Cuando una persona alquila una vivienda, es habitual que se le solicite una fianza al inicio del contrato. Sin embargo, muchos inquilinos cometen el error de pensar que pueden usarla para cubrir el último mes de alquiler, evitando así el pago final. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) regula este aspecto y establece de manera clara que esta práctica no está permitida.
El Artículo 36 de la LAU es el que regula el uso de la fianza en los arrendamientos urbanos. Según esta norma, la fianza tiene como objetivo garantizar posibles daños en la vivienda o el impago de obligaciones del inquilino, pero no puede sustituir el pago de la renta mensual. Esto significa que, aunque el inquilino deba abandonar la vivienda, la obligación de pagar el último mes sigue siendo su responsabilidad, y la fianza se utiliza únicamente para responder ante desperfectos o deudas pendientes que surjan durante el arrendamiento.
Funciones y límites de la fianza
La fianza actúa como un mecanismo de protección para el propietario. Su cuantía suele equivaler a una o dos mensualidades de renta, dependiendo de si se trata de vivienda habitual o arrendamiento de local. Una vez finalizado el contrato, el propietario debe devolver íntegramente la fianza al inquilino si la vivienda se entrega en buen estado y no hay rentas pendientes.
Si existen daños en la vivienda, el propietario puede descontar de la fianza el coste de las reparaciones. Del mismo modo, si el inquilino no ha pagado algún mes, no puede simplemente compensarlo con la fianza: primero se debe reclamar el pago mediante los cauces legales correspondientes, y la fianza solo se usará si hay un impago comprobado y autorizado.
Un equilibrio entre arrendador y arrendatario
Esta regulación busca equilibrar los derechos y obligaciones de ambas partes: protege al propietario frente a daños o impagos y asegura al inquilino que la fianza le será devuelta si cumple con sus obligaciones. Además, evita malentendidos y conflictos legales sobre el uso indebido de la fianza, un problema bastante frecuente en los contratos de alquiler.
En definitiva, la fianza no es un “último mes gratis”, sino una garantía que respalda el cumplimiento de las obligaciones del inquilino. Conocer el Artículo 36 de la LAU y sus implicaciones ayuda a evitar conflictos y a gestionar correctamente el alquiler, garantizando que tanto propietarios como inquilinos sepan qué esperar y cuáles son sus responsabilidades. Cumplir la norma protege los derechos de ambos y asegura una relación de arrendamiento más segura y transparente.