La partida para la Mesa y la Presidencia del Congreso de los Diputados sigue, a algo más de 24 horas para la constitución de las Cortes, tan abierta como ha estado en las últimas semanas. Un PSOE enrocado en no hacer concesiones, más allá de la de sendos grupos parlamentarios a Junts per Catalunya y a Esquerra Republicana, que son favores de calibre político pequeño —por más que signifiquen unos ingresos económicos directos de 1,3 millones de euros— para lo mucho que hay en juego. 

Los socialistas, ajenos a todo ello, han designado su candidata a la presidencia, la socialista Francina Armengol, una elección que pretende ser un guiño, ya que durante su etapa como presidenta de les Illes Balears ha batallado fuerte a favor del catalán y estos últimos años ha hecho incluso algunas declaraciones que han sido bien acogidas entre las formaciones independentistas. Sánchez sabe de gestos, pero lo que en estos momentos está encima de la mesa no es un nombre u otro, sino lo que valen los votos de Junts y si el PSOE o el PP están dispuestos a pagar un precio. Desde ese punto de vista, la propuesta de Armengol es una salida por la tangente.

Si las cosas siguen así de encalladas, lo más probable es que Junts vote, al final, a su propio candidato, al menos en primera vuelta, con lo que nadie tendría la mayoría absoluta que requiere el artículo 37.1 del Reglamento. En la segunda votación, con mayoría simple, se la disputarían los dos candidatos con más votos, que si no prosperan candidaturas intermedias, como la del PNV, serían los representantes de PSOE y PP. Aquí sí que Junts debería emitir un voto favorable a alguno de los candidatos o un voto nulo. En esta hipótesis de que los diputados de Puigdemont no decantaran la presidencia, el escaño de Coalición Canaria desempataría el empate a 171 existente, siempre que Sánchez fuera capaz de retener todos los apoyos, incluidos los siete diputados de Esquerra Republicana.

La errática posición de los socialistas, más allá de poner nervioso a los parlamentarios de Sumar, sus socios actuales de gobierno, está teniendo efectos colaterales en su alianza de izquierdas. Esquerra ha ido corrigiendo el rumbo de la semana pasada y ahora insiste en que no tiene nada pactado y el diputado Gerardo Pisarello, que en la última legislatura fue miembro de la Mesa por Unidas Podemos, ha defendido abiertamente la aprobación de una amnistía para amarrar el voto de los diputados de Puigdemont en la conformación de la Mesa.

Como que ya hemos vivido las elecciones españolas de 2015 y de 2019, que se tuvieron que repetir por falta de acuerdo, hay que contemplar que tanto PSOE como PP estén abiertamente decididos a que se celebren nuevas elecciones. Sánchez pensando que tendría rédito electoral si no hace concesiones al mundo independentista y Feijóo contando que la sangría interna que está atravesando Vox le otorgaría un mejor resultado que el 23-J gracias a la ley D'Hondt. De hecho, ya se barajan las fechas del 17 de diciembre si las cosas van rápido con una investidura fallida y el 14 de enero si el ritmo parlamentario es más lento.

En el entorno de Puigdemont existe cada vez más el convencimiento de que Sánchez quiere nuevas elecciones a modo de segunda vuelta y que por ello no se están produciendo movimientos políticos significativos. Si esa fuera la decisión del presidente en funciones, Junts no rebajará su hoja de ruta para evitarlas. La opinión generalizada es que el rumbo está decidido y no habrá votos sin contrapartidas que lo justifiquen y aquí la amnistía y el reconocimiento al derecho a la autodeterminación siguen siendo piedras angulares.