sobre si Cataluña habría podido disponer de un sistema de financiación equiparable al concierto económico, ha quedado probado que es imprescindible atender a la cronología, a los antecedentes, para determinar qué pasó y por qué Cataluña no tiene un concierto económico como el vasco. La polémica reavivó a raíz de un coloquio entre antiguos consejeros de Economía de Generalitat al que también asistió de improviso el expresidente Jordi Pujol.
2. El lío se produjo después de que el ex consejero socialista Antoni Castells dijera que CiU había rehusado el concierto en 1980. Citó como fuente de autoridad a Pedro Luis Uriarte, consejero de Economía y Hacienda del gobierno vasco entre 1980 y 1984, quien así lo afirmó en 2016 en un extenso estudio, de once volúmenes, con el que dio su visión del concierto vasco. Es una obra memorialista y testamentaria de quien es considerado el diseñador del actual sistema de financiación de la Comunidad Autónoma Vasca. En uno de los volúmenes habla de Cataluña y de la posibilidad de que obtuviera también el concierto. Es entonces cuando Uriarte comenta la reunión a tres entre él, Ramon Trias Fargas, en aquel momento consejero de Economía de la Generalitat, y Jaime García Añoveros, ministro español de Hacienda. Castells argumentó que el rechazo convergente al concierto venía determinado por el miedo de Pujol a asumir la recaudación de impuestos en un contexto de crisis económica como se vivía entonces. El expresidente Pujol, que a sus noventa y un años se había desplazado para asistir, cogió el micro y desde un asiento de la cuarta fila (lean, por favor, la columna que Ot Bou dedicó a este episodio tan singular) se dirigió a Castells para desmentirlo. Y así es como empezó la polémica.
3. Si el presidente Pujol no hubiera decidido asistir al acto, seguramente la versión de Uriarte, reproducida por Castells, solo habría sido rebatida por el consejero Jaume Giró. En esta penosa época de rectificaciones interesadas, cualquier cosa es buena para abonar el discurso dominante entre el nuevo establishment autonomista. Se trata de difundir una idea un poco perversa. Puesto que la independencia no es posible, ni ahora ni de aquí a veinte años, seguro que los nuevos autonomistas, los republicanos, lo harán mejor que los antiguos convergentes. Jamás fui pujolista, pero me molesta que ahora se quiera reinterpretar el pasado con una clara intencionalidad política. Aunque actualmente el sectarismo ideológico haya cegado a Paola Lo Cascio y ella vaya difundiendo por las redes sociales que los “herederos de CDC” adoptan discursos de la extrema derecha, en 2009 la politóloga italiana publicó un buen estudio sobre el pujolismo. En Nacionalisme i autogovern. Catalunya 1980-2003 (Editorial Afers), fruto de una tesis doctoral que dirigí yo mismo, explica, precisamente, las dificultades que tuvo que superar el gobierno catalán para sortear las inflexibilidades del gobierno español. El concierto había sido una aspiración, defendida con todas sus fuerzas por Trias Fargas, pero que Adolfo Suárez no se planteó en ningún momento, ni tenía consenso en Cataluña, puesto que socialistas y comunistas se oponían a él de plano. Como defendía Lo Cascio en su libro, Pujol era consciente de que si quería convertirse en el líder nacional que sería posteriormente durante veintitrés años, tenía que elegir entre los consensos posibles. Y Pujol eligió la lengua, la enseñanza y la sanidad antes que obstinarse en reclamar un imposible, como ya había quedado demostrado en la negociación en Sau del Estatuto de Autonomía de 1979.
