El expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha sido arrestado por segunda vez y enviado de nuevo a prisión por su intento fallido de imponer la ley marcial el diciembre pasado. La detención la ha ordenado un tribunal de Seúl, alegando que el exlíder puede intentar destruir pruebas que lo vinculen con el caso.
Yoon, que afronta cargos por insurrección, ya fue detenido en enero de este año y liberado 52 días después por motivos procesales. El surcoreano empujó el país a una crisis política sin precedentes después de enviar soldados armados al parlamento para evitar que se votara en contra de su declaración de ley marcial. A pesar de esquivar la detención durante semanas, utilizando su equipo de seguridad presidencial para disuadir a los agentes —se le acusa de haber ordenado a sus escoltas que desenfundaran las armas si lo intentaban detener—, fue finalmente arrestado en una batida en enero. El Tribunal Constitucional lo destituyó del cargo en abril, y dos meses después, en junio, se celebraron elecciones anticipadas. Lee Jae Myung, el nuevo presidente del país, aprobó una legislación para facilitar las investigaciones sobre el intento de Yoon de imponer la ley marcial, además de otras acusaciones criminales que se ciernen sobre él y su mujer.
Yoon se enfrenta a diversas acusaciones
El juez Nam Se-jin, del Tribunal del Distrito Central de Seúl, ha emitido esta madrugada la orden de arresto, que se ha ejecutado poco después. La fiscalía acusa Yoon de obstrucción especial de deberes oficiales, violación de la ley del Servicio de Seguridad Presidencial, abuso de autoridad, falsificación de documentos oficiales y destrucción de registros públicos. Es especialmente relevante la acusación relacionada con la reunión que mantuvo la noche del 3 de diciembre, antes de declarar la ley marcial. Según la fiscalía, Yoon citó únicamente a los ministros leales a su causa —que conformaban la mitad del Gabinete— y excluyó aquellos que podían oponerse a su decisión. El expresidente falsificó las actas de la reunión a fin de que pareciera una decisión oficial, legitimando así la proclamación de una medida que, según la Constitución del país, requiere la unanimidad del Gabinete para ser aprobada. En la misma línea, Yoon y su equipo también habrían redactado documentos falsos para dar apariencia de legalidad a la ley marcial.
Cualquier condena es posible
Yoon sigue defendiendo sus actuaciones, argumentando que la ley marcial es necesaria para "erradicar las fuerzas favorables a Corea del Norte y antiestatales". Esta vez, el expresidente estará detenido un máximo de veinte días, mientras los fiscales se preparan para acusarlo formalmente. Una vez esto suceda, podría permanecer bajo custodia policial hasta seis meses después de la imputación. El equipo legal del expresidente ha tildado de irrazonable la detención, dado que Yoon ha sido destituido y "ya no tiene ninguna autoridad". El mismo Yoon ha reivindicado una persecución por parte de la fiscalía, explicando que "están persiguiendo a mis abogados defensores, y quizás pronto tendré que luchar contra eso solo". En caso de ser condenado, el expresidente podría enfrentarse a una pena máxima de cadena perpetua o, incluso, la muerte.