El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha anunciado este lunes a X que las "ventajas de por vida" de los antiguos miembros del gobierno serán suprimidas a partir del 1 de enero de 2026. La protección policial solo será concedida a los ex primeros ministros y a los ex-ministros del Interior durante un periodo limitado, según Lecornu, y esta protección se renovará "en función de la realidad del riesgo".

Todos los otros medios que se otorgan a estos ex primeros ministros "de por vida" serán desde ahora por un plazo limitado. El primer ministro ha afirmado que no es concebible que antiguos ministros "puedan disfrutar de ventajas de por vida en virtud de un estatus temporal". El nuevo primer ministro ha dicho que no se puede pedir a los ciudadanos que hagan esfuerzos si aquellos que ocupan los sitios de responsabilidad no hacen ninguno. La reforma "no es siempre para los otros", ha dicho, y eso genera sospecha. Esta medida ya había sido esbozada por predecesores como Michel Barnier, que quería un "nivel de vida del Estado (...) más sobrio, más simple", y François Bayrou, que quería identificar "situaciones de ventajas indebidas, excesivas".

Según Le Parisien, el gobierno tiene previsto revisar el decreto del 20 de septiembre de 2019, que regula los privilegios otorgados a los ex primeros ministros.

Algunas de las ventajas existentes hasta ahora

La posibilidad que tienen los ex-primeros ministros de pedir que el Estado les proporcione un vehículo oficial y un conductor. También pueden tener a disposición un agente para su secretariado particular durante diez años después de dejar el cargo, y como límite hasta que lleguen a los 67 años. Estas ventajas no se aplican si el ex primer ministro ya tiene estos privilegios porque ejerce o ha ejercido un mandato parlamentario o local, o por su situación en la función pública.

El primer ministro, nombrado el martes por Emmanuel Macron después de la caída de François Bayrou, pone así en marcha una de sus primeras promesas, mientras consulta en paralelo las fuerzas políticas, sindicales y patronales con vistas a formar un gobierno capaz de sobrevivir a las amenazas de censura de la oposición. Su predecesor ya había anunciado la voluntad de someter estos privilegios ministeriales a un examen riguroso: a finales de agosto había encargado al exdiputado socialista René Dosière una misión para identificar las "ventajas indebidas, excesivas, inaceptables" en un contexto de descontrol de las finanzas públicas.