La Comisión Europea estudiará una iniciativa ciudadana que recogió 1,2 millones de firmas entre en abril de 2024 y en mayo de 2025 para pedir a la UE que presente una propuesta de apoyo financiero a los Estados miembros que permita realizar una interrupción segura del embarazo a cualquier persona en Europa que no tenga acceso a un aborto seguro y legal, incluso aquellas que se encuentran en países donde esta práctica es ilegal o muy difícil de hacer de forma segura, según han anunciado las organizadoras este lunes. La Comisión tiene ahora hasta el 2 de marzo de 2026 para presentar su respuesta oficial explicando qué medidas prevé adoptar o en el caso de optar por no seguir adelante con la solicitud, justificar por qué lo ha descartado. 'Mi voz, la mía decisión' registró hace un año una iniciativa ciudadana para reclamar a la Comisión Europea un fondo para ayudar a las mujeres a las cuales se les niega el acceso al aborto, a través de la financiación, por ejemplo, de viajes en otro estado miembro para abortar de manera gratuita y segura.

"Eso es historia porque es la primera vez que la CE tendrá que incluir en su agenda el derecho al aborto basado en la voluntad de los ciudadanos", ha afirmado la fundadora del movimiento 'mi voz, mi decisión', Nina Kovac, en una rueda de prensa donde ha anunciado la validación de la iniciativa por parte de la Comisión. El movimiento surgió a raíz de la preocupación por el limitado acceso al aborto en la UE, ya que, según la organización, veinte millones de mujeres en Europa no tienen acceso a atención sanitaria segura para interrumpir de forma voluntaria su embarazo, especialmente en Malta y Polonia donde el aborto es ilegal. "Las mujeres en Malta son obligadas a mantener su aborto en secreto, sin poder explicárselo ni siquiera a sus madres ni a sus amigas más próximas, porque buscar atención médica es un delito", ha explicado a la periodista maltesa y activista para los derechos reproductivos Belle de Jung en la misma rueda de prensa. "Será difícil, pero sabemos que más del 70% de la población [de la UE] da apoyo al aborto seguro", ha insistido la activista eslovena Nina Kovac.

No podrá cambiar la normativa de los Estados miembros

A través de un comunicado, la Comisión Europea ha hecho saber que el suyo apoyo a la iniciativa se verá limitado por el artículo 168.7 del Tratado de Fundación de la Unión Europea, que indica que la acción de la UE tiene que respetar las responsabilidades de los Estados miembros con respecto a la definición de su política sanitaria y para la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica y ha recalcado que la iniciativa no se refiere a la concesión del derecho al aborto a nivel de la UE, sino a la creación de mecanismos financieros que se pueden vincular a proyectos de salud ya existentes, como UEproSalud, para poder garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva a todas las personas de la Unión. De hecho, la misma iniciativa deja claro que "no tiene por objeto armonizar ni interferir en las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros" relativas al aborto. Las organizadoras recuerdan, sin embargo, que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometió hace dos años en que la Comisión diera apoyo a los esfuerzos de los países europeos por implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tienen que ver con el acceso a la salud reproductiva y sexual.

En Europa existen grandes diferencias con respecto a la legislación sobre el aborto. 25 Estados miembros han legalizado la interrupción del embarazo, pero el plazo para hacerlo varía mucho entre los diferentes países. En Portugal y Croacia, por ejemplo, este plazo acaba a las 10 semanas, mientras que en los Países Bajos se alarga hasta las 24 semanas, y en España, hasta las 14. La gran mayoría de estados, sin embargo, fijan en 12 el plazo para poder llevar a cabo una interrupción voluntaria del embarazo. Polonia y Malta son los países con leyes más restrictivas. En Polonia, solo se puede abortar en caso de violación y peligro para la vida de la madre, mientras que en Malta solo se pueden llevar a cabo para proteger la vida de la madre o si el feto es inviable.