4. El director-editor de este diario, José Antich, defendía la misma versión de los hechos, con el privilegio de haber sido testigo directo de ellos, en un editorial publicado recientemente: “Por qué Cataluña no tuvo concierto”. Antich era uno de los periodistas, seguramente de los pocos que todavía están en activo, que durante el segundo semestre de 1978 estaban en Sau para cubrir las reuniones de los veinte comisionados de la Asamblea de Parlamentarios que tenían el encargo de elaborar el Estatuto. Escribe Antich: “Recuerdo que allí, en Sau, hubo debates acalorados y encendidos [...] Fue, fundamentalmente, en lo que respecta al bloque de la lengua y la educación pero también sobre la financiación autonómica y el concierto económico. La izquierda decantó la balanza de los dos debates alineándose con los nacionalistas en el primer tema, el de la lengua, y despachando sin opción alguna el segundo, el económico.”. Y ahí es cuando hay que estar atentos al dato. El debate se producía en 1978, una vez aprobada la Constitución, y fue entonces, en una Cataluña con mayoría de izquierdas en la Asamblea de Parlamentarios, cuando se descartó el concierto. Quizás sí que un sector de los nacionalistas tampoco lo reclamaban (siempre se ha dicho que esta era la posición de Miquel Roca i Junyent, “enemigo” cordial de Trias Fargas, y formado políticamente en el FOC, como muchos socialistas), pero el hecho es que ni el PSC, ni el PSUC, estaban por la vía vasca. Por lo tanto, una oferta hecha en 1980 por un ministro de segundo rango, puesto que estaba a las órdenes del vicepresidente de Asuntos Económicos, Fernando Abril Martorell, no tenía ningún tipo de recorrido. Si Uriarte no hubiera insistido ahora en lo que escribió hace cinco años, no habría habido ninguna polémica. De hecho, el exconsejero Castells, que es quien motivó que el presidente Pujol se levantara para replicarle, al día siguiente publicó una carta en el diario que había organizado el acto para darle la razón. Su opinión no deja margen a la duda sobre si CiU había defendido o no el concierto económico durante los debates constitucionales y estatutarios: “si Cataluña no tiene el concierto, no es porque no quiera o no hubiera querido, sino porque el Estado no lo ha aceptado nunca”. Castells daba así la razón a Pujol. Si el Estado hubiera aceptado un modelo de financiación diferenciado para Cataluña y la izquierda no se hubiera opuesto a él, hoy la Generalitat gestionaría un concierto —y podría pactar el cupo, que es lo importante— y seguramente los vascos no lo tendrían.
5. La falta de consenso en Cataluña debilitó la posibilidad de que el autogobierno autonómico se financiara mediante un concierto económico. El consenso no habría asegurado la victoria, porque respecto a la lengua y la enseñanza los partidos estatales se cargaron lo que se había pactado en Cataluña entre todos los partidos, incluyendo a los que dependían de Madrid. El catalán no fue reconocido como la lengua oficial del país y las competencias exclusivas en educación pasaron a ser plenas, que es un eufemismo para no denominarlas “concertadas con el Estado”. Pero por lo menos habría quedado claro lo que ayer apuntaba el consejero Jaume Giró en el artículo que publicó en este mismo diario para defender los nuevos presupuestos, los más sociales que haya presentado jamás un consejero de Economía. El consejero apelaba al concepto de “civilidad” expuesto por el economista indio Dipesh Chakrabarty en el libro The Crises of Civilization, que es lo mismo que Eugeni d'Ors defendía para Cataluña a principios del siglo XX y que sirvió a Prat de la Riba para organizar una Mancomunidad con el concurso de los mejores profesionales e intelectuales, pensaran como pensaran, e independientemente del partido al cual militaban. El esfuerzo por mejorar al individuo pasaba por mejorar a la sociedad y por controlar el Estado, que no era otro que el Estado español. La lección de 1978 y de 2017 es clara, tanto como lo es la actual incertidumbre que impide poner por delante el horizonte común, la independencia, a los intereses meramente partidistas, pero, también, que impide admitir que España es irreformable. ¿Qué le conviene hoy a Cataluña, tener unos nuevos presupuestos o prorrogar los de 2020, que son mucho más limitados y, además, no se pueden enmendar de ninguna manera? Responder correctamente a esta pregunta es tan básico como reconocer quién se equivocó en 1978, sin dar las culpas al adversario, y retomar el camino de la ruptura con España sin descuidar la gobernabilidad de Cataluña.