En España, despedir a un trabajador por un presunto robo —como ocurriría si alguien sustrae una colonia u otro producto de una tienda— no garantiza automáticamente que el despido sea procedente. Aunque a primera vista pueda parecer una causa clara para rescindir un contrato, el ordenamiento jurídico laboral exige una serie de requisitos y garantías que, de no cumplirse, pueden llevar a que ese despido sea declarado improcedente. Esto es precisamente lo que pasó en un reciente caso protagonizado por un trabajador de El Corte Inglés, del que hablaba el canal de TikTok @empleado_informado: fue despedido por un supuesto hurto, pero la Justicia laboral terminó considerando su despido improcedente y le otorgó una indemnización de 73.000 €.
Cómo y por qué se puede declarar un despido improcedente
En España, la regulación principal sobre despidos se encuentra en el Estatuto de los Trabajadores, que reconoce que un empleador puede despedir a un trabajador si existe una causa justa y demostrable. Sin embargo, esta causa debe estar acreditada con pruebas sólidas y debe seguirse un procedimiento formal establecido por ley.
Un despido puede ser procedente, improcedente o incluso nulo:
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Procedente: cuando la causa alegada por la empresa está acreditada y se ha seguido el procedimiento legal. Por ejemplo, faltas graves o reiteradas de disciplina, rendimiento insuficiente demostrado, o hurtos debidamente probados con evidencias claras.
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Improcedente: cuando la empresa no puede demostrar adecuadamente la causa alegada, o cuando no respeta los requisitos formales (como entregar una carta de despido con motivación clara y comunicar la decisión de forma correcta). En estos casos, la ley obliga al empleador a indemnizar al trabajador.
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Nulo: cuando se vulneran derechos fundamentales del trabajador (por ejemplo, despido discriminatorio). En este caso, el empleado debe ser readmitido con salarios de tramitación.
Para declarar un despido improcedente, no basta con alegar una causa; la empresa debe acreditarla ante el juez o tribunal laboral, aportando evidencias claras y objetivas. Si la causa no está suficientemente probada, o si el despido se comunicó de forma deficiente, los tribunales pueden estimar que no hubo motivo legal para despedir, y, por tanto, lo califican de improcedente.
En el caso de El Corte Inglés, el despido se basó en el presunto robo de una colonia. Sin embargo, el trabajador impugnó el despido ante los Juzgados de lo Social, y el tribunal consideró que no se había aportado prueba suficiente de que realmente hubiera tenido lugar ese hurto o que, en su defecto, la empresa no había seguido el procedimiento adecuado para acreditar la falta. Como resultado, el despido fue declarado improcedente.
Qué implica una declaración de improcedencia
Cuando un despido se declara improcedente, la empresa tiene dos opciones:
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Readmitir al trabajador en las mismas condiciones laborales que tenía antes del despido.
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Optar por la opción de indemnización obligatoria, calculada según la antigüedad y el salario del trabajador.
La indemnización por despido improcedente se calcula en función de días de salario por año trabajado, con un tope fijado tras las últimas reformas laborales. En este caso, la indemnización ascendió a 73.000 €, una cantidad elevada porque respondió no solo a la antigüedad y salario del trabajador, sino posiblemente a otros factores como la duración del proceso, las prestaciones dejadas de percibir y la cuantía fijada por el tribunal para corregir el daño causado.
El caso de El Corte Inglés demuestra que no todos los despidos por una causa aparentemente “evidente” son legalmente válidos si no se sustentan en pruebas sólidas y se siguen los procedimientos marcados por la ley. El Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia española protegen al trabajador frente a despidos arbitrarios o mal fundamentados. Así, aunque una empresa crea tener motivos para despedir a alguien, corresponde a los tribunales valorar si esa causa está suficientemente acreditada. Si no lo está, el despido puede ser declarado improcedente y el empleador deberá pagar indemnizaciones significativas, como la de 73.000 € en este caso.