Lo explicaba el otro día el corresponsal de TV3 en Moscú: de las más de 2.000 personas con pasaporte español que viven en la Federación Rusa, sólo 107 habían iniciado el trámite para poder votar en las elecciones del pasado 28 de abril y, de estas, parece que sólo una (¡una!) había podido hacerlo efectivo en el consulado de la capital. Las escandalosas cifras ilustran la magnitud del desastre que se repite en cada convocatoria electoral para los 2,5 millones de personas (un número que, por cierto, no para de aumentar) que viven de forma permanente o temporal fuera del Reino de España. El 90% de estos emigrantes, conocedores de las dificultades y trabas del actual sistema, optan directamente por renunciar a ejercer su derecho fundamental a la participación política.

Y, ¿cuáles son estos impedimentos? Hasta el año 2011, la votación se podía hacer directamente en el consulado donde cada uno estaba inscrito o, si se solicitaban las papeletas, a través del correo postal. Entonces, la participación giraba en torno al 30% de los censados. Hace ocho años, sin embargo, y a raíz de la detección de varios casos de fraude (difuntos que constaban en el censo y votaban) se modificó la LOREG y se introdujo la obligatoriedad de "rogar" (como si fuera un favor que les hacen, en lugar de un derecho) el voto, es decir, de manifestar a través de un formulario la voluntad de participar en la votación. Un trámite, no siempre sencillo, que comporta un agravio comparativo evidente en relación con las personas que residen en el Estado. Y, encima, tampoco evita los posibles fraudes porque la gran mayoría de países no comunican las defunciones a los consulados y embajadas y, por lo tanto, el DNI sigue siendo válido y susceptible de ser utilizado de forma ilegal para solicitar y ejercer el voto.

Si no se hace nada, si nadie pone remedio, la participación del voto exterior seguirá bajo mínimos, 226.381 catalanes y catalanas seguirán viendo vulnerado su derecho a la participación política 

Una vez "rogado" el voto, se inicia la segunda y más incierta fase, la de esperar la llegada de las papeletas pertinentes para poder llevarlas el día señalado al consulado o, si eso no es factible, para enviarlas de nuevo por correo. En este procés, y como más lejos de la Península más, es donde la mayoría de los potenciales votantes quedan atascados porque el esperado sobre con el material electoral llega tarde o nunca. Si a este procedimiento, que parece pensado para impedir el derecho al voto más que para facilitarlo, añadimos la falta de información, la descoordinación entre los diferentes consulados y los cambios de plazos sobre la marcha, el resultado es que el ejercicio del voto exterior ha quedado reducido a poco más del 5%.

Dicen que si un sistema falla una vez es culpa del sistema, pero que si, a pesar de saber que falla, no lo cambias, entonces es culpa tuya. Y dice la Constitución española que los poderes públicos tienen que facilitar el derecho al sufragio a los residentes de fuera del Estado y que hay que promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas, eliminando obstáculos que lo impidan. Es evidente que el actual modelo no se ajusta a estos preceptos.

¿Qué se puede hacer? A medio plazo, introducir el voto electrónico, como ya hacen determinados estados de los EE.UU. o Estonia; a corto, eliminar el voto rogado; y, de manera inmediata, permitir la descarga e impresión de los boletos. De esta manera, se eliminaría la incertidumbre del envío por correo postal y se ganarían 20 días de margen.

Si no se hace nada, si nadie pone remedio, la participación del voto exterior seguirá bajo mínimos, 226.381 catalanes y catalanas seguirán viendo vulnerado su derecho a la participación política y aumentará inevitablemente la sospecha de que la causa de esta exclusión reside en el perfil mayoritario de los emigrantes post-crisis (personas jóvenes, con nivel de estudios alto y sensibilidad política progresista).

Adam Majó, director de la Oficina de Drets Civils i Polítics