Las intensas lluvias y los cambios bruscos de temperatura deterioran con rapidez el firme de muchas carreteras. Bajo la capa superficial del asfalto se filtra el agua, se debilita la base y terminan apareciendo baches y socavones que, en cuestión de días, pueden convertirse en un serio riesgo para la circulación. El resultado más habitual es el reventón de un neumático tras impactar contra un agujero profundo, con el consiguiente coste económico para el conductor.
Un neumático dañado por un socavón no siempre implica únicamente su sustitución. En impactos severos también pueden verse afectadas la llanta, la alineación e incluso componentes de la suspensión o la dirección. La factura puede incrementarse de forma considerable, especialmente en vehículos equipados con llantas de gran diámetro o neumáticos de perfil bajo, más sensibles a este tipo de golpes.
Cómo se producen los reventones y qué daños pueden ocultar
La mecánica del daño es relativamente sencilla. Cuando el vehículo atraviesa un bache profundo a cierta velocidad, el neumático se comprime bruscamente contra el borde del socavón. Si la presión interna no puede absorber el impacto, se produce un corte en la banda de rodadura o en el flanco, o bien una rotura interna de la carcasa que deriva en un reventón.
En muchos casos el deterioro no es inmediato ni evidente. Puede aparecer un abultamiento lateral horas después, síntoma inequívoco de que la estructura interna ha quedado comprometida. También son frecuentes las llantas dobladas, pequeñas fisuras en el metal y desajustes en la geometría de la dirección que provocan vibraciones o desgaste irregular de los neumáticos en los días posteriores.
Cabe destacar que los daños no siempre se limitan a la rueda. Un golpe contundente puede afectar a amortiguadores, rótulas, brazos de suspensión o incluso a los rodamientos. Estas averías, menos visibles en un primer momento, incrementan el riesgo de pérdida de estabilidad si no se detectan a tiempo. Por ello, tras un impacto fuerte contra un socavón, resulta habitual que en el taller se revise todo el tren afectado.
El aumento de incidencias tras periodos de lluvias intensas responde al deterioro acelerado del firme. Cuando el mantenimiento no se realiza con la suficiente rapidez, los agujeros se agrandan y se convierten en puntos negros para la seguridad vial.
Quién debe asumir el coste y cómo se articula la reclamación
Cuando el daño deriva directamente del mal estado de la carretera y no de una conducción negligente, la responsabilidad puede recaer en la Administración titular de la vía. El ordenamiento jurídico contempla la responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de los servicios públicos, lo que incluye la obligación de conservar las infraestructuras en condiciones adecuadas de seguridad.
Para que la reclamación prospere es imprescindible acreditar varios elementos: la existencia real del daño, su valoración económica y la relación directa entre el socavón y la avería. También debe quedar claro que no concurrió fuerza mayor ni culpa exclusiva del conductor. La prueba suele apoyarse en fotografías del desperfecto, datos precisos del punto kilométrico y facturas detalladas de la reparación.
La Administración responsable varía según la titularidad de la vía. En entornos urbanos corresponde al Ayuntamiento; en carreteras autonómicas, a la Comunidad Autónoma; y en vías de titularidad estatal, al organismo competente en materia de transportes. Identificar correctamente el tramo resulta determinante para dirigir la reclamación al órgano adecuado.
Por otro lado, algunas pólizas de seguro contemplan la cobertura de daños propios ocasionados por baches. En estos casos, la aseguradora puede hacerse cargo inicialmente de la reparación y, posteriormente, repetir contra la Administración responsable para recuperar el importe abonado.
Lo destacable en este caso es que el conductor no tiene por qué asumir de forma automática el coste de un reventón provocado por un firme en mal estado. Cuando se demuestra que el origen del daño está en la falta de mantenimiento de la vía, el marco legal establece mecanismos para exigir la correspondiente indemnización y restituir el perjuicio económico sufrido.