Con 24 horas de diferencia, las investigaciones judiciales del hermano del presidente Pedro Sánchez y de su mujer han experimentado un salto procesal significativo a peor. En ambos casos, los magistrados que tienen a su cargo la investigación han tomado decisiones que van a acabar con David Sánchez y Begoña Gómez en el banco de los acusados. Es más, en el caso de David Sánchez, la Audiencia de Badajoz ya ha avalado a la jueza que lo investiga desde hace meses, por su contratación en la Diputación de Badajoz (y la posterior modificación de su puesto), que el hermano del presidente del Gobierno irá a juicio por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Este miércoles, festivo en Barcelona, la Mercè, y laborable en Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, que hace un año y medio investiga a Begoña Gómez, ha dado un paso casi definitivo y acerca a la esposa de Pedro Sánchez al banquillo de los acusados. Concretamente, le ha comunicado que el juicio de la pieza en la que está investigada por malversación por la contratación de su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, sería ante un jurado popular. 

El juez Peinado ha decidido citar a los tres investigados —Begoña Gómez, la asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín— el próximo sábado, 27 de septiembre, a las seis de la tarde para notificárselo. El magistrado sospecha que Cristina Álvarez habría aprovechado su cargo institucional como asesora de la esposa del presidente español (una figura habitual) para hacer gestiones a favor de los intereses personales y profesionales de Begoña Gómez. Los que defendían que el caso de la esposa del presidente iba a acabar en nada y difícilmente iría a juicio, tienen ahora un problema, ya que lo que ellos sostenían es una posibilidad muy remota. El hecho de que sea con un jurado popular es un factor contrario añadido. Y el hecho de que se lleve a cabo en Madrid, donde reside y cuya composición sociológica y electoral es la que es, un factor negativo para el matrimonio Sánchez. Si a ello se añade el deterioro del prestigio de la política y el palpable deterioro de la imagen del presidente del Gobierno en la capital de España, el cóctel de un juicio con jurado popular es explosivo.

Pedro Sánchez necesitará mucho más que un manual de resistencia para superar los casos judiciales de su familia y los que rodean a su partido

En un mundo informativo en el que suceden tantas cosas, en tantos sitios y su impacto tiene tan poca duración, es, en parte, comprensible que no se dé la importancia que tiene al hecho de que el presidente del Gobierno tenga a su hermano y a su mujer en procedimientos judiciales a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por prevaricación y tráfico de influencias, David Sánchez, y malversación, Begoña Gómez. En España no hay precedentes ni de un inquilino consorte de la Moncloa en esta situación en tantas décadas de democracia. Pero es que tampoco los hay de un hermano, si es que no vamos al caso de Juan Guerra, el hermano de Alfonso Guerra, cuando era vicepresidente del Gobierno con Felipe González. Juan Guerra fue contratado por el PSOE para trabajar en un despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía en calidad de asistente de su hermano, aunque el despacho era utilizado para actividades diferentes a las asignadas. Tuvo siete juicios por los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y fraude fiscal y solo fue declarado culpable del último de los delitos.

Las posibilidades estadísticas de que en 24 horas haya noticias en los dos casos, teniendo en cuenta que hay 5.400 juzgados, son realmente pocas. Prácticamente nulas, pero actualmente en España nada es imposible. Incluso hacer el pleno. Que todo ello pase tres días después de que la jueza envíe al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al banquillo por el caso del fraude fiscal. El empresario Alberto González Amador está acusado de defraudar 350.951 euros y de utilizar una red de facturas falsas. Pero eso del novio de Ayuso fue el lunes y ya casi nadie se acuerda cuarenta y ocho horas después. El relato va directamente a la Moncloa, donde Pedro Sánchez necesitará mucho más que un manual de resistencia para superar los casos judiciales de su familia y los que rodean a su partido, el PSOE, con Santos Cerdán en prisión y el exministro Ábalos en una difícil situación procesal. Y, por en medio, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que será juzgado en noviembre, presumiblemente.