La Fiscalía General del Estado (FGE) cierra la puerta a activar la ley de partidos para ilegalizar a EH Bildu después de incluir a 44 exetarras a las listas electorales para el 28-M, siete de ellos con delitos de sangre. Así se cierra el paso a las aspiraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Vox, que han reclamado en los últimos días que arranquen los mecanismos legales necesarios para borrar a los abertzales del panorama político. En un informe técnico elaborado a petición de una asociación de guardias civiles, los fiscales, sirviéndose de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, concluyen que no se puede declarar ilegal a Bildu porque, a su entender, "constituye una formación política democrática" teniendo en cuenta "su actividad, la legalidad de sus medios y la compatibilidad de sus finalidades con los principios democráticos".
En el argumentario, la FGE defiende la legalidad de las candidaturas abertzales porque cree que se atiende la ley de partidos, que reza que "cualquier proyecto se entiende compatible con la Constitución siempre y cuando no se defienda una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales de los ciudadanos". En este sentido, consideran que no concurren ninguno de los requisitos incluidos a la norma para instar a la ilegalización, como "fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para conseguir objetivos políticos".
"Han condenado y condenan la violencia terrorista"
El informe de la Fiscalía bebe de diferentes sentencias judiciales para concluir que no se puede instar a la ilegalización de Bildu. Según una sentencia del Tribunal Constitucional, "la coalición está formada por dos partidos políticos que con reiteración han condenado y condenan la violencia de ETA". Aquí se añade que la banda terrorista se disolvió en octubre de 2011, que desde entonces no ha vuelto a matar y que los 44 candidatos "han aceptado y asumido el ejercicio de la actividad política dentro del marco democrático y constitucional".
Basándose en el Tribunal Supremo, los fiscales recuerdan que en la Constitución española "caben todas las ideas y los proyectos políticos, incluso los que ofenden, chocan e inquietan". "Tienen cabida las ideas contrarias al sistema constitucional, que pretendan sustituirlo, derogarlo y, desde luego, aquellas ideas que postulen formas de organización territorial diferente", haciendo referencia a la aspiración independentista de Bildu. En una sentencia del alto tribunal también se acuerda que "la disolución de un partido político es una de las medidas más graves que se pueden adoptar en democracia". En este sentido, citando jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el informe subraya que no se puede prohibir un partido "por el hecho de que pidan la autonomía o incluso la secesión de parte de un país y, por lo tanto, exige cambios constitucionales y territoriales fundamentales".
Ayuso insiste
Desde Madrid, a pesar del revés de la Fiscalía, Díaz Ayuso se mantiene partidaria de la ilegalización de Bildu a través del artículo 11 de la ley de partidos y ha añadido, después de que la dirección del PP no contemple esta vía, ella cree que se tendría que intentar. "Yo creo que se puede revisar y tendríamos que intentarlo", ha afirmado. La presidenta madrileña ha justificado promover esta ilegalización alegando que esta formación "ha ido mutando con diferentes collares a lo largo del tiempo". Según ha añadido, ella ha estado "viendo" la ley de partidos y el artículo 11 permite "instar el Congreso y el Senado" mediante votación para instar al Gobierno, que no se puede negar, al hecho de que inicie los trámites a la sala competente del Tribunal Supremo.