El gobierno italiano ha decretado este miércoles el estado de emergencia en la zona del derrumbe de un puente en Génova y ha anunciado que destinará cinco millones de euros para las primeras acciones urgentes de un siniestro que ha causado al menos 39 muertos y 16 heridos.

El suceso tuvo lugar cuando un tramo de unos cien metros del puente Morandi, construido en la década de los años 60, se vino abajo y sepultó a los coches que circulaban por él en ese momento. El viaducto transcurre sobre una zona urbana en la que hay centros comerciales, edificios residenciales y áreas industriales, y los equipos de emergencia temen que puedan producirse ulteriores desplomes, por lo que han sido desalojadas 634 personas de edificios adyacentes.

La mayoría han pasado la noche en casas de familiares, según ha informado el primer ministro italiano, Giuseppe Conte en rueda de prensa, aunque también ha habido otros que se encuentran en campamentos improvisados en centros que han facilitado las autoridades locales.

El gobierno italiano entre los antisistema del Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga ha celebrado este mismo miércoles una reunión extraordinaria en Génova. Al encuentro han asistido Conte, los vicepresidentes, Luigi Di Maio (M5S) y Matteo Salvini (Liga), y el ministro de Infraestructuras, Danilo Toninelli, mientras que el resto de ministros, excepto dos, han seguido la reunión a través de dispositivos audiovisuales, según han asegurado fuentes oficiales.

En la reunión, se ha decretado el estado de emergencia por doce meses en la zona siniestrada y se ha decidido movilizar un paquete de "cinco millones de euros para cubrir las primeras intervenciones urgentes", ha dicho Conte. Además, el primer ministro ha señalado que este primer paquete de ayudas será un punto de partida que deberá ser incrementado a medio plazo para las acciones de reconstrucción y otras cuestiones que por el momento no son prioritarias.

Paralelamente, se ha decidido comenzar "el procedimiento para la revocación de la concesión a la empresa Autostrade per l'Italia", filial de Atlantia y responsable del mantenimiento del puente derrumbado.

Conte también ha avanzado que "el gobierno, a la hora de otorgar nuevas concesiones, será mucho más riguroso en la evaluación de las cláusulas" para evitar que siniestros como el de Génova se repitan en el futuro. Además, desarrollará un plan extraordinario que contemple controles en todas las infraestructuras del país, "muchas construidas entre los años 50 y 70, y que sufren cierto degrado".