Este martes y miércoles se celebrará en el Parlament de Catalunya el debate de política general, lo que viene a ser en España el debate sobre el estado de la nación. Una vez más, se pondrá de manifiesto la anomalía de que los dos principales partidos tras el PSC, Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, lo realizarán sin sus principales líderes, que continúan uno en el exilio y el otro inhabilitado. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras serán los grandes ausentes y ello hará, sin duda, más placentero el debate parlamentario para el president Salvador Illa, que, al frente de un Govern monocolor del PSC, gestiona con relativa comodidad, hasta la fecha, la legislatura.
Su principal asignatura siguen siendo los presupuestos de la Generalitat, que debido a la cicatería del PSOE a la hora de cumplir los acuerdos se le han resistido desde que llegó al cargo en agosto de 2024. No los hubo aquel año, por razones comprensibles de calendario, y los de 2025 naufragaron ante la imposibilidad de seducir a Esquerra Republicana con un acuerdo concreto en la financiación singular. Las cuentas públicas de 2026 están difíciles para Illa, pero ni mucho menos descartadas. De hecho, en las últimas fechas, ha ido creciendo el optimismo a la hora de cerrar un acuerdo que lideran la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por parte de Madrid, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, por parte de la Generalitat.
Su principal asignatura siguen siendo los presupuestos de la Generalitat, que debido a la cicatería del PSOE a la hora de cumplir los acuerdos se le han resistido desde que llegó al cargo en agosto de 2024
El PSC ya ha compartido con Esquerra estos avances y el cambio de actitud de Montero —Andalucía obtendría contrapartidas económicas importantes que ella intentaría capitalizar como candidata del PSOE en las autonómicas de junio—, y el partido de Oriol Junqueras está dispuesto a avanzar en los presupuestos catalanes si el acuerdo de financiación singular es sólido. Es, ciertamente, un castillo en construcción, pero, al parecer, algunas piezas empiezan a encajar. Simultáneamente, a todo ello, está el tema de la inhabilitación de Junqueras, condenado a 13 años de prisión e inhabilitación, pero sin que lo primero sea efectivo tras el indulto del Gobierno de Pedro Sánchez y su salida de la cárcel de Lledoners, en junio de 2021.
Habida cuenta de que los últimos presupuestos aprobados, los de 2023, también se aprobaron tarde, en marzo, hay tiempo de sobra para cumplir este calendario. El aliciente de que serían unos presupuestos expansivos, después de tres años sin cuentas públicas, es un aliciente, también, para los que hoy niegan el voto a Illa. En esta ecuación no entra, por decisión propia, Junts per Catalunya, que excepto un conato muy tibio del vicepresidente Antoni Castellà en el Parlament de explorar si había agua, no ha habido nada más. Y eso que el debate fuera de los órganos de dirección se ha producido y también habría dirigentes de Junts que no harían ascos a un movimiento de esta naturaleza.
Pero la línea oficial de Junts está muy lejos de abrirse a negociaciones con el PSC y se impone muy mayoritariamente la posición de dureza. Una actitud que viene muy marcada por el mal resultado de dos años de negociación con el PSOE en Madrid y cuyos resultados están a años luz de las expectativas del otoño de 2023. Las tres grandes líneas de actuación —ley de amnistía, oficialidad del catalán y transferencia de las competencias de inmigración a la Generalitat— han cosechado, por una u otra causa, fracasos hasta la fecha, y esa situación ya pesa como una losa en las doloridas espaldas de Junts.