El primer presidente de la historia de los Estados Unidos condenado en un juicio penal ya está libre de todos los cargos. El caso por supuesta injerencia electoral de Donald Trump en el Estado de Georgia ha quedado definitivamente archivado. Pete Skandalakis, el nuevo fiscal encargado del procedimiento, ha decidido no continuar con la acusación contra el presidente de los Estados Unidos ni contra el resto de implicados. La decisión pone fin al último proceso penal que todavía pesaba sobre Trump por las elecciones de 2020.
Trump había sido imputado en agosto de 2023 por intentar alterar los resultados de su derrota en el Estado, donde perdió por menos de 12.000 votos ante Joe Biden. Ese mismo verano llegó a pasar unos minutos en la cárcel del condado de Fulton para ser fichado, en una imagen que dio la vuelta al mundo. El origen del procedimiento se remonta a enero de 2021, cuando Trump telefoneó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para pedirle que “encontrara 11.780 votos” para alterar el resultado. La grabación de la llamada se convirtió en una de las pruebas más comprometedoras.
El magnate estadounidense afrontaba 13 delitos, entre ellos conspiración para suplantar a un funcionario, presiones a cargos públicos y falsedad documental en el marco de lo que los fiscales calificaban de “asociación delictiva”. El caso, enredado en retrasos y controversias, había quedado prácticamente paralizado después de que Fani Willis, fiscal del condado que lideraba la acusación, fuera apartada por su relación sentimental con un subordinado que participaba en el proceso.
En una moción detallada, Skandalakis argumenta que el caso no podía prosperar ni jurídica ni procesalmente. Defiende que “no es ilegal cuestionar o impugnar unos resultados electorales” y considera irrealista obligar a un presidente en ejercicio a comparecer en un tribunal estatal. También ha tenido en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que reconoce inmunidad absoluta al presidente por los actos dentro de su autoridad constitucional, un escenario que habría abocado el litigio a alargarse hasta bien entrada la década de 2030.
La causa afectaba a catorce personas más, como el exalcalde de Nueva York y abogado de Trump, Rudy Giuliani; el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows; el funcionario del Departamento de Justicia Jeffrey Clark; y los abogados John Eastman y Kenneth Chesebro, implicados en la trama de los “electores falsos”. Todos ellos quedan también exculpados.
El principal abogado de Trump en Georgia, Steve Sadow, aplaudió la decisión: “La persecución política del presidente Trump por parte de la fiscal destituida Fani Willis finalmente ha terminado. Este caso nunca debería haberse presentado. Un fiscal justo e imparcial ha puesto fin a esta guerra legal”, declaró en unas palabras recogidas por la agencia AP.
Con el archivo del caso de Georgia, Trump ya no tiene ninguna causa penal pendiente derivada de las elecciones de 2020. Los procesos federales sobre el asalto al Capitolio y la retención de documentos clasificados decayeron con su vuelta al poder. El único caso en el que ha sido condenado, en Nueva York por falsificación de registros comerciales vinculados al pago a Stormy Daniels, quedó en una sentencia sin pena tras su victoria electoral.