La Comisión Europea ha descartado este miércoles legislar sobre el reconocimiento de las “regiones nacionales”, tal como pedía una iniciativa Ciudadana Europea que exigía una atención especial dentro de la política de cohesión de la UE a las regiones nacionales. La propuesta, titulada “Política de cohesión para la igualdad de las regiones y la preservación de las culturas regionales” y suscrita por personalidades como el presidente en el exilio Carles Puigdemont o el exconseller Josep Huguet, pretendía que Bruselas diera una atención especial dentro del macropresupuesto europeo a los territorios con características nacionales, étnicas, culturales, religiosas o lingüísticas diferentes a las regiones circundantes.
La Comisión ha asegurado en un comunicado que, después de revisar “cuidadosamente” la petición, ha concluido que la iniciativa ciudadana no se enmarca dentro de su ámbito competencial. Si bien el ejecutivo “reconoce la importancia de las cuestiones planteadas”, considera que algunas de las propuestas —como por ejemplo la de definir e identificar 'regiones nacionales' o tener en cuenta las fronteras lingüísticas y étnicas— “exceden el ámbito registrado por la Comisión”. En este sentido, el ejecutivo comunitario ha recordado que la política regional de la UE ya cuenta con “sólidas” salvaguardias que promueven la inclusión y la igualdad de trato de las minorías, así como el respeto por la diversidad cultural y lingüística.
“No hay pruebas suficientes”
La misma iniciativa, además, pedía en Bruselas la ampliación de la lista de regiones menos favorecidas para incluir nuevas categorías, una exigencia que también se ha tumbado. En el escrito hecho público este miércoles, se dice que “no existen pruebas suficientes que afirmen que las regiones con características nacionales, étnicas, culturales, religiosas o lingüísticas diferentes a las regiones circundantes se encuentren sistemáticamente en desventaja”.
Se trata de la undécima iniciativa ciudadana a la cual Bruselas da respuesta de las 121 registradas desde que se puso en marcha este instrumento, que permite a los europeos solicitar a la Comisión que actúe en un ámbito determinado si consiguen un apoyo suficiente, de al menos un millón de personas. La Comisión Europea había rechazado en un primer momento el registro de esta iniciativa la primera vez que se presentó, en el 2013, pero sus impulsores —un ciudadano húngaro y otro rumano— lo llevaron ante el Tribunal de Justicia de la UE, que en el 2016 sentenció que la Comisión había errado al rechazarla y anuló la decisión, con lo cual Bruselas la registró finalmente en el 2019.