Tal día como hoy, hace 76 años, en el fossar de Santa Eulàlia del castillo de Montjuïc, el régimen franquista que gobernaba el Estado español fusiló al president de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover. Juzgado por un tribunal militar español -formado por miembros del bando que se sublevó contra la República- fue, paradójicamente, acusado y condenado por los delitos de sedición y rebelión. Un consejo de guerra sumarísimo y sin garantías procesales que se ha demostrado -en el transcurso de la historia- reiteradamente ilegal. "Per Catalunya!" fueron sus últimas palabras.
El president Companys se había marchado al exilio el 23 de enero de 1939, acompañado por los miembros del Govern de la Generalitat. Barcelona caería en manos de los franquistas pocos días después. En Francia se refugiaron en varios lugares. Pero a partir del 5 de Junio de 1940 se les complicaron mucho las cosas. El ejército alemán -en el contexto de la Segunda Guerra Mundial- ocupaba París y el gobierno de la República francesa -que había dado apoyo a los gobiernos catalán y vasco en el exilio- perdió toda su capacidad operativa. La Gestapo y el SIMP -su equivalente franquista- campaban libremente en territorio francés.
Companys fue detenido el 13 de agosto de 1940 por la Wehrmacht en zona ocupada por los alemanes. Fue entregado a un funcionario del SIMP de nombre Pedro Urraca, que lo condujo -detenido- a Madrid. Allí fue interrogado y torturado. El hijo de Urraca, años más tarde, entregó la documentación particular de su padre al Arxiu Nacional de Catalunya, como acto personal de reconocimiento a la figura del president. En cambio, los gobiernos democráticos españoles se han negado sistemáticamente a invalidar el juicio y a condenar la ejecución de un president que simboliza la voluntad democrática y nacional de Catalunya.