Escuchar este martes al casi siempre ponderado en el lenguaje, al menos cuando se trata de instituciones del Estado, Esteban González Pons arremeter contra el Tribunal Constitucional (TC) no deja de ser sorprendente y, especialmente, llamativo. Sobre todo, porque la dirección del Partido Popular tiene el lenguaje afilado y punzante contra el independentismo catalán y el gobierno de Pedro Sánchez, pero hasta la fecha había dejado a salvo fiscales, jueces y, también, el Tribunal Constitucional. Esta última barrera parece que se ha roto y el TC ha entrado a formar parte de la nueva batería de enemigos del PP. Solo hace falta escuchar la contundencia del vicesecretario de asuntos institucionales del PP: "El cáncer del estado de derecho es el Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde-Pumpido", ha asegurado categóricamente.

Curiosa manera de presentarse para un partido de estado, que hasta la fecha había dejado fuera de la refriega partidista las instituciones españolas. En el corto tiempo que llevamos de la legislatura, el PP ha ido contra el Congreso de los Diputados y su presidenta, la socialista Francina Armengol, a la que ha tildado de ministra 22 y la ha acusado de incompetencia y sectarismo. Y ahora ha abierto el frente del TC y de Conde-Pumpido, arrastrando por el barro el prestigio del Constitucional. En el coloquio del Círculo Ecuestre, la plataforma pública, seguramente, más conservadora de la capital catalana, ha dejado caer que el PP podría dejar de recurrir leyes ante este tribunal, sin aclarar si eso quiere decir que no llevará al TC la ley de amnistía. Su argumento es impropio de eso que se suele llamar partidos de estado, una frase que desde la óptica del estado español solo encaja para los populares y los socialistas.

La tesis elaborada por González Pons de que si el PP no presenta recursos, le roban al "Tribunal Constitucional de Conde-Pumpido la posibilidad de poder mutar la Constitución", tiene un mucho de falaz y de intentar captar votantes de Vox, con un discurso que casi raya el trumpismo y que encarna más la tropa de Isabel Díaz Ayuso que la de Alberto Núñez Feijóo. Sospecho que con las elecciones gallegas en el horizonte y la necesidad de que Vox se quede a cero diputados, habrá estrategas defendiendo la necesidad de hacer concesiones a este colectivo, pero muy seguros tienen que estar de que tienen bien amarrado el discurso por el otro lado. Si no, el riesgo de acabar desprestigiando el TC, simplemente porque los populares han perdido el control tras los últimos cambios y Conde-Pumpido ha pasado a manejar un organismo clave, va a ser imparable.

El PP ha iniciado un camino de difícil retorno que pivota a partir de tres premisas: el control de la calle, la justicia como brazo armado y la tercera, por lo que parece, va a ser atacar con saña instituciones como el TC para desacreditarlas

Insistir en la vía de que el PP podría plantearse dejar de recurrir al TC, ya que el descrédito en que, según los conservadores, está cayendo la institución es histórico, le acerca a discursos de otras latitudes en que las instituciones solo son importantes si las tengo bajo mi tutela. El PP ha iniciado un camino de difícil retorno que pivota a partir de tres premisas: el control de la calle, imponiendo un ritmo de manifestaciones para tener movilizado a todo su votante contra el independentismo y señalando a Pedro Sánchez como el facilitador de la transformación hacia un estado en el que las concesiones para continuar en el poder están a la orden del día. La justicia como brazo armado que suple al gobierno en la defensa de la unidad de España y en la persecución de los independentistas. Y la tercera senda, por lo que parece, va a ser atacar con saña instituciones como el TC para desacreditarlas.

A lo mejor sí que el futuro PP habrá engullido a Vox, pero, por el camino, habrá quemado sus posibilidades de alcanzar acuerdos con nadie, ya que será visto como un peligro para la democracia.