La Dirección General de Tráfico ha dado un paso firme en la regulación de los patinetes eléctricos al establecer un régimen sancionador que contempla multas de hasta 800 euros para determinadas infracciones. Esta decisión se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido de los vehículos de movilidad personal en las ciudades españolas y responde a la necesidad de reforzar la seguridad vial y la convivencia en el espacio urbano. No es ningún secreto que el uso intensivo y, en muchos casos, incorrecto de estos vehículos ha generado conflictos recurrentes con peatones y otros usuarios de la vía.
El patinete eléctrico ha pasado en pocos años de ser una solución de movilidad marginal a convertirse en un elemento habitual del paisaje urbano. Sin embargo, su rápida implantación no siempre ha ido acompañada de un conocimiento claro de la normativa, lo que ha derivado en conductas peligrosas y un aumento de los accidentes. En este sentido, la DGT ha optado por endurecer las sanciones como herramienta disuasoria y de ordenación.
Infracciones habituales y sanciones previstas
El nuevo marco sancionador pone el foco en aquellas conductas que suponen un mayor riesgo para la seguridad. Circular por aceras y zonas peatonales, una de las infracciones más frecuentes, está expresamente prohibido y puede conllevar sanciones económicas elevadas. Esta práctica se considera especialmente grave por el peligro que representa para los peatones, uno de los colectivos más vulnerables en el entorno urbano.
También se penaliza el uso del teléfono móvil o de auriculares durante la conducción del patinete. Estas acciones, que reducen de forma notable la atención y la capacidad de reacción, están equiparadas a las infracciones cometidas por conductores de otros vehículos. En este sentido, las multas asociadas a estas conductas refuerzan la idea de que el patinete eléctrico debe cumplir las mismas normas básicas de circulación.
El consumo de alcohol o drogas es otro de los supuestos contemplados en el régimen sancionador. Los usuarios de patinetes están sujetos a los mismos límites que el resto de conductores, y su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas importantes. Cabe destacar que, en función de la gravedad y de la reincidencia, la acumulación de infracciones puede elevar el importe total de la multa hasta los 800 euros.
Registro, identificación y seguro obligatorio
Uno de los cambios más relevantes en el horizonte normativo es el refuerzo de las obligaciones administrativas asociadas al uso del patinete eléctrico. La identificación del vehículo mediante un registro específico se perfila como un elemento clave para mejorar el control y la trazabilidad en caso de infracción o accidente. En este sentido, el patinete deja de considerarse un elemento informal para pasar a integrarse plenamente en el sistema de movilidad regulada.
Por otro lado, la obligatoriedad de contar con un seguro de responsabilidad civil adquiere un papel cada vez más relevante. Esta medida busca garantizar la cobertura de posibles daños a terceros y reducir los conflictos derivados de accidentes en los que se ven implicados patinetes eléctricos. Lo destacable en este caso es que la falta de seguro puede suponer también sanciones económicas, reforzando el carácter vinculante de esta obligación.
La combinación de registro, seguro y sanciones económicas configura un marco más estricto, pero también más claro. La DGT persigue con ello eliminar la ambigüedad normativa y facilitar la labor de control por parte de las autoridades locales, que hasta ahora han aplicado criterios dispares en función del municipio.
Convivencia urbana y seguridad vial
El endurecimiento de las multas no responde únicamente a una lógica punitiva. El objetivo principal es mejorar la convivencia entre los distintos usuarios de la vía pública en ciudades cada vez más saturadas. El patinete eléctrico ocupa un espacio intermedio entre el peatón y el vehículo motorizado, lo que exige normas precisas para evitar conflictos y situaciones de riesgo.
En este sentido, la nueva política sancionadora pretende corregir hábitos arraigados y consolidar un uso más responsable de estos vehículos. La seguridad vial se sitúa como eje central de la regulación, junto con la protección de los peatones y la fluidez del tráfico urbano.
Llama especialmente la atención que la DGT apueste por una equiparación progresiva del patinete eléctrico con otros vehículos en términos de obligaciones y responsabilidades. Este enfoque refuerza su papel como solución de movilidad válida, pero sujeta a normas claras y exigentes.
Con multas que pueden alcanzar los 800 euros, los patinetes eléctricos entran en una etapa de mayor control y exigencia normativa. La intención es clara: reducir comportamientos peligrosos, mejorar la seguridad en las ciudades y consolidar un modelo de movilidad urbana más ordenado y previsible.