El país que nunca duerme parece, esta vez, haber quedado a medias: medio dormido, medio paralizado. En los aeropuertos, los paneles de salidas se llenan de texto en rojo que dice “cancelado”; en el Congreso, las palabras resuenan como un eco vacío. Estados Unidos afronta el cierre federal más largo de su historia –37 días y sumando–, y su pulso político se ha convertido en un juego de resistencia que ya empieza a tener consecuencias muy tangibles.
El conflicto estalló el 1 de octubre, cuando demócratas y republicanos no lograron aprobar el presupuesto federal. El desacuerdo gira en torno a una cuestión central: la extensión de los créditos fiscales del Obamacare, un elemento clave para mantener los subsidios al seguro médico. Los demócratas se han negado a aprobar ningún presupuesto que no incluya esta medida, y según una nueva encuesta del KFF –un centro de investigación en políticas sanitarias– casi la mitad de los estadounidenses les da apoyo en esta postura.
¿Qué dicen los americanos sobre el bloqueo?
El 48% de los encuestados considera que los demócratas deben mantenerse firmes, incluso si eso implica alargar el cierre del gobierno. Un porcentaje casi idéntico, el 50%, cree que deberían ceder para poner fin a la crisis. Este equilibrio, que se mantiene estable desde el primer día de bloqueo, es poco habitual: en crisis anteriores –como la de 2013, cuando los republicanos querían desmantelar el Obamacare, o la de 2019, con el muro fronterizo de Donald Trump– solo una minoría veía justificado paralizar el país por un objetivo político.
Esta estabilidad en la opinión pública ha reforzado la posición de los demócratas. El senador Chris Murphy, de Connecticut, lo resumía así: “Sería muy extraño rendirnos cuando los americanos nos piden que resistamos”. Mientras las encuestas les son favorables y las elecciones recientes han confirmado su impulso, no hay muchos incentivos para retroceder. Pero la realidad fuera del Capitolio es cada vez más cruda.
Las consecuencias del bloqueo
El efecto más inmediato y devastador se nota en el cielo. A partir de este viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA) reducirá un 4% los vuelos en 40 aeropuertos de los Estados Unidos, y la cifra subirá progresivamente hasta el 10% si no hay acuerdo la semana que viene. Esto supone miles de cancelaciones diarias en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Atlanta o Miami, que afectarán también a las conexiones internacionales.
Las razones son obvias y preocupantes: los controladores aéreos y el personal de seguridad en los aeropuertos son trabajadores esenciales que deben continuar yendo a trabajar, pero no cobran el sueldo desde hace más de un mes. Según el sindicato nacional de controladores, cada día hay más que renuncian o buscan otros ingresos para poder pagar las facturas. “Estamos viendo un sistema bajo tensión extrema”, advertía el director de la FAA, Bryan Bedford. Desde el inicio del cierre, se han registrado más de 450 incidentes de falta de personal en las torres de control.
Situación crítica
La situación es especialmente crítica de cara a la temporada alta de viajes. Si el bloqueo persiste, millones de pasajeros podrían quedarse en tierra antes de las vacaciones de Navidad, con un impacto económico que las aerolíneas comparan a una tormenta masiva, pero sin nubes ni truenos. Mientras tanto, Washington continúa mirándose el ombligo. Los republicanos comienzan a mostrar fisuras y a insinuar posibles concesiones sobre los créditos fiscales, pero todavía no hay ningún acuerdo inminente. Los demócratas, reforzados por la opinión pública y el contexto electoral, no parecen dispuestos a ceder.
Así, mientras los políticos juegan su partida de ajedrez, el país sufre la factura de un bloqueo que ya no es solo institucional, sino también vital. Los EE. UU. viven, una vez más, la paradoja de su propia democracia: la libertad de discrepar convertida en inmovilismo colectivo.